A pesar de las investigaciones federales en curso y las investigaciones internas que hace la Autoridad de los Puertos (AP), que habrían confirmado la manipulación del concreto que se debió utilizar en la pista del aeropuerto Rafael Hernández, en Aguadilla, el gobierno mantiene contratos millonarios con las empresas cuestionadas y que también están bajo la mira de la fiscalía.
La subasta le fue adjudicada a la empresa Comas & Comas, que supuestamente suplió el asfalto líquido utilizado un pavimento asfáltico que era diferente al estipulado en la subasta. Mientras, Robles Asphalt -con sede en Ponce- y cuyos dueños son Raúl Robles y Francisco Robles, fue la empresa que suplió el pavimento asfáltico y que, a su vez, adquirió el asfalto líquido de BTB Asphalt Corp., empresa importadora del producto, cuyo gerente general y socio capitalista es Juan Vázquez. Esta última garantizó el mismo a sabiendas de que no era el material que requirió la subasta, ya que el mismo no se manufacturaba en la Isla y tampoco se podía importar.
La investigación
En diciembre del año pasado, EL VOCERO reveló que el gobierno federal llevaba casi un año investigando un posible fraude en la otorgación de la subasta para la rehabilitación de varias partes de la pista del mencionado aeropuerto, destapando irregularidades en varias agencias gubernamentales. La investigación inició desde el pasado 19 de marzo en la Oficina del Inspector General del Departamento de Transportación de Estados Unidos, a cargo del agente Jorge L. Tocuyo, tras una querella radicada ante la Agencia Federal de Aviación (FAA).
En el caso de Puertos, se inició una auditoría interna hace alrededor de dos años para investigar el alegado fraude relacionado con la subasta para la rehabilitación de la pista A y conectores C&D (Taxiway A & Connectors C & D) del aeropuerto. Según fuentes de EL VOCERO, en efecto, se confirmó que se utilizó un concreto que no cumplió con las especificaciones de la Agencia Federal de Aviación (FAA).
Según información suministrada a EL VOCERO, la Autoridad de Puertos culminó su investigación en mayo de 2014, y los resultados coincidieron con los hallazgos de la empresa privada Betteroads Asphalt Corp./Betterecycling Corp. Esta empresa tomó una muestra del asfalto y lo envió al laboratorio PRI, en Tampa, y como resultado obtuvo que el material utilizado fue PG-64-22, los códigos de un producto que está lejos al que Puertos requirió en la subasta (AASHTO M-320, PG 76-20).
La investigación de Puertos fue entregada a las autoridades federales, pero no fue enviada al Contralor ni a Justicia. EL VOCERO solicitó el documento a Puertos, pero no se hizo disponible.
A través de su director de comunicaciones, Efraín Santiago, la corporación pública expresó que “la Autoridad de los Puertos refirió este asunto para investigación por recomendación de sus auditores internos a la Oficina de Inspector General del Departamento de Transportación Federal, a través del Federal Aviation Administration (FAA). A esos efectos, y habiendo descargado nuestra responsabilidad, nuestra posición es esperar al resultado de dicha investigación federal”.
Se indagó con fiscalía federal en torno a la investigación, pero esta entidad se limitó a decir que no negaban ni confirmaban la existencia de una investigación al respecto. En el caso de la Administración de Servicios Generales, Danny Hernández, relacionista público de la agencia explicó que hasta el momento no poseen una determinación final, razón por la cual estas empresas se mantienen vigentes como licitadores del gobierno. Argumento que hasta que no culmine la investigación “no podemos penalizarlos”.
De igual manera, se intentó obtener una reacción por parte de las demás agencias gubernamentales y privadas vinculadas al conflicto, pero las gestiones resultaron infructuosas.
Entre tanto, en Puertos, se contrató a la empresa PIM para tomar la muestra y luego se analizó en más de un laboratorio en Estados Unidos, incluyendo el PRI, uno de los más especializados en la materia.
Gana subasta en DTOP a pesar de…
Mientras la investigación sigue su curso, las empresas vinculadas con el alegado fraude mantienen su autorización como licitadores legales del gobierno, a través de afiliadas, aun cuando la ley provee la facultad para descalificar a empresas en condiciones similares.
Estas corporaciones continúan siendo premiadas por el Gobierno con la otorgación de subastas multimillonarias. Por ejemplo, recientemente se otorgó un contrato por la suma de $9.7 millones en la Autoridad de Carreteras, y otro de $325,000 en Transportación y Obras Públicas, a F&R Asphalt Corporation, afiliada de Robles Asphalt, y cuyos dueños son las mismas personas, según se desprende de sus estados financieros.
Esta empresa, conjuntamente con BTB y Super Asphalt, fueron las mismas que según el empresario Jorge L. Díaz, presidente y CEO de Betteroads Asphalt Corp./Betterecycling Corp., estuvieron vinculadas a un caso de soborno en la Autoridad de Carreteras y Transportación, y que culminó con el arresto del tesorero de la agencia, Silvino Cepeda Ortiz por parte de las autoridades federales. El esquema por el cual el funcionario pidió y aceptó soborno alegadamente involucró a estas tres compañías que regularmente trabajan juntas y que son contratadas con frecuencia por la agencia, según el empresario.
El ejecutivo confirmó que impugnó los proyectos otorgados a esta empresa por la Autoridad de Carreteras y Transportación y Obras Públicas
Asimismo, Díaz aseguró a este rotativo que a pesar que las Leyes 458 y 84 imposibilitan a cualquier suplidor realizar negocios con el Gobierno si se encuentra bajo investigación o fue procesado legalmente, aunque no haya convicción, la Administración de Servicios Generales (ASG) no los excluye del listado del Registro Único de Licitadores. Ese registro lo utilizan las agencias gubernamentales para permitirle a los suplidores acudir a las subastas.
Igualmente, las leyes prohíben que empresas bajo investigación utilicen “alter ego” para participar de las subastas. Aunque la ASG posee conocimiento de ello, supuestamente no ha culminado su investigación sobre la legalidad de que las mencionadas empresas puedan permanecer como licitantes, a pesar de que el término provisto por la misma agencia para que las partes expongan sus posiciones ya venció.
Según documentos en posesión de EL VOCERO, las empresas señaladas utilizan a otras compañías para mantener sus negocios con el gobierno. New Asphalt Solution es propiedad de Federico Stubbe y Héctor Nevárez (socios capitalistas), quienes a su vez son propietarios del 91.6% de las acciones de BTB Asphalt. Mientras, F&R Asphalt Corporation es propiedad de Raúl Robles y Francisco Robles, dueños de Robles Asphalt Corp.
Una fuente vinculada al proceso legal aseguró a este rotativo que los vinculados al fraude están en proceso de negociación y no se descarta que acepten responsabilidad en el caso. De ser así, tendrán que restituir el dinero invertido en la obra, remover el asfalto instalado, y no podrán hacer negocios con el gobierno por un término de entre 10 a 20 años. Aunque la ley estipula que se triplique el pago de lo invertido a la parte afectada, la fuente aceptó que regularmente se obvia este señalamiento legal.
Para el aeropuerto, de probarse el fraude, conllevaría la remoción del asfalto y realizar otra subasta para ejecutar nuevamente la obra. Actualmente, en Puerto Rico solo Betteroads Asphalt Corp. tiene la maquinaria disponible para realizar ese trabajo, pero al momento de la subasta inicial no la tenía, y por esa razón, no figuró como licitador.
Díaz explicó que en Puerto Rico siempre se ha utilizado el producto con el código PG 64-22 y para modificarlo al solicitado PG 76-20, tiene que ser producido por manufactureros o refinerías con el equipo especializado. Sostuvo que el PG 76-22 tiene la peculiaridad de que debe estar bien caliente (300 grados) y de tiempo en tiempo requiere mezclarse, lo que imposibilita importarlo a la Isla por barco. “A menos que se fabrique localmente no se podía suplir y en Puerto Rico no existía ninguna facilidad que lo pudiera modificar a esos estándares”, agregó.
DATOS
La subasta ascendió a $3,998,600 de los cuales $2,535,000 responden al asfalto.
Se utilizaron 13,000 toneladas de asfalto a $195 por tonelada, precio que regularmente se cotiza a $105 por tonelada.
Fueron a subasta:
Venegas Construction $3,981,000
Comas & Comas $3,998,600
Del Valle $4,440,000
Tamrio $4,456,152.26
Ferrovial $4,466,771
RBC $4,524,000
T.E.C. $5,524,000
Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO
Graduada de Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez y egresada de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, con más de 20 años de experiencia como periodista en prensa escrita, radial y televisiva.
Aseguran deuda de Puerto Rico sobrepasa los $70 mil millones
La deuda estructural del gobierno de Puerto Rico sobrepasó los 70 mil millones de dólares para el mes de febrero, al añadirse $900 millones en nuevos préstamos emitidos en octubre por el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), denunció hoy el representante Ricardo Llerandi Cruz.
“Con esta nueva cifra de la emisión de 900 millones de dólares, el monto total de la deuda del gobierno asciende a la histórica cantidad de 70 mil 382 millones 92 mil 980 dólares. Esta es la cantidad de dinero que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y sus próximas generaciones están condenados a pagar”, dijo el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Con la nueva deuda del BGF, Llerandi Cruz actualizó el llamado “Reloj de la Deuda”, una plataforma dirigida a mantener informado al pueblo puertorriqueño sobre la cantidad real de la deuda pública.
“El pueblo tiene derecho a conocer el tamaño de la deuda del gobierno, a toda hora y en todo momento. Con esta nueva herramienta, todo ciudadano podrá, con solo acceder a Internet, conocer cuánto debemos. Ahora mismo, la deuda es casi de unos 71 mil millones, lo que representa una carga astronómica en nuestra gente”, aseveró.
“De hecho”, añadió el político, “alrededor del 12 por ciento del presupuesto consolidado, unos 1,900 millones, va dirigido a pagar la deuda. Esto tiene que cambiar”.
El portal www.ricardollerandi.com ofrece información actualizada sobre la deuda global del gobierno.
Los 900 millones de dólares emitidos fueron en bonos comprados por Morgan Stanley, el Banco de America, Barclays, Amalgameated Bank y el Banco Popular.
Aparte, el legislador reclamó al secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, que “abra los libros” y muestre cuánto el Departamento logró pedir prestado a través del mecanismo de pagarés en anticipación de contribuciones e ingresos (conocidos en inglés como TRANs).
“El hermetismo en esta administración es histórico. Nadie sabe nada, nadie dice nada. En octubre de 2014 el gobernador firmó la ley que autoriza a Hacienda a no ir a la Legislatura para aprobar la emisión de TRANs. Han pasado casi cinco meses y nadie conoce cuánta deuda emitió Hacienda. El tope eran unos 900 millones, pero no hay ninguna información en el Departamento o en cualquier otro lugar referente a esto”, advirtió Llerandi Cruz.
“Mucho menos sabemos cuál fue el porcentaje de interés que el gobierno tendrá que pagar por esta deuda. Es imperativo que el titular de Hacienda presente la evidencia de esta transacción”, comentó el legislador, quien le dio plazo hasta el viernes a Zaragoza para publicar la información sobre los TRANs. De no cumplir, el representante no descartó acudir a los tribunales.
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