EL VOCERO/Archivo

La corrupción se riega como el moriviví, carcomiendo nuestra democracia en las tres Ramas del Poder.  Cuando lo pisoteas, aparenta morir. Al rato revive y se despliega en todo su esplendor, burlándose cínicamente como si con el no fuera la cosa. Se amolda y transforma cambiando su rostro acorde con el terreno, por áspero que sea.  Corruptos(as) inescrupulosos(as) se cuelan como sabandijas entre las grietas, menospreciando la capacidad del prójimo en detectar su camuflaje que socava los pilares sacrosantos de la democracia.  La corrupción sí tiene nombre y apellido.  El reto es saber identificar su identidad, trazar su trayectoria para evidenciarla; no importa el disfraz de respetabilidad.

Finalmente se resquebrajó la muralla discursiva que protegía a quienes se pensaban intocables como bastión de lo infalible.  La desconfianza en la Rama Judicial discurre a borbotones incontenibles.  La reciente convicción en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico del primer juez, Manuel Acevedo Hernández, que vendió su conciencia a un mequetrefe destapó la caja de Pandora (Caso Criminal 14-380). El reto de procesamiento criminal requirió evidenciar la cuantía de dinero que se le pagó y los mecanismos para realizarlos; ya fuese pagándole deudas en el Departamento de Hacienda, arreglos de construcción en el hogar, compra de regalos como prendas, vehículos de motor, y la joya de la corona, la promesa de ser nombrado como juez del Tribunal Apelativo, entre otros. No obstante, queda pendiente un examen minucioso de las tácticas utilizadas, ya sea en este u otros casos para lograr que el registro de un Tribunal se altere de forma fraudulenta, distorsionando la “verdad” de los hechos. El abanico de posibles tácticas para usurpar la redacción de documentos a ser considerados, incluyendo las resoluciones y sentencias a ser firmadas a ciegas por el Tribunal, se pone al relieve.  Los protagonistas de estas conspiraciones pueden ser múltiples, incluyendo a los representantes legales, poniendo a la raya su título y su libertad, cuando caminan por el filo por la falta de ética de la navaja criminal.

Ya no se trata de la capacidad del Ejecutivo en designar a personas probas a la judicatura; ni el intercambio de favores entre senadores(as) y futuros jueces; ni el gasto extravagante e innecesario en los templos que cobijan el quehacer sagrado de impartir justicia. El fiel cumplimiento con un trámite procesal prístino no puede dar cabida para prácticas ilícitas, ni grisáceas al margen de nuestros derechos constitucionales, las reglas de procedimiento y la jurisprudencia aplicable que socaven la responsabilidad jurídica del Tribunal como vigías de la democracia.  La imparcialidad debe regir la subjetividad de un juez(a) para permitirle escuchar, ya sea en sala abierta o mediante escritos públicos, el debate entre las partes. Al resolver las controversias aplicando el derecho, no puede abdicar de su función jurídica entregándole por debajo de la mesa la redacción de sus resoluciones o sentencias a una de las partes.  No solamente se abren las compuertas a la deshonestidad intelectual, sino al intercambio de favores ilícitos que socava el principio elemental democrático de que los procesos se ventilan ante el escrutinio público para que su resolución se ajuste a los hechos probados, a partir del quantum de la prueba requerida.

La Rama Judicial llamada a velar celosamente por el debido proceso de ley, debe garantizar escuchar las partes en equidad de condiciones. Todas las cartas tienen que estar por encima de la mesa del estrado. La transparencia es el antídoto contra la secretividad que se torna terreno fértil para la corrupción judicial. La asepsia de la pulcritud emana de la integridad de las partes bajo la lupa de trámites en que se rinde cuentas públicamente.  No solamente, las salas del Tribunal hay que mantenerlas abiertas al público, sino que el registro de sus procesos son documentados, ya sea mediante la grabación en sala abierta y los expedientes públicos de los casos.  Cualquier intento de pasar por debajo de la mesa, a espaldas de una de las partes (ex -parte), cómo se falsea o distorsiona el registro del caso, no solamente violenta la médula del proceso de adjudicación judicial imparcial.  Sirve de antesala para la corrupción de nuestras instituciones democráticas al servicio de intereses mezquinos y malsanos en que la dignidad del prójimo no se respeta.  El peligro mayor es que dicha práctica abre las compuertas al abuso del poder y al terror para subyugar al prójimo demoliéndose la democracia.  ¡Quien aplica la ley, no puede caer en la trampa!

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