Carlos Antonio Otero e Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO
Si las más de 1,500 páginas del proyecto de reforma contributiva resultaban complejas para su corta discusión en vistas legislativas, el saldo negativo que dejó las ponencias de diversos sectores y los cambios que se barajan podría augurar una complejidad mayor en el futuro sistema tributario que finalmente firme el gobernador Alejandro García Padilla.
El rechazo mayoritario a la llegada de un Impuesto al Valor Añadido (IVA) de 17 por ciento (%) en uno de los momentos más álgidos para las finanzas del Estado Libre Asociado (ELA) y de la recesión económica de la Isla, mantienen un evidente pulseo entre los poderes ejecutivo y legislativos, sobre qué finalmente debe ser aprobado y cuánta necesidad real de recaudos tiene el gobierno. Además hay una atención particular sobre el impacto de lo que quede en blanco y negro, no solo en el aspecto económico, sino en el político, a menos de dos años para las próximas elecciones partidistas.
Los principales puntos de fricción están en el por ciento de tributación sobre el valor añadido, las exclusiones que han comenzado a considerarse, la transformación significativa de la idea original y hasta el cambio de nombre del impuesto.
En el seguimiento sobre el sentir de la población ante el cambio en el sistema contributivo, la firma Gaither International continuó con su estudio en toda la Isla y duplicó la cantidad de personas consultadas, de 428 al 11 de marzo, a 800 al 16 de marzo, con el saldo de un rechazo mayoritario hacia la llegada del IVA aunque se reconoce la necesidad de cambios.
A la pregunta de cuán de acuerdo estaban con la expresión: ¨Puerto Rico necesita un cambio en su sistema contributivo”, 49% estuvo de acuerdo y 27% en desacuerdo.
En particular, sobre cuán de acuerdo estaban con la implantación de un IVA, el 71% de los encuestados dijo estar en desacuerdo, mientras apenas el 5% opinó estar de acuerdo.
EL VOCERO indagó en las posiciones que han vertido los economistas más vocales sobre la reforma contributiva, desde que inició la discusión, y aunque ninguno es totalmente categórico en rechazar la estructura del IVA, que es solo uno de los componentes del nuevo sistema tributario propuesto, el consenso estuvo en que a pesar de sus atributos para recaudar, este no es el momento idóneo.
Eso se debe, según han expresado por separado, al impacto de la regresividad cuando la economía sigue en terreno negativo y no se vislumbra mejoría a corto plazo, a la inequidad para ciertos sectores de la clase media que tributará y pagará el IVA sin recibir a cambio los beneficios de otros grupos, y al efecto inflacionario que pudiera provocar, entre otros.
Economistas como José Joaquín Villamil y Heidi Calero, desde antes de que llegara el polémico proyecto a las cámaras legislativas, habían alertado sobre el impacto inflacionario. Villamil entiende que el IVA es una estructura eficaz de recaudos, pero la manera en la cual se adopte y el momento histórico tiene otras repercusiones.
Calero ha sido enérgica sobre lo que está planteado y además de sostener que podría haber una inflación de hasta 9% con la implementación del IVA, reiteradamente ha dicho que la propuesta reforma no redistribuye la carga contributiva y -por el contrario- graba a los que ya pagaban más.
¨Es importante recordar que el grupo de $40,000 hacia arriba tendrá que pagar un IVA de 16% en bienes y servicios que consuma sin recibir a cambio un porciento del IVA pagado”, indicó Calero, y explicó que “al eliminar los grupos (con ingresos) de $0 a $40,000; el 100% de la carga contributiva sobre ingresos recae sobre un 18% de los contribuyentes. Cabe preguntarse si la propuesta reforma contributiva cumple con el objetivo de distribuir la carga contributiva¨.
La economista se mantuvo en que todos deben pagar impuestos por mínimo que sea y opinó que ¨pretender que unos pocos paguen por los muchos no es justo¨.
La postura del economista Carlos Colón de Armas es que tanto el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) vigente como el IVA recaudan lo mismo, y lo que se debió hacer fue adoptar una tasa mayor del IVU. Mencionó que ya es conocido que el IVA en su implementación ¨es más costosa, complicada y onerosa para fiscalizar¨.
Al estimar el origen de la reforma, que es allegarle más recaudos al gobierno para operar, Colón de Armas, al igual que otros economistas, puntualizó que la dificultad mayor es de gastos. “Lo que se necesita es una reingeniería de ese presupuesto, que hoy alcanza los $9,565 millones. No es necesario cesantear personal gubernamental, eso complica el cuadro económico del país. Lo que se necesita es una mejor administración de los recursos y reducir marcadamente gastos innecesarios, lo que refleja lo innecesario de una reforma contributiva en estos momentos que vive el país”, ha repetido Colón de Armas.
Comentó que el gasto en nómina del presupuesto consolidado es de 23.4% y el gasto por el servicio de la deuda llega a un 16%, lo que suma 39.4% y entiende que hay margen para trabajar con el gasto público.
El economista Gustavo Vélez urgió a una reforma de gobierno para atender el asunto estructural, que asegura es la base de la situación actual. Dijo que hay una economía más pequeña y menos población y eso debe reflejarse en el gobierno, y es de los que piensa que se debe reestructurar la deuda, que alcanza los $73,000 millones.
“El problema aquí es evidente, es de gasto y no de ingresos. Los dineros han estado llegando, lo que no han sabido es administrarlo”, sentenció Vélez, y recordó que desde el 2006 se impuso el IVU y la Patente Nacional, que entre ambos produjeron $11,000 millones y el gobierno continuó con un déficit estructural de $1,000 millones.
Vélez coincidió con otros colegas en que la reforma contributiva es muy regresiva para la clase media, que paga contribuciones sobre ingresos y pagará el IVA, sea de 16% o la tasa que finalmente se apruebe pero que será mayor al IVU actual de 7%.
“Decir que reduzcan el consumo no es exactamente lo que busca el gobierno, ya que justamente en esa partida es que se supone se encuentre el mayor de los recaudos”, recalcó.
En consonancia con la posición de los alcaldes, el economista Jaime Benson ve en un IVU mejor administrado la posibilidad de allegarle más recaudos al gobierno. Declaró que 18 municipios captan el 80% de todo el IVU del país, mientras el gobierno central lo hace solo en un 56%.
Benson entiende que se debe traspasar el poder de recaudo a los municipios y eso llevaría la captación a un 75% sin necesidad de un IVA más la complicación y gasto en su adopción. Igualmente recomienda recortar gastos.
La posición del economista Graham Castillo es que la mayor regresión del IVA se reflejará en el contribuyente evasor, pero entiende que mediante este mecanismo existe una tasa igual para todos en el consumo. Expresó que se debe evaluar las repercusiones para el sector comercial de los pequeños y medianos comercios (Pymes), donde estima el mayor efecto cascada en los impuestos.
Castillo detalló que bajo el IVA esa situación se puede agudizar, ya que se requiere un desembolso inmediato de efectivo que les reducirá el flujo de efectivo y ese costo le llegaría a los consumidores. “Hoy, por las limitaciones en la fiscalización del IVU en el puerto, las Pymes lo aplican como costo del producto lo que afecta toda la cadena, aumentando los precios. No necesariamente reportan crédito. Esto se da por el efecto nocivo que tiene al sector, quienes tendrán que incurrir en altos costos para adaptarse y nuevos sistemas, además de tener que buscar capital adicional para financiar el hecho de pagar por un crédito prospectivo”, declaró.
“Si se falla en la implantación del IVA se puede esperar ese tipo de efecto cascada¨, insistió Castillo, pero expresó que el efecto inflacionario se ha sobre estimado.
Entre tanto, el economista Elías Gutiérrez, uno de los más vocales ante las políticas económicas del actual gobierno, en el largo camino del deterioro económico de la Isla no ve tantas opciones disponibles y se ha expresado en acuerdo con el IVA a una tasa mayor a la propuesta. Ha dicho que la reforma tributaria es un mal necesario.
¨Yo favorezco se sustituya el IVU y la contribución sobre ingresos por un 22% de IVA. Si se seleccionó un porcentaje inferior es porque los estudios deben haber demostrado que es suficiente”, es la posición de Gutiérrez.
Presente y consistente el tranque
El reclamo de cinco alcaldes populares de que el proyecto de reforma contributiva no se debe aprobar, ni siquiera enmendar, no ha encontrado terreno fértil entre los legisladores que insisten en que la medida puede ser enmendada y es necesaria para allegar más fondos al fisco.
Cinco alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) – San Juan, Carolina, Caguas, Juana Díaz e Isabela – acudieron la semana pasada al Senado para oponerse al proyecto de reforma contributiva que impulsa el gobernador, Alejandro García Padilla. Durante la vista de la Comisión senatorial del Senado, urgieron a no aprobar el proyecto e insistieron en que no hay manera de enmendarlo. De hecho, los alcaldes presentaron otras alternativas como el aumento del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) y poner el recaudo en manos de los municipios.
Pero los legisladores que representan estos distritos no se comprometieron a votarle en contra al proyecto y todos dijeron que esperarán las enmiendas.
“La realidad es que yo estoy claro sobre la posición del alcalde y él está claro sobre mi posición y yo no he recibido ninguna expresión por parte de él y puedo entender unas inquietudes como alcalde y cómo afecta el manejo del dinero, pero es una decisión que uno tiene que tomar y estamos esperando las enmiendas”, dijo el representante Jesús Santa, uno de los defensores de la reforma y quien representa Caguas.
El vicepresidente del Senado y senador por Humacao, José Luis Dalmau, dijo por su parte que para los legisladores no es una opción no hacer nada. Al igual que sus compañeros legisladores, dijo que el proyecto será enmendado y que se tomarán en cuenta las recomendaciones de los distintos grupos, incluyendo los alcaldes.
“No puede haber un riesgo político. Si el país quiere funcionar, tiene que evolucionar en su sistema. Lo que tenemos no ha funcionado. El cálculo político no debe estar sobre la mesa”, dijo Dalmau. “Ese proyecto no está escrito en piedra, lo que se vaya a presentar tiene que ser de beneficio para el pueblo”.
La reforma contributiva ha provocado una lucha pública entre la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz y el representante por San Juan, José Báez, quien es además subsecretario del Partido Popular. Báez rechazó hablar de esta pugna, pero insistió en que los alcaldes se oponen al proyecto solo porque están defendiendo el dinero para operar sus municipios. Cuestionó que los alcaldes hablen de reducir el tamaño del gobierno, pero no el de sus gobiernos municipales
Se le preguntó entonces si pesará más en los legisladores lo que pueda pasar en 2016 respecto al respaldo electoral de los alcaldes o la necesidad de una reforma contributiva.
“Yo confío en que los legisladores continúen dando el valor que han dado a esta propuesta de transformación, que sigan proponiendo, como han estado haciendo, cambios para mejorarla y que continúen separando el grano de la paja”, dijo Báez “Estoy bien optimista que la razón va a prevalecer y para mí la razón es el reto fiscal. Ya nosotros acostumbramos estos dos años al pueblo que las decisiones que estamos tomando, las estamos tomando con alto grado de responsabilidad social y fiscal y electoralmente el peso que le hemos dado es secundario”.
Por su parte, el senador por San Juan, Ramón Luis Nieves, dijo que Cruz nunca le ha solicitado directamente que vote en contra del proyecto. Nieves está desde el jueves argumentando que hay que cambiar la discusión pública para hablar de la deuda del gobierno y no de la reforma contributiva.
“La posición de la alcaldesa por supuesto que tiene un peso porque es una posición importante. Yo mismo tengo mucha preocupación en la parte de asegurar que los ingresos de los municipios lleguen constantemente”, dijo Nieves. “Carmen Yulín ha estado dando los datos, los hechos, según los ve, pero no está forzando que votemos de una manera o de otra. Mucha gente no entiende que en esta administración está pasando algo que parece que es nuevo. En la Legislatura no hay reglas de caucus, no se le impone a nadie cómo votar”.
Ángel Matos, representante popular por Carolina, dijo que la opinión del alcalde, José Aponte Dalmau, es “super importante”, pero aún así dijo que esperará las enmiendas y no se aventuró a indicar que rechazará el proyecto.
“Vamos a ver cómo queda y qué pasa. Es que si uno fuera un juez y esto fuera un caso, no importa lo reprochable del caso, la presunción de inocencia es hasta el fin. Uno se puede apasionar, pero prefiero esperar al último momento porque todo cambia”, dijo Matos. “Los alcaldes reconocen las deficiencias del sistema contributivo y de eso se trata. Vamos a ver cómo queda”.
De igual manera, el representante popular José ‘Conny’ Varela, dijo que la opinión del alcalde de Caguas, William Miranda Torres, es importante, pero aún así esperará las enmiendas.
“Yo voy a esperar el producto final que salga luego de la evaluación y el análisis que se está haciendo y que le doy el espacio para que él diga, pero yo voy a esperar el producto final”, dijo Varela. “Yo escucho sus recomendaciones, pero voy a esperar que salga el 
producto final para decidir cómo voto”.
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