Si queremos empezar a enderezar el país tenemos que comenzar por reformar nuestra desgastada estructura política. Hace mucho que nuestro proceso electoral se convirtió en un negocio de coger “fiao” donde individuos y corporaciones adelantan dinero a candidatos a cambio de que éstos luego les concedan acceso, contratos y endosos a proyectos.
Y es que los mayores dependientes del Gobierno no son los indigentes, son los inversionistas políticos. Inclusive vemos contribuyentes que se bautizan con los dos partidos principales, pues la ofrenda no se hace por convicción patriótica o ideológica, sino para garantizar “standing” y preferencia frente al oficial electo. Naturalmente, el político, al ganar, está en deuda con aquellos que le brindaron una contribución monetaria, y el donante reclama que le repaguen lo que fio. Por esto vemos tantas decisiones de gobierno que carecen de sensatez, de sentido común.
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De más está decir que esta práctica nociva inflige una herida a nuestra democracia, pues los ciudadanos no están representados en igualdad de condiciones. Al donante “X” lo atienden los funcionarios de mayor jerarquía, quienes buscan cómo complacerle en sus pedidos; a Juan del Pueblo lo refieren a alguna oficina para que haga una larga fila y se las arregle como pueda. Y cuando Juan del Pueblo se cansa de que el Gobierno no responda a su reclamo porque la madeja burocrática no resuelve, eleva su voz y busca llamar la atención para tratar de nivelar el juego. Entonces se les dice que entorpecen, que están en contra del progreso. Pero no es el progreso lo que objetan. Objetan que no se les escuche y que se le dé preferencia a unos sobre otros sólo por haber dado dinero.
Todo esto siembra desconfianza en nuestro sistema, en la objetividad de los procesos, en que el bien común rige la toma de decisiones. Nuestro sistema electoral se cimenta en “una persona, un voto”, pero la mala práctica del “fiao” electoral altera este principio y nos roba democracia.
Por esto las recientes “reformas” electorales ni reforman ni adecentan el sistema, pues no reconocen que el inversionismo político es el meollo del asunto y se limitan a alterar fechas y topes de asignaciones para tomar ventaja del partido de oposición. ¿No habrá llegado el momento de enfrentar a la bestia y de transformar ese proceso viciado que retrasa el progreso del país?
Hay que comenzar por repensar la Constitución, pues, es evidente que la cultura política que quizás imperaba entre 1940 y 1952 (“vergüenza contra dinero”), ya no hay quien la encuentre. En vez de delegar a legislación posterior las normas básicas electorales, como dicta actualmente nuestra Carta Magna, éstas deben formar parte de la propia Constitución de manera que los partidos no puedan estar jugando al ping-pong de enmiendas legislativas para beneficio propio sin una participación más amplia de la ciudadanía.
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Con el aval del pueblo, este nuevo régimen constitucional debería prohibir la recaudación de fondos privados; limitar el periodo electoral a tres meses antes de la elección; establecer un fondo de gobierno que asigne una misma cuota fija y razonable a cada partido y candidato inscrito; asignarle responsabilidad al gobierno que asegure tiempo igual y equitativo a todos los partidos en la emisora pública; hacer compulsorio durante el periodo electoral el debate mensual televisado, organizado por entidades sin fines de lucro, para los candidatos a la gobernación y a la oficina del comisionado residente; activar la Comisión Estatal de Elecciones sólo en los seis meses previos a la elección, entre otros requisitos.
Estas enmiendas serían cónsonas con las tendencias de avanzada que promueven una participación más cercana de la ciudadanía a los valores fundamentales del ordenamiento social. Además, ofrecerían mayores garantías de reconocimiento al mérito y de equilibrio en la toma de decisiones y en el trato del gobierno a sus constituyentes.
Si nos detienen a nivel federal en este proceso, nos toca insistir en la evolución de nuestro estatus para asegurar un sistema democrático que corresponda a nuestras aspiraciones y exigencias como pueblo.
Procuremos progresar buscando soluciones que brinden beneficios a la mayoría y no a los intereses de una minoría. Cuando salgan las voces diciendo que esto no se puede y que no sabemos de qué hablamos, mírenlos bien que deben ser los del “fiao”.
Y a ellos les respondemos con el famoso: “¿Fiao? Umm”.
PUNTO FIJO
por Juan Dalmau viernes, 13 de marzo de 2015
Tristemente, el país hoy ve de frente el resultado de una guerra avisada. Durante décadas, el Partido Independentista Puertorriqueño ha advertido sobre las consecuencias de un sistema contributivo desigual e inefectivo y de una estructura gubernamental cimentada sobre la politización y la incompetencia. El llamado a atender el problema toma una nueva, pero igualmente atropellada, forma a través del proyecto del Impuesto al Valor Añadido.
Hay que señalar el argumento falaz de que “en más de 150 países en el mundo tienen sistemas contributivos para que tribute mayormente el consumo”. La realidad es que un IVA requiere, para ser exitoso, una economía con posibilidad de crecimiento, medidas que permitan combatir la regresividad y un aparato gubernamental con capacidades reales de recaudo y fiscalización. Ninguno de esos elementos existen en Puerto Rico.
Tampoco se puede ignorar la contradicción que el Gobierno ha querido promocionar: alega la administración que el IVA logrará que se aumenten los recaudos, pero que a la misma vez, proveerá para que los puertorriqueños “estén mejor”. La realidad es que esos nuevos recaudos no procederán de las empresas foráneas, y no están atados a los intereses privilegiados que reciben deducciones, exenciones y créditos.
Serán los sectores locales los forzados a pagar para cumplir las expectativas del Gobierno. El Departamento de Hacienda ha aceptado que el resultado inmediato de los cambios contributivos propuestos será una contracción económica. En el caso de los pequeños y medianos comerciantes, el IVA aumentará la enorme desventaja que tienen ante los grandes comercios extranjeros. Para la mayoría de las familias, cuyo consumo principal (contrariamente a lo que sugiere el gobernador cuando indica que “ahora tú escoges cuánto tributar”) no es opcional, sino de subsistencia, el aumento en el costo de vida les dejará con menos ingreso disponible y, en muchos casos, obligados a prescindir de bienes o servicios esenciales.
El PIP propone una revisión de todas las leyes contributivas y de incentivos, de tal forma que el puntal del sistema contributivo sea la capacidad de pago real de cada uno de los sectores que componen nuestra economía. Si las empresas foráneas pagasen un 10% de tasa contributiva efectiva, los recaudos del Gobierno central serian de $3,000 millones.
Hay que partir de la realidad económica de un país que en el curso de siete años ha perdido el 20% de los empleos remunerados. Esto se refleja en la responsabilidad contributiva, con empresas cobijadas por decretos que les permiten contribuir al bienestar común con una migaja (tributando a una tasa efectiva de un 2% a un 4%) mientras que los individuos pagan al estado, casi una cuarta parte de su ingreso.
La deuda pública es impagable. El Gobierno tiene que asumir la realidad fiscal tal y como es, y proceder con iniciativas para la renegociaciónde la deuda.
Cualquier esfuerzo de reestructuración contributiva presupone además un Departamento de Hacienda funcional, moderno y efectivo. Si vamos a empezar por reestructuraciones, empecemos por la del Departamento de Hacienda.
Finalmente, es imperativo atender el tema de fondo. En el más reciente editorial de la revista Bloomberg titulado “Helping Puerto Rico Prosper”, luego de analizar la crisis económica del país concluye lo siguiente: “Such regulatory and legal oddities are the product of the island’s century-plus status limbo. Sooner or later, Puerto Rico’s inhabitants will have to decide their island’s future destiny”.
Es fundamental rediseñar las relaciones que tenemos con Estados Unidos para poder ampliar nuestra facultad para acceder a los mercados internacionales. Puerto Rico no puede aspirar a un desarrollo pleno si no mandamos en nuestra casa. El que no lucha por conquistar los poderes que no tiene, no puede aspirar a usar bien los pocos que tiene.
One Response to “Fiao” electoral – por Ingrid M. Vila Biaggi – Explica el Por Qué El PPD No Hace Obras
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