Si Puerto Rico finalmente no logra pagar su deuda, como han anticipado varios economistas y analistas del mercado financiero, así como las casas acreditadoras, provocaría la pérdida de riquezas en el país y en el valor de los principales bienes y activos de las personas.
En ese sentido, el economista y profesor Elías Gutiérrez, para quien el pronunciamiento de la agencia crediticia Standard & Poor’s lo que significa es que los intereses de los préstamos, es decir, del precio del capital, se incrementarían. Que será más difícil financiar cualquier transacción, en momentos donde el Gobierno depende del financiamiento de sus acciones. Enfatizó que el impago está muy cerca, adjudicándolo principalmente a la lucha política que existe en la Isla. “La legislatura perdió dos meses antes de radicar la emisión de bonos para poder proveerle liquidez al Banco Gubernamental de Fomento. Ahora es posible que le cueste mucho más caro y difícil hacerlo, y que solo logren un capital inferior, y en el peor de los casos, simplemente no poder acceder los mercados, lo que provocaría que el gobierno se quede sin banco. Se verán en la obligación de operar de quincena en quincena”.
Explicó que el impago no representa el que finalmente se deje de pagar sin consecuencias. “Si no se paga con lo que se produce, y que posteriormente genera ingresos, entonces tienen que pagar con otras riquezas. Tendrían que empeñar el Morro, vender a Culebra o Desecheo. Tenemos unos compromisos que hay que cumplir. El que pensaba que el no poder pagar no tiene efecto está equivocado. De alguna manera hay que cumplir con el compromiso contraído”.
En tanto, el economista Jaime Benson aseguró que si Puerto Rico llega a caer en impago se incrementará el despido de empleados públicos, habría un recorte en los beneficios sociales, en los beneficios de retiro, pérdida de hogar y hasta hambre. “Estamos hablando hasta de la posibilidad de no poder sacar del banco su propio dinero como sucedió en Grecia y Argentina. Sería devastador para la Isla, ya que la depreciación de todos nuestros activos incrementará, se afecta la calidad de vida, seremos mucho más pobres, aumentará el desempleo, incrementarán los impuestos, empeorará la calidad de servicios públicos. Esta situación afectaría dramáticamente la vida de todos. Es una desestabilidad total”.Aseguró que la desestabilización política ya se está viendo con los continuos anuncios de los diversos portavoces de los partidos. Sostuvo, que el reciente mensaje de un posible aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, donde aseguró que si cambiaba la administración revertiría lo que legisle la administración actual, lo que llevó fue un mensaje errado al mercado de que lo que garantiza el repago de la deuda puede cambiar una vez cambia la administración. Esto inyecta mayor incertidumbre en los mercados en detrimento del país. Justamente ha sido la política interna lo que produjo esa degradación”.
Benson no descarta tampoco una desestabilización política, ya que ante una crisis tan severa y seria existe la vulnerabilidad para caer en una crisis de legitimidad de los partidos políticos tradicionales. “Espero que no tengamos que llegar a eso, porque sería peor a lo que hoy estamos experimentando. Se trata de unas consecuencias serias para nosotros y las generaciones futuras”.
Explicó que la degradación reciente, y la cual no descarta será la acción que tomarán las restantes casas acreditadoras, implica que el gobierno tiene menor acceso a los mercados de crédito y de poder acceder a éstos le costará mucho más, ya que los intereses serán altísimos, haciendo más oneroso el repago. “Esto implica que los servicios públicos se verán afectados, se incrementarán los impuestos, aumenta la probabilidad de despidos públicos y privados y el cierre de muchos negocios, principalmente los Pymes”.
Mientras, el economista Carlos Colón de Armas entiende que la degradación tiene su efecto en los servicios, en las inversiones de los bancos y cooperativas, lo que dificulta el crédito e incrementa los intereses; las inversiones de los pensionados valen menos. Esto pudiese reducir esas inversiones; el poder adquisitivo se reduce, habrá menos negocios y un mayor desempleo. “Esto no se da de un día para otro. Entiendo que si los números que ofrece el gobierno en torno a la realidad económica del país son reales, los mismos no sugieren que la Isla esté cerca del impago. Entiendo que el gobierno lo que quiere es llevar miedo al pueblo para que le aprueben todas sus propuestas. Según los números del gobierno, el servicio de la deuda para este año alcanza el 17% del presupuesto, lo que no es una situación que nos acerque al impago”.
Las reacciones ocurren en momentos en que el gobierno se apresta a implantar una nueva reforma contributiva y en el contexto de futuras degradaciones por parte de otras casas acreditadoras. El pasado jueves Standard & Poor’s Ratings Services degradó la deuda de las Obligaciones Generales (GO’s) tres niveles, de “BB” a “B”, cinco niveles por debajo de grado de inversión, con perspectiva negativa. También degradó las clasificaciones de la Corporación para el Fondo de Interés Apremiante (Cofina), la Agencia de Financiamiento Municipal de Puerto Rico (AFM), el Sistema de Retiro, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y la Autoridad del Distrito de Convenciones. Mantuvo sin cambios la clasificación de la deuda de la Autoridad de Carreteras (“B”). La perspectiva, en todos los casos, es negativa, lo que representa la posibilidad de otra degradación. A su vez advirtió que al comparar la situación actual de la Isla con otras jurisdicciones, estaría el riesgo de la inestabilidad política del país.
Dicha degradación la adjudicó a los riesgos de liquidez a corto plazo, a la propuesta de sustituir un Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) de 7% por un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de 16%; y a la decisión del Tribunal Federal, que el pasado 6 de febrero, declaró inconstitucional la ley de quiebra de las corporaciones públicas, a la vez que no descarta la imposibilidad del gobierno de acceder los mercados.
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