Si los acreedores del Estado Libre Asociado (ELA) buscaban disipar las interrogantes sobre un cambio en los acuerdos de las notas de obligaciones generales (GO´s), ayer tuvieron que retirarse del salón de conferencias de Citi Group en Nueva York, igual que como entraron.
Nadie dijo que no se trastocarían los contratos de los bonos garantizados por la Constitución, una señal que podría adelantar la magnitud de reclamaciones en litigios prolongados y el arrastre de la demás deuda que no contiene protecciones “intocables” como las que se imaginaban hasta ahora para los GO´s.
Tras culminar la presentación del informe ya conocido de la economista y exfuncionaria del Fondo Monetario Internacional (FMI), Anne Krueger, economistas y analistas consultados por EL VOCERO, concurrieron en que se dijeron verdades conocidas y estuvieron ausentes las propuestas, así como las aclaraciones que todos buscan desde hace algún tiempo.
El analista financiero y director gerencial de la firma NewOak en Nueva York, Triet Nguyen, dijo que la presentación fue “un refrito”. “Yo no creo que ayudó a tranquilizar a los tenedores de bonos en absoluto”, expresó Nguyen, y agregó que “estábamos más interesados en lo que no se dijo: ´Los bonos GO´s están protegidos constitucionalmente’. El señor Millstein podría haber confirmado eso pero eligió no hacerlo. Un poco fue una pérdida de tiempo, pero lo esperábamos”.
La economista Heidi Calero fue contundente al decir que “nos decepcionó y esperábamos escuchar detalles del plan a los bonistas, y lo que escuchamos fue un diagnóstico y que aquí todo el mundo va a perder”.
“A mí me gustaría que me presentaran el cuadro de los pagos que hay que hacer en agosto y en septiembre, por ejemplo, los GO´s que no deberían estar en juego porque la constitución es clara. Esos pagos no pueden estar en tela de juicio y no se aclaró nada”, sostuvo Calero. “Se preguntó cuáles son las prioridades y no se dijo que era pagar la deuda constitucional”.
La misma observación la hizo el economista Elías Gutiérrez, y comentó que en términos generales “yo no esperaba que fueran tan certeros en todas las instancias… yo no puedo identificar un punto donde pueda decir que están incorrectos, pero no hay un plan. Ahora viene la plaga de los abogados, y si esto no se ve en términos económicos, sabrá Dios el ‘boyete’ que va a haber”.
Gutiérrez indicó que se habla de una junta de control fiscal que describió como “un embeleco”, mientras todo apunta hacia negociaciones múltiples lo cual anticipa un panorama más complicado para renegociar la deuda que sea. “Lo que viene es el empobrecimiento y desaparición de la clase media. No hay nada para estimular la producción ni poner a andar la economía”.
A esto, Calero argumentó que si en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no han conseguido un plan a un año de hablar de la reestructuración, entonces el plan para toda la deuda a septiembre como se ha predicado, “no es real”.
El abogado analista y especialista en quiebras, John Mudd, describió la presentación como “un insulto a la inteligencia”, y puntualizó que al final del día “no se sabe qué tipo de bonos se van a negociar y eso sugiere que va a ser todo”.
Según Mudd, la comentada junta de control fiscal podría ser inconstitucional porque delega las funciones que le corresponden al gobernador que fue electo. También cuestionó que en septiembre no podrá haber un plan coherente, que además requerirá ir a la legislatura. Cuando se habla de retrasar pagos y extender deudas, tampoco se sabe “en qué van a invertir lo que se economicen en pagos”.
Nguyen, por el contrario, expresó que “nos alienta que se está considerando la idea de una junta de control financiero, para garantizar el cumplimiento de los términos de cualquier acuerdo, independientemente de qué partido está en el poder”.
Ayer, al caer la tarde en Manhattan, The Wall Street Journal reportaba que algunos bonos de Puerto Rico vendidos el año pasado cotizaban a unos 70.75 centavos de dólar, un poco por encima de los 70.5 centavos de dólar registrados antes de comenzar la comentada reunión. El mismo periódico indicó que al 30 de junio, luego del discurso del gobernador Alejandro García Padilla, cuando advirtió que la deuda de $73,000 millones es impagable a los términos originales, los bonos cayeron hasta los 64 centavos de dólar.
Carlos Antonio Otero, EL VOCERO
Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.
Crónica: Sin “alivio” ante crisis económica
Con un déficit fiscal de 3,650 millones, alto desempleo y una deuda pública de más de 72 mil millones de dólares calificada como “impagable”, el gobierno de Puerto Rico se expone a la bancarrota en medio de la peor crisis económica de las últimas cinco décadas, mientras la población sufre una disminución acelerada de sus ingresos, lo que ha llevado a miles a buscar protección bajo la ley de quiebra.
La economía puertorriqueña ya alcanza nueve períodos consecutivos en crecimiento negativo, desde 2006, con proyecciones de seguir en esa ruta desfavorable.
La recesión económica ha llevado al cierre de negocios, despidos y reducción de horas en el sector privado, dejando a miles de trabajadores en la angustia del desempleo y a muchos otros, que conservaron sus puestos, sufriendo la reducción de ingresos.
Actualmente la ocupación laboral en la isla es de sólo 39 por ciento y la creación de empleos es deficitaria.
Cada día crece en Puerto Rico el número de personas que solicitan ayudas a programas de asistencia, tales como vales para el pago de alquiler de vivienda (Plan 8) y cupones para compra subsidiada de alimentos, pese a la disminución de los fondos federales provenientes de Estados Unidos.
Las entidades bancarias en Puerto Rico han reposeído unas 9,000 propiedades residenciales –con valor conjunto de 909 millones de dólares– ante la imposibilidad de sus dueños de cumplir con los pagos del financiamiento.
Otras 19,000 propiedades, por 2,000 millones de dólares, están en proceso de ejecución, según el Boletín de Puerto Rico.
A esto se agrega que muchos puertorriqueños se han ido con maletas y familia hacia Estados Unidos, sin fecha de regreso y con la meta de recuperar la estabilidad económica perdida.
A la pérdida de ingreso personal se suma el alza en el costo de vida, con aumento en la factura eléctrica, la gasolina y la canasta familiar, además del incremento de 7 a 11.5 por ciento del impuesto a las ventas y uso (IVU), que desde el pasado 1 julio grava aún más los bienes y servicios.
El estilo de vida derivado de los salarios se resquebraja en medio de una crisis que muchos economistas describen como “estructural”, por el agotamiento de una economía poco diversificada y de alta dependencia foránea.
Atrás quedaron los días de bonanza que convirtieron a este Estado Libre Asociado (ELA) a Estados Unidos en imán para aquellos que perseguían el llamado “sueño americano”.
La falta de ingresos ha llevado a miles de puertorriqueños y de inmigrantes residentes en el país a presentar declaración de quiebra, impotentes ante la imposibilidad de pagar sus deudas.
Según datos del Boletín de Puerto Rico, 10,716 personas presentaron quiebras en 2014 y alrededor de 221 empresas, entre restaurantes, cafeterías, colmados, salones de belleza y otros negocios de servicio cerraron sus puertas.
“Aquí se acabó la práctica de gastar más de lo que se tenía”, afirmó, como dictando una sentencia, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, al presentar el presupuesto para el año fiscal 2015-2016 con recortes de 674 millones de dólares.
Con esas palabras, García Padilla describe el preocupante estado de la economía boricua, altamente endeudada, que hoy parece tocar fondo con bonos varias veces calificados “chatarra” y sin dinero siquiera para hacer frente a muchos gastos operativos del Gobierno.
Tampoco hay dinero, en las condiciones fiscales actuales, para sostener el pago de la deuda pública, con el agravante de que los mercados financieros rehusan seguir prestando al ELA.
En un escenario políticamente caldeado y marcado por una gran incertidumbre, García Padilla reconoció que la deuda pública de Puerto Rico de 73,000 millones, “es impagable”, aunque hasta el momento se ha cumplido con las acreedores, luego de un abono de cerca de 900 millones de dólares.
“Tendríamos que escoger entre pagarle a los policías, maestros y enfermeras o pagar la deuda” con los bonistas, subrayó el gobernador, quien solicitó a los acreedores un proceso de negociación, que comenzó este lunes con una reunión de orientación en Nueva York, para una moratoria de los pagos.
Para evitar del colapso, los asesores financieros contratados por el gobierno de Puerto Rico, incluida la economista Anne Krueger, ex funcionaria del Fondo Monetario Internacional (FMI), contemplan un programa de “ajustes” a 10 años.
Esta receta implica una política neoliberal de aumentar impuestos a la gente y a las empresas; recortar hasta 2,000 millones de dólares en gastos públicos y buscar alguna renegociación de la deuda con los bonistas.
“Los problemas son estructurales, no cíclicos, y como tal, no van a desaparecer”, advirtieron los asesores en su informe sobre la situación actual del país.
Pese a la gravedad de la crisis, el gobierno del presidente Barack Obama indicó esta semana, a través de un portavoz de la Casa Blanca, que está dispuesto a seguir prestando colaboración técnica a esta isla del Caribe, pero aseguró que no “contempla un rescate”.
QUIEBRA COMO SALVAVIDAS
Ante el cuadro de emergencia y déficit, el gobernador García Padilla intentó declarar la isla en bancarrota para reajustar las finanzas, pero no pudo, ya que una ley federal impide a las empresas públicas puertorriqueñas acceso al capítulo 9 de Quiebra vigente en Estados Unidos.
Además, una ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas aprobada por la Asamblea Legislativa fue declarada nula por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico bajo el argumento de que se trata de un campo ocupado por la normaiva federal.
Esto fue ratificado por el Tribunal del Circuito de Apelaciones de Boston, a pesar de que la isla no está protegida por la legislación estadounidense.
La incertidumbre generada por la crisis económica sigue empujando a muchos a abandonar la llamada isla del Encanto, por lo que, según datos del Censo federal unas 70,000 personas se han marchado de Puerto Rico desde 2013 hacia Estados Unidos, ubicando su residencia principalmente en el estado de la Florida.
Inter News Service (INS) es una agencia de noticias, fundada por el periodista Nelson del Castillo y que tiene su base en San Juan de Puerto Rico.
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