Debacle absoluta. Así se podría resumir el manejo de la situación fiscal de Puerto Rico, timoneado por la principal oficial financiera del gobierno y presidenta del Banco Gubernamental de Fomento,  Melba Acosta Febo.

En toda esta crisis, centrada en una deuda pública de $73,000 millones que el gobernador  Alejandro García Padilla  declaró tardíamente como impagable, las culpas son compartidas por el Ejecutivo y la Legislatura.

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Para empezar, el gobernador tardó demasiado tiempo en declarar que la deuda era impagable y, cuando lo hizo, agregó la frase “en los términos en que está estructurada”, para dar paso al reclamo de reestructuración con los bonistas.

Como todos recordamos, en enero de 2013, García Padilla había rehusado fijar responsabilidades a pesar del caos fiscal arrastrado de la administración de  Luis Fortuño, pronunciando la frase lapidaria de que “hay que pasar página”.

Además de la declaración tardía sobre la imposibilidad de pagar la deuda, el gobernador presentó también tarde, en mayo, el presupuesto gubernamental, lo que le dio a la Legislatura un mes escaso para considerarlo y aprobarlo, en medio del acoso de los bonistas.

Aunque la Asamblea Legislativa hizo cambios en las partidas presupuestarias, al final mantuvo la misma cantidad global que propuso el gobernador en su recomendación, $9,800 millones.

Paralelamente, la Legislatura aprobó un dramático aumento en el Impuesto sobre Ventas y Usos (IVU), del anterior 7% a 11.5%, sin alivios para los contribuyentes. García Padilla propulsó originalmente un Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 16%, acompañado de alivios contributivos, que luego accedió a bajar a 14%, pero la Legislatura lo colgó.

De paso, la Legislatura también colgó la reorganización del Departamento de Hacienda, esencial para darle la eficiencia que necesita para captar con la nueva tasa más del 60% que apenas conseguía con el IVU de 7 por ciento.

En tanto, Acosta Febo es la principal oficial financiera del gobierno, lo que la convierte en la consejera senior del gobernador. Sin embargo, al nombrarla presidenta del BGF, arrastraba el lastre de su labor en el Departamento de Hacienda, en el que no hizo buen trabajo, lo que quedó manifiesto cuando su sucesor,  Juan Zaragoza, su hombre de confianza y escogido por ella para reemplazarla, reconoció cándidamente que en esa agencia “no se sabe la hora que es”.

Bajo Acosta Febo, el BGF contrató a varios bufetes especializados en reestructuración de deuda, como Cleary GottliebSteen & Hamilton, al que firmó por $1.3 millones en abril de 2014, pero a junio de 2015 le había pagado cerca de $20 millones, según se publicó recientemente.

Cleary, a su vez, subcontrató por $400,000 a la economista  Anne O. Krueger, exdirectora gerencial del Fondo Monetario Internacional, quien junto a dos excolegas del FMI recomendó la reestructuración de la deuda y reformas laboralesdrásticas.

En el BGF el ambiente está caldeado. Con el inicio del año fiscal se hizo efectiva la renuncia del banquero  David Chafey  a la presidencia de la Junta de Directores y esta semana le siguieron otros tres miembros del organismo: Joaquín Viso, Rafael Rovira  y  Néstor de Jesús Pou. La renuncia del trío ocurrió el miércoles, justo el día en que el BGF no pudo depositar los $94 millones que debía agregar a la reserva para el pago del plazo de su propia deuda que vence el 1 de agosto.

Acosta Febo se desentendió de la renuncia en masa, pero responsabilizó a la Legislatura de que no le asignara los $94 millones. El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara,  Rafael “Tatito” Hernández, le salió al paso diciéndole que ella debió llegar a un acuerdo con sus acreedores.

Mientras tanto, García Padilla insiste en soluciones que tienen muy pocas probabilidades de éxito. Cuando el Circuito de Apelaciones de Boston confirmó la inconstitucionalidad de la quiebra criolla, decidió apelar al Tribunal Supremo federal. Y aunque la Cámara federal le cerró el paso al proyecto del comisionado residente  Pedro Pierluisi  sobre el Capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras, cabildeó para que diez miembros de la minoría demócrata del Senado lo radicaran en ese cuerpo.

A una semana del aniversario 63 del Estado Libre Asociado, un nuevo grupo, la Alianza para la Libre Asociación Soberana (ALAS), atribuye la crisis a la indefinición política y revive la asamblea constitucional de status como mecanismo de solución.

García Padilla tiene la palabra.

(irene.garzon@gfrmedia.com)