El Estado Libre Asociado (ELA) tiene opciones limitadas para lidiar con la deuda pública de $73,000 millones, que incluyen $9,000 millones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a bonistas y bancos, ante la inconstitucionalidad de la llamada “quiebra criolla” declarada por el juez federal Francisco Besosa.
Abogados especialistas en la Constitución y con conocimiento en quiebras analizaron para EL VOCERO al menos dos opciones que consideran viables para el Gobierno, en momentos en que ya negocia con los bonistas de la AEE bajo las disposiciones de la Ley para el Cumplimiento de las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas. También surge cuando se acerca la fecha en que la AEE debe pagar los pagos pendientes a bonistas y acreedores, que fueron retrasados en agosto del año pasado, hasta marzo de 2015.
El exgobernador Luis Fortuño, así como el presidente de la Asociación de Abogados, Héctor Ramos, coincidieron -por separado-, en que el Gobierno debe impulsar el proyecto de ley que presentó el comisionado residente Pedro Pierluisi, que persigue que se le otorgue a Puerto Rico la facultad de reestructurar el pago de sus deudas al amparo del Capítulo 9 del Código de Quiebras federal.
“La alternativa desde el punto de vista legal es que la legislación que Pierluisi ha estado trabajando sea aprobada en el Congreso. La mejor alternativa era controlar el gasto y no permitir que bajara el crédito, pero el proyecto de Pierluisi es la mejor alternativa dado a las circunstancias actuales”, aseveró Fortuño, quien calificó la decisión de Besosa como “muy bien razonada” desde el punto de vista de ‘campo ocupado’.
De igual forma, el pasado gobernador, enfatizó que el proceso de aprobación de legislación a nivel federal, toma tiempo y es complejo, y que aunque se logren aplazar los pagos, el crédito se afectará.
“El gobernador de Puerto Rico tiene muy pocas opciones que no sea que haga causa común con el comisionado residente para que el proyecto incluyendo a Puerto Rico en el Capítulo 9 prospere para que el presidente lo firme con ligereza, el reloj está corriendo”, igualmente afirmó Ramos.
Todavía está en veremos si se validará el acuerdo entre el Gobierno y la AEE de retrasar los pagos y continuar el plan de reestructuración, como consecuencia de la decisión judicial, que ya el Gobierno anunció apelará.
Según Ramos, otra opción que tiene el Gobierno es continuar con las negociaciones para la reestructuración que inició con la AEE, aunque reconoció la dificultad de ejecutar esta estrategia sin un marco jurídico, de no prosperar la apelación.
“Se puede negociar con los acreedores, que son miles. Es una cosa sumamente difícil y cada uno tiene sus intereses. Todos tienen de estar de acuerdo con la reestructuración que el gobierno ofrezca para repagar la deuda”, dijo Ramos, quien coincide con el secretario de Justicia, César Miranda, en que Puerto Rico quedó en un “limbo jurídico” con la decisión que se dio a conocer el viernes en la noche.
Asimismo, Fortuño y Ramos estuvieron de acuerdo en que el gobierno debió haber buscado la forma en cómo reducir el gasto público para no caer en esta situación de la alta deuda pública, que se agrava con la imposibilidad del Banco Gubernamental de Fomento de sostenerlas a través del financiamiento temporero.
De otra parte, el abogado y analista Carlos Díaz Olivo opinó que la estrategia de apelar la determinación de Besosa, aunque sería cuesta arriba, le ganaría tiempo al Gobierno para continuar en negociaciones con los bonistas de la AEE.
“En lo que se apela, sigue la posibilidad de que sea válida. En lo que se vea en Boston, va a dar espacio para que Puerto Rico pueda negociar”, garantizó Díaz Olivo. Además, a su juicio, aunque la “quiebra criolla” sea inconstitucional siempre se va a tener que negociar. Lo que cambiaría es bajo qué condiciones se ejecuta el acuerdo entre las partes.
Los abogados coincidieron también en que si al final del día se confirma que la Ley 71-2104 es inconstitucional y no se puede emitir los pagos correspondientes, los acreedores pueden demandar a la AEE y lograr que un comité de acreedores la administre y tome las determinaciones de cómo proceder. Ramos lo comparó como una sindicatura.
No obstante, para Díaz Olivo, el panorama de la AEE es aún más complejo debido a que los bienes de la corporación son plantas, y los inversores no se dedican a administrar este tipo de negocio. “Aunque existe esa teoría para ellos no es lo más deseable… los bienes (de la AEE) son operacionales de una planta eléctrica. En otras palabras estaremos casi muerto ante un acreedor, pero muertos tampoco le servimos”, puntualizó
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