Sea por decreto de un gobernador incompetente o con la participación de una mayoría legislativa igualmente incompetente, el desgobierno del Partido Popular continuará siendo tan torpe como lo ha sido desde el 2 de enero de 2013. Está demostrado. Del riesgo que anticipamos en la pasada campaña, se convirtieron en el gran desastre para Puerto Rico. Son, dicho de la forma más sencilla, un peligro como gobernantes.
La derrotada reforma contributiva imponía un IVA de 14%, duplicando en el bolsillo del pueblo la carga del IVU. Los $1,200 millones anuales que recaudaría ese IVA (COBYS) se habrían sumado a los $1,400 millones anuales de los otros 80 aumentos contributivos y tarifarios que el gobierno del Partido Popular le ha atosigado al pueblo durante los últimos dos años.
Esa reforma contributiva también trajo “sorpresas” de última hora que, curiosamente, fueron muy poco comentadas. Por ejemplo, autorizaba a Hacienda a posponer hasta el año 2018 el pago de los reintegros de las planillas que se radicaron el pasado 15 de abril, arrebatando millones de dólares que les pertenecen a cientos de miles de contribuyentes. Pretendían aumentar la carga contributiva del pueblo y a la misma vez arrebatarles los reintegros… su dinero. Mientras hacían una campaña mediática hablando del “chequecito” que dos veces al año le enviarían a la gente, preparaban una enmienda para quedarse con el dinero de la gente hasta el 2018. Tremenda trampa. Colosal mentira como siempre hace el gobierno de Alejandro, “Yulin”, Bhatia y Perelló.
La aceleración de la quiebra social y económica de Puerto Rico es la causa directa del colonialismo. Todo esto, a pesar de Alejandro García Padilla, Jaime Perelló y Eduardo Bhatia. Ciertamente la crisis se agravó en enero de 2013 con ellos, porque ese liderato popular desde que asumió el poder, desató su improvisación, su falta de control y el aumento festinado de $800 millones en su primer presupuesto, sin tener esos recursos, para satisfacer los colmillos y el apetito de los “amigos del alma”.
En enero de 2013, el PPD encontró un Índice de Actividad Económica en rango positivo gracias al control presupuestario y las medidas de reactivación económica del PNP. También encontraron un plan de cuadre presupuestario que había comenzado el PNP para remediar el déficit histórico de $3,300 millones que Sila y Aníbal habían dejado en 2008. Ese plan tenía ingresos del gobierno proyectados y suficientes con la contribución especial temporera a las corporaciones foráneas. Ya para 2012, el déficit de $3,300 millones había bajado a menos de $600 millones y se eliminaría por completo entre 2015-16. Gracias a ese plan y otros esfuerzos del PNP, las casas acreditadoras habían retirado la amenaza de degradación del crédito que plantearon en 2008.
Tan pronto pasaron las elecciones de 2012, las casas acreditadoras lanzaron una advertencia a García Padilla. Standard & Poor’s expresó lo siguiente: “Nuestras calificaciones actuales (2012) se basan en el supuesto de que los funcionarios del Gobierno (entrante) seguirán comprometidos en mantener no sólo la disciplina fiscal, sino también a la adopción de las medidas fiscales” del gobierno anterior. García Padilla y su entrante desgobierno, sin embargo, comenzaron a anunciar su festinada política económica alejándose de la disciplina fiscal. Recién electos comenzaron a hablar de repartir dinero que no tenían bajo la premisa de que si hacía falta más, entonces le meterían la mano en el bolsillo a los contribuyentes y los comerciantes. La respuesta no se hizo esperar. Basándose en “preocupaciones que tenían por los comentarios del gobernador electo durante la campaña”, Standard & Poor’s puso en perspectiva negativa el crédito de Puerto Rico y Moody’s lo degradó a Baa3, con perspectiva negativa. Desde entonces, las degradaciones tocaron el fondo de la chatarra bajo este desgobierno.
En marzo de 2013, las casas acreditadoras volvieron a lanzar advertencias, pero García Padilla les contestó: “Me vale”. Entre abril y junio de 2013, García Padilla y sus legisladores aprobaron una atropellada “Reforma de Retiro”, sin evaluación ni estudios actuariales, obligando a más de 20,000 empleados públicos a irse a la calle. El nuevo método de despidos masivos. A los seis meses de García Padilla asumir el poder, el Gobierno federal certificaba que la pérdida de empleos ascendía a más de 14,500. El Índice de Actividad Económica continuaba su desplome. Hoy se han perdido casi 50 mil empleos. Casi 100 mil familias están a punto de perder su hogar porque no pueden pagar sus hipotecas. La emigración masiva y forzosa sigue. La economía colonial cada vez se debilita más. Después del desbarajuste capitolino de la semana pasada, ahora todos admiten el colapso, como si esa reforma contributiva hubiera podido salvar a Puerto Rico. Ahora se utilizan los decretos de corte chavista para trastear y bregar con la marihuana en vez de atender los problemas apremiantes de nuestra gente. A fin de cuentas, a este desgobierno descontrolado e incompetente y su colonia le pondremos fin en noviembre del 2016, con un gobierno del PNP y el reclamo inmediato de la admisión de Puerto Rico como el estado 51.
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