Con un déficit fiscal de 3,650 millones, alto desempleo y una deuda pública de más de 72 mil millones de dólares calificada como “impagable”, el gobierno de Puerto Rico se expone a la bancarrota en medio de la peor crisis económica de las últimas cinco décadas, mientras la población sufre una disminución acelerada de sus ingresos, lo que ha llevado a miles a buscar protección bajo la ley de quiebra.
La economía puertorriqueña ya alcanza nueve períodos consecutivos en crecimiento negativo, desde 2006, con proyecciones de seguir en esa ruta desfavorable.
La recesión económica ha llevado al cierre de negocios, despidos y reducción de horas en el sector privado, dejando a miles de trabajadores en la angustia del desempleo y a muchos otros, que conservaron sus puestos, sufriendo la reducción de ingresos.
El Batateo en los Departamentos y Agencias, y los Contrateros Amigos del Alma, se acrecentan día a día con AGaPito
Actualmente la ocupación laboral en la isla es de sólo 39 por ciento y la creación de empleos es deficitaria.
Cada día crece en Puerto Rico el número de personas que solicitan ayudas a programas de asistencia, tales como vales para el pago de alquiler de vivienda (Plan 8) y cupones para compra subsidiada de alimentos, pese a la disminución de los fondos federales provenientes de Estados Unidos.
Las entidades bancarias en Puerto Rico han reposeído unas 9,000 propiedades residenciales –con valor conjunto de 909 millones de dólares– ante la imposibilidad de sus dueños de cumplir con los pagos del financiamiento.
Otras 19,000 propiedades, por 2,000 millones de dólares, están en proceso de ejecución, según el Boletín de Puerto Rico.
A esto se agrega que muchos puertorriqueños se han ido con maletas y familia hacia Estados Unidos, sin fecha de regreso y con la meta de recuperar la estabilidad económica perdida.
A la pérdida de ingreso personal se suma el alza en el costo de vida, con aumento en la factura eléctrica, la gasolina y la canasta familiar, además del incremento de 7 a 11.5 por ciento del impuesto a las ventas y uso (IVU), que desde el pasado 1 julio grava aún más los bienes y servicios.
El estilo de vida derivado de los salarios se resquebraja en medio de una crisis que muchos economistas describen como “estructural”, por el agotamiento de una economía poco diversificada y de alta dependencia foránea.
Atrás quedaron los días de bonanza que convirtieron a este Estado Libre Asociado (ELA) a Estados Unidos en imán para aquellos que perseguían el llamado “sueño americano”.
La falta de ingresos ha llevado a miles de puertorriqueños y de inmigrantes residentes en el país a presentar declaración de quiebra, impotentes ante la imposibilidad de pagar sus deudas.
Según datos del Boletín de Puerto Rico, 10,716 personas presentaron quiebras en 2014 y alrededor de 221 empresas, entre restaurantes, cafeterías, colmados, salones de belleza y otros negocios de servicio cerraron sus puertas.
“Aquí se acabó la práctica de gastar más de lo que se tenía”, afirmó, como dictando una sentencia, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, al presentar el presupuesto para el año fiscal 2015-2016 con recortes de 674 millones de dólares.
Con esas palabras, García Padilla describe el preocupante estado de la economía boricua, altamente endeudada, que hoy parece tocar fondo con bonos varias veces calificados “chatarra” y sin dinero siquiera para hacer frente a muchos gastos operativos del Gobierno.
Tampoco hay dinero, en las condiciones fiscales actuales, para sostener el pago de la deuda pública, con el agravante de que los mercados financieros rehusan seguir prestando al ELA.
En un escenario políticamente caldeado y marcado por una gran incertidumbre, García Padilla reconoció que la deuda pública de Puerto Rico de 73,000 millones, “es impagable”, aunque hasta el momento se ha cumplido con las acreedores, luego de un abono de cerca de 900 millones de dólares.
“Tendríamos que escoger entre pagarle a los policías, maestros y enfermeras o pagar la deuda” con los bonistas, subrayó el gobernador, quien solicitó a los acreedores un proceso de negociación, que comenzó este lunes con una reunión de orientación en Nueva York, para una moratoria de los pagos.
Para evitar del colapso, los asesores financieros contratados por el gobierno de Puerto Rico, incluida la economista Anne Krueger, ex funcionaria del Fondo Monetario Internacional (FMI), contemplan un programa de “ajustes” a 10 años.
Esta receta implica una política neoliberal de aumentar impuestos a la gente y a las empresas; recortar hasta 2,000 millones de dólares en gastos públicos y buscar alguna renegociación de la deuda con los bonistas.
“Los problemas son estructurales, no cíclicos, y como tal, no van a desaparecer”, advirtieron los asesores en su informe sobre la situación actual del país.
Pese a la gravedad de la crisis, el gobierno del presidente Barack Obama indicó esta semana, a través de un portavoz de la Casa Blanca, que está dispuesto a seguir prestando colaboración técnica a esta isla del Caribe, pero aseguró que no “contempla un rescate”.
QUIEBRA COMO SALVAVIDAS
Ante el cuadro de emergencia y déficit, el gobernador García Padilla intentó declarar la isla en bancarrota para reajustar las finanzas, pero no pudo, ya que una ley federal impide a las empresas públicas puertorriqueñas acceso al capítulo 9 de Quiebra vigente en Estados Unidos.
Además, una ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas aprobada por la Asamblea Legislativa fue declarada nula por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico bajo el argumento de que se trata de un campo ocupado por la normaiva federal.
Esto fue ratificado por el Tribunal del Circuito de Apelaciones de Boston, a pesar de que la isla no está protegida por la legislación estadounidense.
La incertidumbre generada por la crisis económica sigue empujando a muchos a abandonar la llamada isla del Encanto, por lo que, según datos del Censo federal unas 70,000 personas se han marchado de Puerto Rico desde 2013 hacia Estados Unidos, ubicando su residencia principalmente en el estado de la Florida.
Inter News Service (INS) es una agencia de noticias, fundada por el periodista Nelson del Castillo y que tiene su base en San Juan de Puerto Rico.
Deuda: ¿Callejón sin salida?
Sube el telón en la obra en la Gran Manzana de la ciudad de Nueva York: “Puerto Rico-el altar del sacrificio”. En la jerigonza gubernativa que reitera que todos los sectores, menos la elite política, habrán de asumir su responsabilidad ante el posible impago de la deuda pública, se evita hablar claro en torno al plan de medidas de austeridad adicionales que habrán de imponernos. Más allá del aumento en los costos de los servicios básicos y los impuestos– llámese IVU en el muelle, IVU agrandado que se transformará en IVA en cuestión de meses—y hasta embargos a cuentas bancarias para cobrar deudas a Hacienda, ¿se asoman o no ajustes en jornadas de trabajo, salarios y beneficios adquiridos? ¿Se avecina la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados? ¿Se tendrá la osadía de aumentar impuestos a la propiedad privada que el gobierno con sus propias acciones ha provocado su devaluación? En un país en que solamente el 40% de la población adulta trabaja, el informe Krueger, Teja y Wolfe (Puerto Rico- A Way Forward, 2015) reitera la consabida noción “estructural” de que el salario mínimo federal es demasiado alto para que patronos lo puedan asumir, sin achicar su margen de ganancia. La trampa colonial del desempleo: vivir del sistema benefactor de fondos federales recibiendo un promedio de $1,743 mensuales, en contraste con algunos $1,159 de lograr encontrar trabajo remunerado (Ibid, p. 6-7).
El reparto de protagonistas representantes del gobierno de Puerto Rico que invitan a la gran mesa de negociación de la deuda pública siguen su libreto al dedillo. Sus actuaciones públicas trazan un camino peligroso, en que los tenedores de bonos en Puerto Rico son llevados al altar sacrifical. Entra a escena personajes de calibre internacional —Krueger, Teja y Wolfe y el bufete Cleary Gottlieb Steen & Hamilton— contratados contradictoriamente por el país a punto de bancarrota. Primer paso es validar el posible impago de una deuda pública de cerca de $73 billones que se avecina, si no se va a la mesa de negociación para su reestructuración. En aras de atraer a los acreedores, se advierte que dicha deuda pública ha sido subestimada por la forma en que se había segmentado como parte de su estrategia errada de contabilidad pública, dejando fuera del cómputo global la deuda de otras agencias, entidades gubernamentales como el propio BGF y corporaciones públicas que son brazos operativos del gobierno (Ibid, p. 11).
A sabiendas que no todo los pagos se vencen simultáneamente, se crea el nivel de histeria colectiva para evitar llegar al impago. Luego de abonar hacia la inestabilidad mediante información que se publicase en el New York Times (28 junio 2015), el país fue testigo de que una vez se levantó el oleaje del posible impago, el gobierno sí pagó una deuda billonaria que se vencía. La estela de la desconfianza y la falta de credibilidad en la palabra maltrecha del gobierno de Puerto Rico quedó internacionalizada. Abonando al esquema peligroso, se propicia adrede la degradación de valor de bonos, para forzar su venta en el mercado a precio de descuento. El baratillo logra la venta de instrumentos para generar a corto plazo un ingreso que devuelva la liquidez al Banco Gubernamental de Fomento, a costa de la pérdida que sufren los tenedores originales de bonos que quedaron pillados.
Agotado los intentos de abrir caminos dirigidos a reorganizar la deuda pública en tribunales de quiebra inexistentes para el territorio-colonial de Puerto Rico, se va trazando el camino legal en acciones de incumplimiento contractual. El Bufete Cleary, et al, claramente ha trazado su plan para un posible litigio garantizando su propia sustentabilidad que seguirá desangrando las arcas de Puerto Rico. El rincón de la posible controversia legal que se augura es la calle sin salida de “Pacta sunt servanda” vs “Rebus sic stantibus”. Es decir, paga según pactado si no puedes probar una situación imprevisible que afecta no poder cumplir con obligaciones contraídas. La debacle fiscal producto de la irresponsabilidad administrativa en el malgasto, despilfarro, falta de fiscalización adecuada y corrupción, posiblemente no eximen del pago a la deuda. No importa cuán precaria es la situación fiscal, si no se logra probar que la situación era imprevisible, los tribunales tomarán decisiones a partir de la doctrina “paga según pactado”. Finalmente, como en el caso del impago de Argentina, ¿serán los tribunales en la Gran Manzana que descorrerán el velo de la irresponsabilidad del Estado por su negligencia crasa?
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