El presupuesto del próximo año –el cual se preparará a base de la reforma contributiva que no se ha aprobado– incluirá un aumento de por lo menos $800 millones para cubrir el servicio de la deuda y el aumento en las aportaciones a los sistemas de retiro. El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis F. Cruz Batista, dijo que en presupuestos anteriores la deuda se cubría con fondos no recurrentes, un lujo que no se puede dar esta administración.
Durante la vista de la Comisión cameral de Hacienda, Cruz Batista dejó saber que aún no han determinado cómo será el próximo presupuesto ni de cuánto será, pero sí dijo que al menos estas dos partidas significarán un aumento.
“Para el presupuesto del año fiscal 2016 se debe considerar un aumento en el servicio de la deuda de alrededor de $655 millones y un aumento en las aportaciones a los sistemas de retiro de cerca de $140 millones”, dijo. “Estas dos partidas representan un aumento de alrededor de $800 millones. En adición, se debe considerar un aumento de cerca de $220 millones en aportaciones adicionales a los municipios…$84 millones para cumplir con sentencias legales contra el estado y $56 millones del Fondo para la Educación Especial”.
Todo esto, dijo, fue anteriormente cubierto con fondos no recurrentes.
Cuando el presidente de la Cámara, Jaime Perelló, le preguntó sobre los recortes que se verán en este presupuesto, dijo que aún están “buscando alternativas”.
“Tenemos diferentes alternativas que se verán cuando se presente el presupuesto. Se va a ver un aumento en el pago de la deuda, pero sí debemos tener una reducción en el gasto operacional”, dijo Cruz Batista.
Aseguró que la actual administración no contempla despedir empleados públicos.
“Luego de un análisis profundo, nos encontramos considerando distintos escenarios para identificar posibilidades de ajustes adicionales en el gasto público, dentro de la realidad del presupuesto corriente, los ineludibles para el año fiscal próximo y teniendo como norte una gerencia responsable, en la cual el Gobierno cumpla adecuadamente su función”, dijo.
Explicó además que para compensar los problemas fiscales de este presupuesto, establecieron una reserva de $125 millones “de forma que los gastos estén cónsonos con los recaudos”.
“Esto, sin afectar la prestación de servicios a la ciudadanía, sin despedir empleados y en un esfuerzo legítimo de mantener un presupuesto balanceado”, dijo . “El presupuesto ajustado totaliza $9,440 millones”.
El presupuesto del país se basa, en gran parte, en los recaudos que pueda lograr el gobierno. Con la radicación de una nueva reforma contributiva, el gobierno espera que esos recaudos adicionales sean de $1,200 millones. Pero, la Legislatura todavía evalúa cambios que podrían afectar esas proyecciones y, con eso, la cantidad de dinero que tendrá el gobernador, Alejandro García Padilla, para hacer un presupuesto.
El presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Rafael Hernández Montañez, dejó saber que la reforma contributiva –una con muchos cambios– será aprobada antes de que comiencen a evaluar el nuevo presupuesto. La Legislatura tiene hasta el último día de sesión –30 de junio– para aprobar el presupuesto del próximo año fiscal que comienza el 1 de julio.
Durante la vista, el director de OGP insistió en que el Gobierno opera con un presupuesto “sumamente comprometido” que incluye $4,600 millones para asignaciones especiales como la Universidad de Puerto Rico, los municipios y la rama judicial.
“La mayoría de las asignaciones son partidas ineludibles establecidas por ley o se utilizan para proveer servicios esenciales a la ciudadanía como educación, seguridad, salud y bienestar social”, dijo Cruz Batista.
Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCER
Tiene más de 15 años de experiencia como periodista en Puerto Rico y Estados Unidos. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y una maestría en Periodismo
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