El alivio ante la regresividad por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) parece quedar en entredicho en el proyecto del Ejecutivo, y más bien se presenta como un cheque en blanco para que sea el secretario de Hacienda quien lo maneje 90 días después que se convierta en ley la controvertible medida.
El hallazgo sorprendió al director de Política Pública del Centro para la Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach, quien dijo entender que el proyecto del gobernador Alejandro García Padilla ofrecería alivios concretos para las clases económicas más necesitadas, como lo prometió en su mensaje al país.
“No incluye ningún alivio para las personas pobres. El gobernador no fue totalmente honesto y el proyecto es totalmente diferente”, opinó Marxuach, con evidente decepción.
Será el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, quien decidirá todos los parámetros de elegibilidad, la manera en que se hará el pago, cuándo y dónde. Además, las personas tendrán que solicitarlo para cualificar.
Al respecto, Marxuach dijo que los estudios ya han confirmado en muchas instancias que cuando las pers
onas tienen que solicitar dicho “beneficio”, no todos lo hacen, lo cual “limita de una manera significativa su efectividad y esto es un elemento clave para que la reforma sea justa para los que tienen menos”.
“Están legislando a ciegas y el alivio a la regresividad es una parte fundamental de la reforma. Deben dar detalles pronto”, manifestó Marxuach, y añadió que el proyecto del Ejecutivo establece que todo lo que paga IVU hoy al 7% pagara al 16% comenzando el 1 de abril de 2015 como parte de la transición al IVA.
Según el Capítulo 6 sobre Pago para el alivio al consumidor elegible, se establece que el Secretario queda facultado para realizar un pago a los consumidores elegibles “no más tarde del último día de los meses de noviembre, marzo y julio de cada año, comenzando en el mes de noviembre de 2015”.
Entre los criterios que considerará el Secretario están “la edad del consumidor, les exenciones concedidas en este Subtítulo a bienes y servicios; la composición de la unidad familiar, el ingreso del consumidor, disponiéndose que el Secretario establecerá mediante documento oficial las partidas que serán consideradas como ingresos para fines de esta Sección; y los beneficios que recibe el consumidor bajo los Programa de Asistencia Nutricional Federal (PAN) o bajo el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres Embarazadas, Lactantes, Posparto, Infantes y Niños de 1 a 5 años (conocido como WIC por sus siglas en inglés)”.
Sobre cuándo se hará el pago, más adelante el proyecto indica que será cuando el Secretario lo determine, al publicar en un término no mayor de 90 días siguientes a la fecha de aprobación del Código, ya sea un reglamento, determinación administrativa, carta circular o boletín informativo.
En principio, el proyecto identifica al consumidor elegible como todo soltero residente de Puerto Rico y casados con un ingres
o menor al que establezca el Secretario, y el documento de solicitud se emitirá en o antes del 15 de octubre de cada año.
Carlos Antonio Otero, EL VOCERO
Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.
Fuerte ofensiva de alcaldes
Más alcaldes se sumaron a la ola de preocupación ante el panorama de que el 1% que recaudan los municipios del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) será eliminado como parte de la reforma contributiva, y en lugar, el Gobierno central impondrá un Impuesto de Valor Agregado (IVA) de un 16%.
Como se ha planteado, el Departamento de Hacienda recaudará el 16% y un 1% será enviado a la Corporación de Financiamiento Municipal (COFIM), que a su vez lo distribuirá a los municipios.
Las preocupaciones más latentes entre los alcaldes son cómo funcionaría el recaudo municipal, cómo impactaría el IVA a los comercios y, por ende, las patentes municipales, y que los recaudos estén en manos del Departamento de Hacienda, que a sus juicios ha mostrado ser ineficiente en este asunto.
Los ejecutivos municipales de Bayamón, Guaynabo y Toa Baja se unieron al reclamo que hicieron ayer los alcaldes populares de San Juan, Carmen Yulín Cruz; de Caguas, William Miranda Torres y de Carolina, José Carlos Aponte, en contra de la eliminación del IVU bajo el argumento de que la captación municipal sobrepasa a la del Departamento de Hacienda que está estimada entre 55% a 63%.
De igual forma, los alcaldes reclaman que los servicios esenciales que se ofrecen con la partida de los recaudos se verán afectados tan reciente como este verano y que desconocer el mecanismo que se utilizará para pagar el 1% crea incertidumbre sobre la estabilidad económica de los pueblos.
“Pasé de preocupación a bien asustado, porque el problema es que esto puede ocasionar un efecto negativo en los municipios, en los pequeños y medianos comerciantes, en restaurantes que no pueden soportar un 16 de IVA. Si no tienen ingresos se pueden perder hasta los beneficios y los recursos de las patentes municipales”, exclamó el alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, quien garantiza que con la eliminación del IVU municipal, el pueblo recibiría $12.5 millones menos anualmente que utiliza en para seguridad, cuidado de envejecientes y en el recogido de desperdicios sólidos.
Para O’Neill, el impuesto a los municipios fue eliminado porque estos no tendrán derecho de recaudarlos. “El problema es que no toco un centavo, pierdo la efectividad económica del municipio y se la pongo en las manos a Hacienda que ha sido ineficiente en el IVU”, dijo en momentos en que recalcó que en su municipio la captación municipal era de 93%. Atribuyó la alta captación a conocer a los comerciantes y a la labor de los recaudadores que día a día salen a las calles a cobrar el dinero.
El presidente de la Federación de Alcaldes señaló de otra parte que tan pronto como el 31 de julio tiene que ajustar el presupuesto ante la imposición del IVA, y proyectar con las “realidades” económicas que se podría enfrentar. “Al 31 de julio tengo que entonces buscar alternativas económicas para financiar los centro de envejecientes”, aseguró, ya que los otros servicios son de mayor relevancia. Guaynabo atiende a 1,500 envejecientes en nueve centros municipales.
Igualmente, especificó que se realiza un estudio para analizar a fondo los efectos negativos del IVA en los municipios. Una opción viable para el líder de la Palma es que los alcaldes puedan cobrar el IVU municipal y que el gobierno central recude el IVA, que estos coexistan.
De otra parte, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, está preocupado por la poca información que está disponible para los alcaldes y debido a la longitud del proyecto radicado el miércoles, que sobrepasa las mil páginas, todavía no hay un panorama claro sobre las implicaciones de la Ley de Transformación al Sistema Contributivo. También siente recelo porque el proyecto que se presentó no cuenta con el apoyo de un plan de desarrollo económico.
“Mi preocupación es cómo va a afectar el IVA de un 16%. Cómo va a afectar las ventas, cómo va a afectar la manera de operar negocios. Si hay cierre de negocios, hay merma de patentes municipales”, destacó el alcalde bayamonés, al coincidir con los alcaldes de los pueblos de San Juan, Carolina y Caguas, sobre la incertidumbre que ocasiona no conocer aún que ocurrirá al COFIM recibir los recaudos. Cuestionó si se enviarían mensualmente, porque de no ser así causaría un problema de flujo de caja “proporcional” y qué garantías hay del recibo del recaudo.
“Son muchas las preguntas y dudas que hay y como no hay confianza en el Departamento de Hacienda entiendo por qué los alcaldes están preocupados”, dijo al advertir que los servicios básicos de la ciudadanía se verían afectados
En el caso de Bayamón, el IVU municipal se comenzó a cobrar desde agosto, y adelantó que anualmente recogería de $18 a $20 millones anuales. La llamada ‘Ciudad del Chicharrón’ utiliza esos fondos para el gasto de infraestructura, que incluye el mantenimiento de carreteras, el recogido de basura y el programa de reciclaje, entre otros. “Ahora de momento, si desaparece (los fondos) los municipios tenemos que ponernos creativos, buscar cómo dar esos servicios”, reconoció.
Asimismo, opinó que establecer este tipo de impuesto en momentos de estrechez económica podría achicar aún más la economía. “Pudiera tener un efecto inflacionario muy grande y en este momento no puede ser que (los comercios y los consumidores) no puedan con el empuje. La medicina puede ser más amarga que la enfermedad”, advirtió el ejecutivo municipal.
El alcalde de Toa Baja, Aníbal Vega Borges, dijo por su parte, que la captación del 1% municipal del IVU es de “sesentaipico a 70%”, y recauda casi medio millón de dólares al mes. Vega Borges detalló que el recaudo de este impuesto es utilizado para el recogido de escombros, seguridad, asuntos relacionados a escuelas, mantenimiento de carreteras y reclutamiento de ama de llaves.
“El Gobierno debe dejar que los municipios cobren su IVU municipal. Es la filosofía que entendemos porque ese dinero el municipio lo cobra. Si lo dejamos en manos del Gobierno central no tenemos garantía de que llegue”, aseguró el ejecutivo municipal, quien dijo que si se recauda de esta manera podría servir para “chantaje político”.
También advirtió que durante los meses de febrero a marzo el gobierno tiene “problemas de caja”, lo que pondría en una situación inestable a los municipios de no emitirse ese recaudo.
Además, afirmó que esta acción atenta contra la autonomía municipal. Anticipó que cuando “un Gobierno quiera enmendar una ley de reformas contributivas, si no lo respalda esos ingresos se van a ver perjudicados los que no están recaudando”.
“Yo apoyo, primero que se quede el IVU del 1% y que funcione el IVA aparte. El proyecto elimina el IVU y deja el IVA y del IVA el uno por ciento al fondo de COFIM. Ahí es que le enviarían dinero a municipio, pero no dicen cómo, qué ocurre cuando no tenga dinero”, coincidió al enfatizar que los municipios han sido muchos más efectivos en la captación. Esta declaración se suma al planteamiento del alcalde de Guaynabo y el de Carolina.
Calificó la medida del Ejecutivo como “un proyecto malo, es un engaño que el gobernador diga que es una reforma contributiva para el pueblo. No hay manera que un 16% va a ser menos que el 7%”.
Dijo que ya había dialogado con la senadora Migdalia Padilla y el representante Julio ‘Pellé’ Santiago para votarle en contra al proyecto.
Con el IVA, el Departamento de Hacienda proyecta recaudar $2,500 millones adicionales al fondo general.
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