Luego de varias semanas de escamotear información, de incertidumbre y especulaciones respecto al contenido de la llamada reforma contributiva, el pasado martes el gobernador AGP le ofreció al pueblo un mensaje superficial sin proveer información respecto a cómo se llevaría a cabo dicha reforma más allá de indicar que los individuos o matrimonios que ganan menos de $40,000 o $80,000 al año respectivamente no tendrían que rendir planillas de contribución sobre ingresos. Señaló que implantará un IVA que graba en 16% todos los servicios y bienes de consumo en sustitución del IVU y que eliminaba la Patente Nacional que él mismo había instituido un año antes. En una situación de contracción económica como la que por una década estamos experimentando, los economistas serios e independientes consideran que este es el peor momento para implantar una medida de esta naturaleza que amenaza llevar a la quiebra a un gran número de pequeños comercios, servicios profesionales y a paralizar aún más el desarrollo económico. Una medida -que esos mismos economistas han señalado- que sin una reestructuración total del gobierno que lo achique considerablemente, más bien parece tener la intención de sacarle a la ciudadanía de su bolsillo alrededor de $2 billones adicionales para el uso politiquero de comprar votos en la campaña eleccionaria que se avecina. Una medida para la cual los mismos funcionarios del Departamento de Hacienda han testificado que no están preparados con los sistemas y recursos para implantarla por lo que requeriría invertir grandes cantidades de dinero y no menos de 18 a 24 meses para tratar de ponerla en vigor.
La tónica del mensaje pretendió – de forma subliminal- demonizar a los que tienen algo y presentarlos de frente contra los que menos tienen. Fue un llamado solapado a la lucha de clases. En ese sentido nos pareció escuchar un mensaje populista de talante socialista enunciado por un Hugo Chávez. Cerró el mensaje con la sarta de mentiras que constantemente nos endilga de que estamos viendo resultados positivos en la economía cuando el Índice de Actividad Económica nos señala lo contrario, pues ha estado en caída libre en terreno negativo por los pasados 25 meses. Pero lo que botó la pelota fue el insulto y ofensa gratuita a los médicos, ingenieros, abogados y otros profesionales acusándonos de ser evasores contributivos. Los profesionales de Puerto Rico hemos sido los que perteneciendo en su inmensa mayoría a la clase media, hemos cargado con la mayor parte de la responsabilidad de contribuir al erario público en forma desproporcionada a la vez que hemos cargado por décadas con la responsabilidad de contribuir al desarrollo de la isla. Ante esta acusación de evasores contributivos aplica el dicho popular de “siempre habla quien menos puede”. Veamos:
Durante la campana eleccionaria del 2012 surgió el asunto de la planilla de contribuciones de AGP del 2001. Alejandro se casó el 7 de abril de 2001. Él y su esposa rindieron planilla de contribuciones por separado en la planilla del 2001. Según el propio García Padilla expresara en entrevista en otro periódico, rindieron planillas de ese modo porque estaban separados ya que tuvieron una serie de problemas como la pérdida de un embarazo por parte de la esposa, el diagnóstico de cáncer terminal de la madre de su esposa… interioridades muy sensitivas que él no tenía por qué traer a la luz pública… pero lo hizo para que por pena no se le cuestionara la siguiente irregularidad y conducta. Para poder rendir planilla de contribución por separado, de acuerdo a los requisitos vigentes en el 2001 ellos tenían que haber estado separados por 183 días de manera ininterrumpida. Para eso ser cierto, Alejandro y su esposa debían haberse separado desde el 2 de julio, apenas tres meses después de haberse casado. Solamente hay dos explicaciones racionales para esta situación: O Alejandro se separó de su esposa abandonándola en medio de una crisis familiar, o no es cierto lo de la separación y fue un truco para evitar una responsabilidad contributiva de $29,370 si rendía la planilla junto a su esposa. Ambas opciones denotan grandes fallas de carácter rayando en insensibilidad y cobardía en el primer caso y en el segundo caso la disposición para la comisión de ilegalidad evadiendo su responsabilidad contributiva desviando $9,300 del fisco. ¡Prohibido olvidar!
La reforma propuesta al pasar por la Legislatura augura convertirse en un Frankenstein que estimulará aún más la actual emigración.
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