EL VOCERO / Archivo

La propuesta del Impuesto de Valor Añadido (IVA), afectará adversamente a los 31 mil empleados federales activos y retirados, quienes constituyen el 10 por ciento de los contribuyentes de la Isla.

“Los Empleados Federales en Puerto Rico no verán una reducción en su responsabilidad contributiva porque estos, a diferencia de los demás contribuyentes de Puerto Rico, tienen la obligación de rendir dos planillas de contribución sobre ingresos, una a nivel local y otra a nivel federal. De ordinario y con el fin de evitar la doble tributación, la obligación contributiva que se rinde en Puerto Rico tiene el efecto de reducir la obligación contributiva federal, ya que el empleado federal toma un crédito (foreign tx credit) equivalente a las contribuciones pagadas a nivel local”, afirmó la presidenta emérita de la Asociación de Empleados Federales, la abogada Frances Ríos.

Explicó que como resultado de la propuesta de la presente administración, los empleados federales pagarían el IVA de 16 por ciento en sus compras de bienes y servicios, pero no pagarían menos contribuciones sobre ingresos.

El impuesto federal se mantendrá igual, debido a que el (foreign tax credit) sería sustancialmente reducido o eliminado por la baja en contribuciones locales.

El IVA no se puede tomar como crédito en la planilla federal. Por lo tanto, el sustancial costo económico que el IVA representaría para los empleados federales no se compensará de forma alguna por una reducción en la contribución sobre ingresos que estos pagan.

“En términos económicos, es innegable que el proyecto directa o indirectamente incrementará sustancialmente el costo de vida a los empleados federales en Puerto Rico”, acotó la letrada.

Destacó que los empleados federales no están acogidos a plantes de salud públicos, razón por la cual terminarían pagando más por cualquier efecto directo o indirecto que sobre los planes de salud, tenga el IVA.

Señaló que según el Servicio de Rentas Internas federal (IRS, por sus siglas en inglés), los empleados federales pagan aproximadamente $155 millones en contribuciones sobre ingresos a Puerto Rico y gran parte de estos $155 millones, de aprobarse el proyecto, lo cobraría el gobierno federal.

“Por consecuencia, esta legislación tendría el efecto de disminuir el pago contributivo al Departamento de Hacienda e incrementar el pago contributivo al gobierno federal. Por consiguiente, el Departamento de Hacienda dejaría de recibir una porción significativa de estos $155 millones. Algunos expertos en la materia nos han indicado que al contribución recibida por el Departamento de Hacienda de estos $155 millones podría reducirse en una cantidad alrededor de 85 por ciento ($131.75 millones)”, afirmó.

Expuso que ninguna jurisdicción en Estados Unidos ha implementado una contribución tipo IVA, ni una contribución de base abarcadora sobre la compra de servicios. El Congressional Budget Office (CBO), consideró en 1992 el impacto de un IVA a nivel federal y lo encontró inherentemente regresivo, en perjuicio de los que menos ingresos generan.

De igual forma, ninguna jurisdicción en Estados Unidos tiene una contribución sobre la compra de bienes que se aproxime a la tasa tan alta del 16 por ciento propuesta bajo el proyecto.

Indicó que los efectos del proyecto en el costo de vida de los empleados federales serán causa para el retiro temprano e incentivará la relocalización fuera de la Isla.

“A nivel de las agencias federales, se prevé un incremento masivo en las solicitudes de transferencia a puestos  fuera de Puerto Rico y una baja dramática en la capacidad de reclutamiento, debido al alto costo de vida y operacional. No podemos olvidar que el aumento en los recursos de ley y orden federal, así como los memorandos de entendimiento firmados con el gobierno local continúan siendo parte esencial y crucial a la capacidad de combatir la alta incidencia criminal en Puerto Rico”, apuntó Ríos.

Manifestó que aunque puede argumentarse que el IVA funciona en países extranjeros, no se puede ignorar que Puerto Rico es parte integral de Estados Unidos, que está sujeta a la cláusula de comercio interestatal de la Constitución de Estados Unidos y no disfruta de una completa autonomía fiscal.

Planteó que el IVA incrementa un 128 por ciento el beneficio de comprar fuera de Puerto Rico a entidades comerciales no establecidas en la jurisdicción y no pagar el IVA.

“Esto es una gran desventaja competitiva para el comerciante local, ya que generalmente cuando se compra fuera de Puerto Rico no se cobrará el IVA por el vendedor y Hacienda no tiene forma de cobrarle al comprador ya que legalmente no se puede interrumpir la entrega de bienes que llegan a Puerto Rico por transporte aéreo o correo. El IVA propuesto incrementará el incentivo de no pagar IVA al comprar fuera de Puerto Rico por Internet, teléfono o correo, vis a vis las compras realizadas en negocios físicamente establecidos y que generan empleos en Puerto Rico”, mantuvo.