Con la salud de un Pueblo no se juega. Debemos solidarizarnos para frenar lo que promete hundirnos en mayor pobreza. Lejos de insuflarnos con esperanza, las tácticas gubernativas para robarnos el último centavo esfuma la ilusión de abrazar el optimismo para aunar esfuerzos en salir del abismo, tanto fiscal, como de confianza.
El Impuesto de Valor Añadido (IVA) de un 16% a 17% que el gobernador Alejandro García Padilla interesa legislar, anda en terreno movedizo de su propio tablero partidista. Los(as) políticos(as) miden oportunamente el aceite de su maquinaria política para su re-elección, sacando capital político en apariencia frenando las intenciones del gobernador García Padilla. Ya se frenó el IVA en la educación tanto pública, como privada, y en el ámbito de la salud, sobre las medicinas. Interesantemente entidades como la Asociación de Hospitales de Puerto Rico (AHPR) que dio la voz de alerta del IVA que se cocinaba a las medicinas, servicios médico-hospitalarios y equipos médicos, también impulsa frenar el impuesto que haría insostenible los servicios médicos para los(as) usuarios(as). El precario sistema de salud en Puerto Rico se derrumbaría agudizándose enfermedades crónicas que aqueja nuestra gente. No obstante, si bien podemos unirnos en este reclamo, la AHPR debe recoger vela en su burdo intento de menoscabar los derechos de pacientes cuando de reclamaciones judiciales e indemnización por impericia médica se trata. Hay que remar juntos para garantizar los mejores servicios médicos-hospitalarios. De lo contrario, peca de lo mismo que critica.
Hace años la AHPR, lleva acabo una campaña contraria al interés de sus pacientes. Vigilan de forma mezquina por sus intereses económicos en detrimento de las víctimas sobrevivientes de impericia médica; arrinconándolas para que no eleven reclamaciones judiciales ante el Tribunal Federal, donde las sentencias en daños suelen ser más altas. Aprovechándose malsanamente del momento de crisis médica, chantajean a sus pacientes para que renuncien a sus derechos a cambio de recibir servicios médicos. “Al firmar este documento acepto, me comprometo y obligo a (1) Presentar mi reclamación única y exclusivamente en los Tribunales de Primera Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; (2) Renunciar de forma voluntaria e intencional, al derecho de presentar mi reclamación ante un jurado. Reconozco y acepto que las obligaciones y renuncias antes mencionadas, aplican tanto a mi reclamación legal como aquella que pudieran tener mis familiares y-o allegados”…(Hospital Auxilio Mutuo de Puerto Rico, Forma 1115, Responsabilidad Financiera y Reclamaciones Judiciales). A pesar de que el Tribunal Apelativo de Puerto Rico (TA), falló en contra al Hospital Auxilio Mutuo, Centro de Radioterapia, Centro de Quimioterapia y la Asociación de Hospitales, et al, (KLAN 2013-01848, Sentencia 30 septiembre de 2014) por violación a la Carta de Derechos al Paciente, al día de hoy se pretende entrampar a los pacientes a que firmen dicha renuncia.
El TA validó la disposición reglamentaria, que prohíbe “cláusulas de selección del foro suscritas entre pacientes y entidades hospitalarias involucradas en la prestación de servicios de salud dentro del marco del proceso de consentimiento informado previo al tratamiento médico”. Claramente, las entidades hospitalarias chantajean a un paciente “quien en muchos casos podría incluso hallarse en un estado de salud de vida o muerte, tener que en un momento de vulnerabilidad tal, canalizar energías hacia un tema claramente ajeno al tratamiento como lo es el foro en que podría presentar”…“cualquier reclamación extra contractual de impericia médica. Dicha circunstancia podría interpretarse como un acto de manipulación de la entidad médico hospitalaria”…“Pasar del consentimiento informado al consentimiento obligado,”…“no es un logro de interés colectivo”….“Es más que nada una limitación al libre consentimiento y flujo de información completa y fidedigna de los usuarios y consumidores de servicios de salud, meta esencial de la Carta de Derechos del Paciente”. (Ibid, p. 43-44).
Las entidades médico-hospitalarias deben fortalecer sus servicios aspirando a los criterios más altos de la medicina, en lugar de librarse de su responsabilidad ante el paciente. Hay que frenar el quebranto de los precarios servicios de salud en Puerto Rico, castigando al paciente con mayores impuestos y condiciones onerosas al acudir al auxilio médico como derecho universal. La ética e integridad profesional para velar por la salud física y mental de nuestro Pueblo, requiere el respeto a la dignidad del paciente, sin chantajes malsanos que lo obligue a renunciar a sus derechos para recibir tratamiento. Hay que cumplir con fidelidad su juramento de Hipócrates: “Desempeñaré mi arte con conciencia y dignidad. La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis preocupaciones.”
Katherine Angueira Navarro Psicóloga Social-Comunitaria
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