Alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. EL VOCERO/Archivo

Los alcaldes populares de los municipios de San Juan, Carolina y Caguas, se expresaron en contra del propuesta del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que anunció ayer el gobernador Alejandro García Padilla, y de la posible eliminación del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) municipal.

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, sostuvo que el IVA será negativo, tanto para ese municipio como para el resto del país, al plantear que serían más difíciles de costear servicios como la educación privada, el cuido de niños y los artículos médicos.

“Nadie puede creer que pagar un 17% de IVA es mejor que un 7% de IVU. El hecho de que se dé un reembolso es un reconocimiento de que lo que va a salir del bolsillo del contribuyente es más de lo que va a tener”, expresó Yulín Cruz a través de declaraciones escritas en referencia al anunciado 16 por ciento, sumado al uno por ciento municipal.

Por su parte, el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte, con quien Cruz coincidió, advirtió que este cambio en el sistema contributivo provocará efectos muy adversos como una alta inflación, el empobrecimiento de la población, reducción en el consumo, cierre de negocios y una masiva pérdida de empleos.

“La imposición de un IVA de 17 por ciento rebotará pesadamente en nuestros municipios porque no disponemos de los recursos suficientes para ayudar a contrarrestar el impacto negativo que tendrá en las personas más pobres. Si ahora la mayoría de los puertorriqueños tiene que hacer malabares para apenas cubrir las necesidades básicas, qué será cuando el costo de vida se dispare el triple o más de lo que pagamos hoy”, afirmó el ejecutivo municipal carolinense.

También Aponte hizo hincapié en el hecho de que los pequeños y medianos negocios tendrán que hacer grandes inversiones en tecnología para cumplir con el cobro del IVA, lo que a su juicio se traducirá en un encarecimiento del producto, una baja en el consumo, despidos a granel y el eventual cierre de empresas.

Como una alternativa, Aponte favorece mantener el IVU y que los municipios lo cobren en su totalidad dada su capacidad de captación mayor en comparación a la capacidad de captación que tiene el Departamento de Hacienda.

En esa misma línea, el alcalde de Caguas, Willliam Miranda Torres, aseguró que “los municipios mantenemos una capacidad de captación mayor al Departamento de Hacienda y eso se traduce en más y mejores servicios a la ciudadanía”.

“Imponer una carga adicional a la gente no puede ser la solución. El gobierno central ha sido incapaz de fiscalizar adecuadamente el IVU y ahora se propone sacar de la ecuación a los municipios que sí han sido efectivos en la captación de este impuesto”, puntualizó Miranda Torres, quien recalcó que bajo la incumbencia de su fenecido padre, William Miranda Torres, Caguas fue el primer municipio en imponer un impuesto municipal.

El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, radicó por segunda ocasión una legislación federal con el fin de que Puerto Rico tenga la posibilidad de acogerse al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras para reestructurar el pago de las deudas de instrumentalidades públicas.

El proyecto que lleva como título “Ley de Uniformidad del Capítulo 9 de Puerto Rico” se da en momentos en que el juez federal Francisco Besosa declaró inconstitucional la llamada ‘quiebra criolla’ y el gobierno anunció que apelará la decisión en el Primer Circuito de Apelaciones de Boston.

“A raíz de la decisión del Tribunal de Distrito, está más claro que nunca que el Congreso debe actuar con la mayor rapidez posible para enmendar el Código de Quiebras federal con el propósito de facultar al Gobierno de Puerto Rico a autorizar a sus corporaciones públicas insolventes a reestructurar sus deudas bajo la protección del Capítulo 9. Si el Congreso no actúa, las corporaciones públicas de Puerto Rico quedarán sin marco legal alguno—a nivel federal o territorial—para ajustar sus deudas”, dijo Pierluisi, quien buscará que la Comisión de lo Jurídico de la Cámara federal, de la cual es miembro, celebre una vista sobre el proyecto a la mayor brevedad posible.

Bajo el Capítulo 9 del Código de Quiebras federal, los gobiernos estatales pueden autorizar sus instrumentalidades públicas a acogerse a la ley federal. Sin embargo, Puerto Rico fue excluido del término “estado” para propósitos del Capítulo 9, por lo que el gobierno de Puerto Rico no tiene la potestad para autorizar a sus corporaciones públicas a solicitar esa protección provista por la ley federal.

Según Pierluisi, el proyecto cuenta con el apoyo de la gran mayoría de las partes interesadas en la comunidad inversora. Fitch Ratings, una de las agencias acreditadoras, ha expresado que la aprobación de este proyecto “sería un desarrollo positivo e importante para Puerto Rico y para los tenedores de bonos de sus utilidades e instrumentalidades públicas”. Fitch también puntualizó que el proyecto simplemente “colocaría a Puerto Rico en igualdad de condiciones con los 50 estados, que actualmente pueden utilizar el Capítulo 9 para sus instrumentalidades”