El Comisionado Residente en Washington, Pedro Pierluisi, exigió hoy al Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que se convoque una reunión interagencial para discutir el “precipicio” fiscal de fondos de Medicaid al cual se acerca Puerto Rico tan pronto como en septiembre del 2017 y que afectará a más de 1.2 millones de beneficiarios de bajos ingresos en la Isla.
Esto se debe a que los $7,300 millones en fondos de Medicaid adicionales que los territorios recibieron bajo la Reforma de Salud federal expiran al final del año fiscal 2019—siendo ésta la única disposición en la ley que expira de esta forma. Además, al gobierno de Puerto Rico sólo le quedan $3,570 millones de los $6,300 millones de fondos que recibió de la Reforma de Salud federal en el 2010.
“A este nivel de gasto, se proyecta que Puerto Rico agote sus fondos disponibles de la Reforma de Salud federal para mediados del 2018. La falta de acción por parte de CMS en relación a la compensación federal para planes Advantage del programa Medicare en Puerto Rico podría significar que la fecha del fin de los fondos de Medicaid se adelante a septiembre de 2017” expuso Pierluisi.
“Puerto Rico siempre ha sido tratado de forma desigual bajo Medicaid. En los 50 estados y en el Distrito de Columbia, Medicaid es un derecho al individuo. No hay límite en la cantidad de fondos que el gobierno federal provee al estado siempre y cuando el estado provea el pareo de fondos. La contribución federal (FMAP, en inglés) puede variar entre 50 porciento en los estados más ricos hasta 83 porciento en los estados más pobres. En cambio, los fondos federales para el programa de Medicaid en Puerto Rico tienen un tope anual. Cuando asumí mi cargo en el 2009, Puerto Rico estaba sujeto a un tope anual de alrededor de $280 millones. Además, la contribución federal estatutaria de Puerto Rico era 50 porciento—el mismo que en los estados más ricos”, dijo el Comisionado Residente.
La carta de Pierluisi explica que “debido al tope anual, la contribución federal real de Puerto Rico al programa de Medicaid local era entre 15 y 20 porciento al año. En otras palabras, Puerto Rico estaba gastando sobre $1,400 millones al año de fondos estatales para proveerle servicios médicos a más de 1.2 millones de beneficiarios de bajos ingresos, mientras sólo recibía $280 millones del gobierno federal para ese propósito”.
“A pesar de que el trato de Puerto Rico bajo Medicaid ha mejorado sustancialmente desde el año 2009, aún no está cerca del trato que tienen los estados y continúa siendo profundamente desigual. El primer aumento de fondos fue resultado de la Ley de Recuperación y Reinversión Americana (ARRA) de 2009, la cual aumentó el tope anual de Puerto Rico en un 30 porciento—de cerca de $280 millones al año a alrededor de $364 millones anuales. Ese aumento duró del primer trimestre del año fiscal 2009 hasta el tercer trimestre del año fiscal 2011” expresó Pierluisi.
Por otro lado, “en el 2010, el Congreso aprobó la Reforma de Salud federal, la cual perpetuó el trato discriminatorio hacia Puerto Rico bajo los programas federales de salud en varios aspectos clave. Por ejemplo, bajo la disposición principal de la reforma, millones de individuos y familias en los estados y el Distrito de Columbia pueden comprar un seguro de salud por medio de un centro de intercambio de seguros operado por el estado o por el gobierno federal, y bajo el cual el gobierno federal provee subsidios a quienes tengan un ingreso familiar por debajo de cierto nivel. Sin embargo, Puerto Rico y los demás territorios no pudieron establecer un centro de seguros local y no son elegibles a los centros de seguros operados por el gobierno federal”.
“Sin embargo, la Reforma de Salud federal sí hizo una cosa muy importante para los territorios. Específicamente, la ley proveyó un total de $7,300 millones en fondos de Medicaid adicionales para que los cinco territorios compartieran, y Puerto Rico recibe $6,300 millones de ese monto. Estos fondos, que son por encima del tope anual que Puerto Rico recibe, están disponibles para que Puerto Rico los reciba desde el cuarto trimestre del año fiscal 2011 hasta el final del año fiscal 2019. Asimismo, el FMAP de Puerto Rico fue elevado de 50 porciento a 55 porciento” indicó el Comisionado Residente.
“El beneficio de esto es que, en vez de recibir como $300 millones al año del gobierno federal, Puerto Rico ahora puede recibir desembolsos de entre $1,100 a $1,300 millones anuales. Esto es un aumento significativo, y tuvimos que luchar para cada centavo. Pero es menester recordar que Misisipí recibe $3,600 millones en fondos federales, Oklahoma recibe $3,000 millones y Oregón recibe $5,000 millones en fondos federales de Medicaid. Esos estados tienen poblaciones similares o menores a Puerto Rico y continúan teniendo contribuciones federales mucho más altas que nuestra Isla.
Pierluisi enfatizó en la carta dirigida al Presidente Obama, que dada la insuficiencia de fondos, el programa de Medicaid en Puerto Rico—aún después de la Reforma de Salud federal—sólo ha podido cubrir familias con un ingreso bruto modificado y ajustado de menos del 80 porciento del nivel de pobreza federal (FPL, en inglés), dependiendo del número de individuos en el hogar. En contraste, después de la Reforma de Salud federal, los estados y el Distrito de Columbia pueden cubrir a niños y a mujeres embarazadas en hogares que ingresan hasta 133 porciento del FPL, y los estados con beneficios expandidos de Medicaid también pueden cubrir adultos en edad productiva hasta 133 porciento del FPL.
El Comisionado Residente insta en su carta a que se lleve a cabo una reunión junto a él, representantes del gobernador de Puerto Rico, y funcionarios federales del Concilio de Política Pública Doméstica de la Casa Blanca, de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, del Departamento de Salud y Servicios Humanos, y del Departamento del Tesoro.
“Confío en que los funcionarios que ejecutan la política pública federal de ambos partidos políticos entiendan las consecuencias de la inacción para los ciudadanos americanos en Puerto Rico. Confío también en que estos funcionarios entiendan cuán importante es que se comience a formular un curso de acción ahora, en vez de esperar al 2016 o el 2017. Entiendo que la reunión que he solicitado es un primer paso necesario en este proceso. Exhorto a la Administración a incluir una propuesta legislativa en su presupuesto para el año fiscal 2017 en la que soliciten que el Congreso atienda este tema, y a trabajar para que la propuesta se convierta en ley” concluyó Pierluisi.
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