Agustín Santiago / EL VOCERO

Es una máxima que en momentos de crisis, se exacerba lo bueno y lo malo, tanto a nivel individual, como social. La sensibilidad es un fundamento de la empatía en estos tiempos de sacrificio para todos por igual. Un liderato sabio requiere de una transparencia en el ejercicio del poder, aplicándose la misma regla que le aplican a los(as) demás.

“No hagas a tu prójimo, lo que no te gustaría te hagan a ti” debiese reverberar en su conciencia. Mientras exista un doble vara al momento de ajustar el uso de fondos públicos por parte de la elite política, el malestar y la desconfianza del Pueblo se incrementa, mientras se socava la legitimidad de su autoridad. No pretendan cortar horas de trabajo y beneficios marginales a los que están abajo en el escalafón económico, mientras el o la gobernante viva en el lujoso Palacio de Santa Catalina con todos los gastos pagos por el Pueblo, los(as) ex – mandatario(as) siguen montados en su séquito de escoltas o se busca proteger pensiones y beneficios inauditos de su círculo cerrado al retirarse. El modelaje sigue siendo una herramienta de enseñanza, para bien o para mal.

Al igual que la Rama Ejecutiva y Legislativa, la Rama Judicial se ha visto azotada por el tsunami de la crisis fiscal. Luego de que el pleno bajo el juez presidente saliente Federico Hernández Denton en el 2014 garantizó que la Rama Legislativo no podía hacer ajustes a las pensiones a la Rama Judicial, so color de su independencia judicial, la actual jueza presidenta Fiol Matta ha tenido que promulgar una política de austeridad. Al asumir la presidencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) a ley de par de años de su retiro mandatorio, en lugar de poder disfrutar de la cúspide de su producción intelectual jurídica, tomó las riendas maltrechas en sus finanzas por las acciones inescrupulosas de sus antecesores.

En vias de hacer recortes para atajar la reducción en su presupuesto de cerca de $54 millones, la presidenta Fiol Matta se ha visto dando por terminado contratos leoninos de arrendamiento, recortando no solamente gastos superfluos, sino beneficios marginales de los demás jueces y empleados(as) de la Rama Judicial. A tales efectos, se enmendó el Reglamento del Sistema de Personal de la Rama Judicial, “para limitar, al momento de liquidación ante la separación del servicios público, el pago global de la licencia de vacaciones hasta 60 días, el pago global de la licencia de enfermedad hasta 90 días a aquellos empleados que se jubilen o que se separen del servicio público habiendo servido por lo menos 10 años.” (ER-2015-2, Resolución, Art. IV, 9 marzo 2015, p. 8).

En contraste, se dejó intacto el beneficio de los jueces asociados y presidentes al momento de retirarse del más alto foro judicial. “El Juez Presidente del Tribunal Supremo y las Juezas y Jueces Asociados del Tribunal Supremo que se desvinculen total y absolutamente del servicio por cualquier causa, recibirán una compensación final. Dicha compensación final será equivalente a treinta (30) días laborables por cada año de servicio en el cargo de Juez Presidente, de Jueza o Juez Asociado del Tribunal Supremo. En ningún caso dicha compensación excederá el equivalente a un (1) año de sueldo del cargo.” (EP-2001-07, Resolución, Regla 29, Pago de Licencia de Vacaciones y Enfermedad, 28 septiembre 2001, p.2). Es decir, los(as) jueces presidentes podrán recibir por concepto de liquidación hasta un pago global de $125,000, mientras los jueces asociados un total de $120,000, sin contar con sus jugosas pensiones que recibirán por vida.

La crisis fiscal en Puerto Rico, aparenta sacar el monstruo de quienes equivocadamente piensan que son intocables ante los sacrificios económicos que les imponen a las castas de menor jerarquía. La elite de la oligarquía política en Puerto Rico, se convierte en verdugos de sus súbditos. Reproducen una falsa noción como hacendados azotando con el látigo de su poder a sus peones, en garantía que no se les rasguñe un ápice de la “dolce vita” de quienes se piensan sus amos. Amenazado(as) sus privilegios de clase, se desinfla la nube filantrópica de la elite política en que acojinan su falsa noción de bondad hacia el dolor ajeno. Exigir autonomía fiscal para ejercer la independencia judicial, no es un escudo para abusar de su poder constitucional. La separación de poderes no es un cheque en blanco, sin tener que rendir cuentas ante el Pueblo que es el Soberano. No confundan el servicio público, con castas de una monarquía inexistente. ¡En una democracia somos todo(as) iguales ante la ley!

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.