Las Prioridades de AGP son El Batateo, los Amigos del Alma, los Regalos como el de Ricky Martin, Inversiones Fatulas y Atacar a los Empresarios Privados.
A casi 11 meses desde que el gobernador Alejandro García Padilla firmó la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), la cual declaró un estado de emergencia, su efectividad ha quedado prácticamente nula al no lograr contener la caída económica y no evitar medidas onerosas para los ciudadanos.
La evidencia más contundente es la reciente publicación del Informe Financiero Trimestral de Gobierno, que expone en blanco y negro la insolvencia del ELA, con un déficit estimado en $191 millones para el cierre del presente año fiscal (cantidad que podría ser mayor), más la dificultad para balancear el nuevo presupuesto que comienza en julio y la falta de liquidez que amenaza con el colapso del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
En medio de todo no se descarta la posibilidad de que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) llegue finalmente al impago, al tiempo en que otras corporaciones públicas como la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Autoridad de los Puertos (AP) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), tampoco logren levantar el capital para cumplir obligaciones o completar gastos de operación.
La Ley de Sostenibilidad, que tiene 76 páginas y fue aprobada el 17 de junio de 2014, allanaba el camino para adoptar medidas de control de gastos, generar cambios en la operación del gobierno y –entre otras cosas- replantear la fiscalización fiscal para hacerla más agresiva. Estas y otras medidas debían tener por consecuencia “garantizar la operación del gobierno y evitar un cierre que implique que los empleados públicos queden sin poder devengar salario alguno, además de sumirnos en una recesión económica más profunda”.
Además, buscaba evitar nuevas degradaciones del crédito del ELA, tras la primera colocación en el nivel especulativo o chatarra el 4 de febrero de 2014 por Standard & Poor’s. En la exposición de motivos de la ley se expuso que: “Tomar más dinero prestado para financiar el déficit tampoco es una opción en este momento, ya que los mercados de capital no confían en que Puerto Rico va a poner en orden sus finanzas (recordemos que el gobierno de Puerto Rico lleva más de 10 años diciendo que va a eliminar el déficit estructural dentro de dos años). Menos aún podríamos aumentar los impuestos, pues ello tendría el efecto de agudizar la recesión”.
Ha ocurrido todo lo contrario. Las medidas más importantes han sido derrotadas, como la denominada ley de quiebra criolla (en proceso apelativo actualmente en Boston) y la rechazada reforma contributiva por mayoría de votos en la Cámara de Representantes, que era el único plan ponderado para aumentar los ingresos al Fondo General.
Contrario a lo que se escribió para impulsar la ley, la política de más impuestos continuó, con el destaque de la nueva crudita o arbitrio sobre el crudo y sus derivados, entre otras imposiciones adoptadas o bajo consideración actual.
Mientras, la intención de no levantar nueva deuda para refinanciar la existente, igualmente se quedó sólo en papel, ya que las gestiones para darle liquidez al BGF con una nueva emisión de $2,900 lo que hará será transferir la deuda de la ACT con el banco, hacia la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI).
Al referirse a la primera degradación del crédito a chatarra (febrero 2014), en la ley se expuso que esta “ha ocasionado graves daños a nuestra economía al producir diversos efectos adversos tales como la desvalorización de los bonos en circulación, pérdidas en las carteras de inversión de las instituciones y los ahorradores de la Isla tenedores de bonos, dificultad de acceder al mercado de bonos municipales para financiar obra pública, y la contracción en la actividad económica de Puerto Rico, lo que ha ocasionado una marcada reducción en los recaudos del Gobierno y, por consiguiente, en la capacidad del Estado para atender las necesidades del País”.
El cuadro económico actual está más comprometido que hace 10 meses y la amenaza del gobierno de que podría cerrar puertas ante la falta de ingresos parece cobrar fuerza, aunque algunos sectores políticos y analistas han reiterado que podría tratarse de una estrategia de miedo para conseguir apoyo a la aprobación de medidas que no son simpáticas para los ciudadanos y sectores económicos.
La agudización de la crisis, al entrar en el noveno año de recesión, más las medidas del gobierno que no han prosperado, la baja en recaudos, el incumplimiento con un presupuesto balanceado y la posibilidad de que se oficialice el impago de la AEE, reduce cada día más el acceso al mercado inversor para levantar el capital que necesita el gobierno para operar su estructura actual.
De hecho, el nuevo informe financiero trimestral del gobierno, que elabora el BGF y que fue publicado el viernes, con los números que presenta podría anticipar la llegada de nuevas degradaciones que hundirían todavía más las notas del crédito del ELA. En la última quincena de abril, las casas acreditadoras volvieron a degradar los bonos del gobierno de Puerto Rico y la advertencia de que no pueda tener con qué pagar sus obligaciones ya está lanzada, si es que no mejoran las condiciones actuales.
En su informe del pasado 24 de abril, Standard & Poor´s, destacó que ante “la ausencia de que puedan mejorar las condiciones, nos lleva a creer que tanto la deuda como los compromisos financieros serán insostenibles”.
Mientras tanto, el informe del BGF indicó que en los primeros 10 meses del presente año fiscal los ingresos al Fondo General totalizaron $7,335 millones, lo cual dejó un saldo negativo de $250.6 millones frente a lo que se había proyectado ingresar.
Se indicó que ante el cuadro de las finanzas, el déficit proyectado de ingresos alcanzaba $651 millones, pero alegadamente esa cantidad se redujo con las medidas realizadas por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), con un recorte de gastos por $125 millones y la captación de $150 millones por las recientes amnistías para las deudas morosas con Hacienda.
El gobierno volvió a indicar en el informe que considera “significativas medidas de reducción de gastos y evalúa otras medias alternas de ingresos” como parte de la confección del nuevo presupuesto fiscal 2016, pero aclaró que “a esta fecha no está claro si estas medidas serán exitosas”.
El gobernador Alejandro García Padilla, en reacción al informe publicado por el BGF, dijo que el mismo “establece de manera clara y contundente la situación fiscal que atraviesa Puerto Rico”.
La posición del gobernador fue que frente a la situación que experimenta la Isla espera que la Administración del Presidente Barack Obama, el Congreso de Estados Unidos y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico se “motiven” para “trabajar junto a esta administración para implementar soluciones razonables y ordenadas a nuestra crisis fiscal. La presente crisis no fue creada de la noche a la mañana y no se puede resolver de un día para otro”.
Carlos Antonio Otero, EL VOCERO
Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.
A “destiempo” millonaria asignación
Mientras el Ejecutivo asegura que tendrá que recortar $1,500 millones en gastos para el próximo año fiscal, impactando los servicios a la ciudadanía y hasta la jornada laboral de los empleados públicos, la Asamblea Legislativa pudiera otorgar $17 millones para construir infraestructura vial y eléctrica que beneficiaría a los desarrolladores de un centro comercial en Guaynabo.
Pese a que la asignación legislativa no ha sido otorgada, EL VOCERO tuvo acceso a un borrador del memorando de acuerdo (MOA, por sus siglas en inglés) que otorgaría $13 millones para que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) construya un puente sobre la carretera PR-1 y otra infraestructura necesaria para mejorar el tráfico en la intersección de La Muda en este Municipio.
Además, se destinarán $4 millones para que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) instale la infraestructura que garantice el suplido energético de cara al desarrollo comercial, residencial en industrial que ocurrirá en el área.
El MOA establece también que, de ser necesario, cualquier aportación adicional de fondos para completar el proyecto recaerá en la ACT y la AEE, ambas corporaciones con una situación financiera a punto del impago.
En tanto, el Municipio Autónomo de Guaynabo aportaría $700 mil para construcción de la infraestructura.
Al mismo tiempo, LAIF, LLC -desarrolladores del centro comercial Sambil- y otra corporación identificada como Hugo Neu Enviromental, aportarían $3.7 millones y $1 millón, respectivamente.
LA ACT confirmó, a preguntas de EL VOCERO, que la asignación legislativa no ha sido otorgada ni el MOA ha sido firmado por las partes.
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