El proyecto del Ejecutivo para reformar el sistema contributivo de Puerto Rico carece del análisis necesario para establecer que el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de 16%, cumple con las expectativas de recaudo para cerrar la brecha deficitaria del Fondo General sin agravar la recesión económica en que se encuentra la isla desde hace nueve años.

Este fue el análisis del director de Política Pública del Centro para la Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach, quien indicó el jueves que sin un objetivo específico de recaudos, sería como trazar líneas en el aire.

Aunque el experto avaló cambiar a un Impuesto al Valor Añadido (IVA) para disminuir la evasión e incentivar el ahorro y la inversión, sugirió hacerlo de manera escalonada, convirtiendo el IVU actual de 7% en un IVA de la misma base.

Pese a que algunos economistas defienden el establecimiento de una tasa única para facilitar la fiscalización de Hacienda, Marxuach consideró que lo que se debía comenzar a tramitar era una reestructuración de esa agencia, cuyos sistemas datan de 1984, antes de dar paso a la transformación del sistema tributario.

Sin embargo, la subsecretaria de esta agencia, Karolee García, explicó durante un taller a la prensa, en la noche del jueves, que ya están evaluando plataformas tecnológicas para sustituir los sistemas contributivos de individuos (REFO) y corporaciones (PRITAS), así como el sistema financiero del Gobierno (PRIFAS), lo cual requerirá una inversión de alrededor de $100 millones. Mencionó que para la nueva plataforma del IVA se evalúan las soluciones tecnológicas de Oracle y Microsoft, que estará lista para el comienzo del próximo año fiscal, el 1 de julio de 2016.

De la ponencia del secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, no se desprende claramente cuál es el objetivo de los impuestos, ni cuánto dinero necesita exactamente el Gobierno para reducir el déficit presupuestario con que ha operado desde hace quince años, advirtió el economista.

Pese a que KPMG estimó que los recaudos del Fondo General aumentarían por unos $2,000 millones mediante esta reforma, el análisis que costó $4.7 millones al Gobierno, no partió de un estudio concreto acerca del financiamiento que requiere el Estado para brindar sus servicios a la ciudadanía. Existe, además, la desconfianza por parte de la ciudadanía de que esos recaudos se utilicen para pagar la deuda pública, que asciende a $70 mil millones, en lugar de mejorar los servicios sociales imprescindibles para el bienestar común.

Se excluyó, además, un análisis profundo acerca del impacto económico que tendría el IVA en los distintos sectores. El estimado de KPMG, es que en el corto plazo, resultaría en una contracción del Producto Interno Bruto de 0.53%. Según otros análisis que propone el Fondo Monetario, la contracción pudiera ser entre 1.8% a 3%, indicó Marxuach. Debido a que el Gobierno no ha provisto una estrategia que vincule la reforma a un plan de desarrollo económico a mediano y largo plazo, esta contracción pudiera prolongarse.

Otro de los puntos más discutidos ha sido la regresividad del impuesto al consumo, lo que quiere decir que las personas con menor capacidad de pago, estarían tributando una mayor parte de sus ingresos, que aquellos con mayor capacidad de pago, lo cual redundaría en una mayor desigualdad social. Marxuach argumentó que el Gobierno ha subestimado significativamente el impacto en las familias de bajos ingresos, pese a que haya aumentado la exención de contribución sobre ingreso hasta $40,000 para los solteros y $80,000 para las parejas casadas. Esto equivale a 83% de los contribuyentes, quienes estarían pagando una tasa cero.

«Es imprescindible que la ley estipule expresamente este alivio y que no lo deje a la discreción del Secretario mediante reglamentación futura», exhortó Marxuach, en su ponencia el miércoles, ante la Comisión de Hacienda del Senado.

Disminuir esta regresividad pudiera ser posible mediante un crédito a los trabajadores pobres, según propuso el CNE, tras encomendar un estudio al Urban Institute de Washington D.C. Implementar tasas múltiples también forma parte de la propuesta del Centro, debido a que se pueden identificar bienes y servicios básicos, que rindan una tasa menor que los bienes de lujo.

Zaragoza reveló, sin embargo, que ha encomendado un estudio a la economista María Echautegui, del Urban Institute de Washington D.C., para determinar la cantidad que debe dar el Gobierno en reintegro a las familias en desventaja económica, acorde con la proyección de gastos en bienes tributables.

*Modificado para incluir expresiones de Hacienda.