Imprescindible cuidar el trabajo del Tercer Sector
Los informes de que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) ordenó congelar con carácter inmediato parte del presupuesto destinado a las organizaciones sin fines de lucro ocupadas en suplir servicios, vuelve a demostrar que, en momentos tan críticos, se acentúa desde el Gobierno un trastoque de prioridades fiscales y sociales.
Dicha desviación de objetivos meritorios dificulta encaminar un verdadero desarrollo duradero para todos sus ciudadanos. Otra vez, y sin previo aviso, ante la incompetencia en identificar lo que representan verdaderos gastos en las agencias -desde vehículos y otras comodidades hasta contratos innecesarios, por mencionar algunos ejemplos- es a todas luces la insensibilidad la que echa mano de la tijera a partidas de fondos que sí son necesarias para mitigar los problemas sociales causados por un sistema anquilosado, acomodaticio y desigual, que es lo que debería aprovechar el Gobierno para cambiar.
Según la administradora de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción, Carmen Graulau, con la orden de congelar $1,172,000 del total de presupuesto de las asignaciones especiales para esa agencia, OGP pretende generar una reserva que cubra la eventualidad previsible de que el Gobierno no alcance a recaudar los fondos que proyectó.
Para Luis A. Ferré «Los Humildes Son Primero»
Ello es previsible, porque hasta ahora no han trascendido medidas extraordinarias para reforzar la fiscalización y captación de recaudos que dejan de llegar a las arcas públicas debido a la evasión. Y porque tampoco se concreta la voluntad de recortar con la misma celeridad que a las organizaciones sin fines de lucro, millonarios contratos adjudicados para cuestionables asesorías.
Corresponde así recordar que lo que más necesita el País es la articulación de un plan responsable y práctico, que sume al Tercer Sector como un socio en el desarrollo social y económico, así como en el saneamiento fiscal.
Basta echar una mirada nuevamente a un informe revelado en mayo por la firma de consultoría Estudios Técnicos que mostró que las organizaciones del Tercer Sector sirven a unas 700,000 personas, el 20 por ciento de la población en Puerto Rico, a un costo siete veces menor que el Gobierno. La mayoría de esa población servida está compuesta por jóvenes.
Del mismo estudio se desprende que, al contrario del propio Gobierno, estas organizaciones han aprendido a diversificar sus fuentes de ingresos y su oferta, hasta el punto de contar hoy con una nómina de más de $2,200 millones y gastos globales anuales que aportan el 6.6% a nuestro Producto Bruto Nacional. Eso, sin contar el creciente tejido de solidaridad y responsabilidad ciudadana que genera este sector, con el respaldo de unos 381,481 voluntarios, cuya labor equivale a más de 23,000 empleos a tiempo completo y $356 millones.
El impacto y la importancia de este sector es tema, precisamente esta semana, de una conferencia de expertos de América Latina y el Caribe que se celebra en Puerto Rico, organizada por la International Society for Third Sector Research en torno a los temas de desigualdad, inclusión e innovación social.
Debería aprender más el Gobierno de estas organizaciones en vez de insistir en amarrarles las manos. Por ejemplo, este sector opera a base de planes estratégicos medibles, evaluados y revisados periódicamente, centrados en calidad y eficiencia. Estas organizaciones, en su mayoría, utilizan modelos creativos y promotores de la educación como valor fundamental para el desarrollo y el apoderamiento.
En esta coyuntura de precariedad, en vez de empecinarse por mantener el curso que profundice la crisis económica y social a la que aún no encuentra salida, conviene que el Gobierno se enfoque en revisar las estructuras que acrecientan nuestros problemas comunes. Uno de los primeros pasos tiene que ser fortalecer, en vez de debilitar, las organizaciones del Tercer Sector.
Pasó el 3 de agosto de 2015. Por primera vez en la historia del Estado Libre Asociado, Puerto Rico fallaba en hacer un pago de su deuda. Ese mismo día, el Gobierno le informaba al mercado que suspendía los abonos mensuales que se hace a la cuenta desde la que, en su momento, se paga la deuda constitucional. Parecía que se hubieran desatado, ese día, y a esa hora, las fuerzas del Apocalipsis.
En cuestión de minutos, los noticieros y las redes sociales se llenaron de titulares tremebundos de los medios más importantes del mundo anunciando que Puerto Rico había caído en impago. “El impago pone de lleno en el horizonte una terrible tormenta legal y financiera”, dijo The Economist, la principal revista financiera del mundo.
Todo el drama, el miedo, toda la ansiedad a la que hemos estado sometidos durante los pasados años cristalizó, así, en el momento en que transcurrió la fecha del 3 de agosto y el Gobierno no pagó. A nosotros la noticia no nos sorprendió demasiado. Por Dios que se veía venir hace tiempo. La confirmación nos llegó en una ardiente tarde de verano con asuntos más concretos, como el racionamiento de agua, ocupándonos el espíritu.
Algo que tampoco nos sorprendió, aunque, en honor a la verdad, sí era algo que debíamos haber notado, fue la ausencia del gobernador Alejandro García Padilla durante esa complicada jornada. García Padilla estaba de vacaciones en Colorado con su familia, a lo que tiene derecho, como todo asalariado. Lo que pasa es que un gobernador no es cualquier asalariado.
Aquí lo hemos olvidado de tanto que nos ha faltado, pero un gobernador no es solo el jefe de la Rama Ejecutiva, el poder nominador de la Rama Judicial, el jefe político de su delegación legislativa, el que firma leyes, el presidente de su partido, cosas así. El gobernador debe ser, además, y entre muchas otras cosas, guía, inspiración, maestro, orientador, apaciguador, árbitro, conductor.
El gobernador, en pocas palabras, debe ser un líder.
Nunca habíamos notado tanto la ausencia de ese líder como durante este tiempo de tribulaciones. Nunca tanto como esta semana en que nos azotó el impago, en que como consecuencia de la crisis fiscal empezaron a tambalearse instituciones centrales en la vida económica del país como son las cooperativas, en que queda expuesto el desplome de nuestra infraestructura con un cruento racionamiento de agua que tiene muy poco que ver con la sequía y mucho con la incompetencia, entre muchos otros desafíos.
De la manera natural en que llega una mañana, pues, nos llegó esto: se convirtieron de repente en certezas las dudas sobre la capacidad de liderato que siempre han acompañado como una sombra a García Padilla.
En el mundo ideal, habríamos tenido esta semana a un líder con las mangas enrolladas y la corbata suelta, explicando, guiando, apaciguando al país, mostrando la ruta, dando cara ante el mundo, representándonos, no dejándole el espacio de debate abierto a los que nos quieren mal.
Lo que vimos, en cambio, fue una ausencia monumental.
Las dudas sobre la capacidad de liderato de García Padilla se habían estado fermentando durante un tiempo. Lo vimos clarito en agosto de 2012, cuando el país, menos el PNP, se levantó en contra de la propuesta de limitar el derecho absoluto a la fianza y García Padilla, entonces candidato al frente en las encuestas, decidió marginarse de un debate tan trascendental solo para no comprometerse.
Las hemos visto también a lo largo de este cuatrienio, sobre todo en lo que se refiere a sus relaciones con una legislatura dominada por su propio partido y que de un tiempo hacia acá parecería que no le cree ni el ave maría. Así pasó con la crudita, que no logró que sus legisladores se lo aprobaran a tiempo e incluso necesitó una ayudita del bando de los azules para que pasara.
Pasó con el proyecto principal de su administración, con la piedra angular de su plan de reconstrucción económica: la reforma contributiva anclada en un impuesto al valor agregado del 16%. Después de un largo y tortuoso proceso, de librar batallas en varios frentes, de dejar el cuero tratando de que el país y su propio partido lo entendieran y le creyeran, se quedó corto y la propuesta fue derrotada.
Se está viendo, incluso, en el rol de García Padilla como presidente del PPD. Temeroso, al parecer, de que la Junta de Gobierno, el organismo rector de la colectividad, se le llene de opositores, no la ha reunido ni convocado a elecciones internas y le dio algunas de sus funciones a un comité ejecutivo que llenó con personas leales a él.
Ejercer liderato en Puerto Rico no es fácil. El tema del status nos hiende de manera irreparable, porque se trata nada más y nada menos de lo que cada cual cree que el país debe ser mañana. No hay líder que anclado en una de las ideas de status pueda aglutinar a todo el país. Ejercerlo en tiempos de crisis es más difícil aún, pues se desplazan las certezas y cada cual anda buscando culpables hasta debajo de las piedras.
Pero de eso precisamente se trata el liderato grande, de reconocer la naturaleza del pueblo al que dirige y del tiempo en que lo hace, levantarse sobre las limitaciones de ocasión y darle guía y certeza.
No lo tenemos. No lo hemos tenido hace mucho. No se ve en el panorama. Quizás no lo hemos tenido nunca. Aquí hablan de Luis Muñoz Marín, pero se olvidan de que mientras fungía como gigante de la democracia perseguía indiscriminadamente a independentistas y consentía en que Estados Unidos lo hiciera.
García Padilla no ha demostrado hasta ahora que pueda serlo. El país necesita un guía, pero García Padilla hasta hace muy poco no hablaba con total claridad hasta sobre la magnitud de los problemas, se pone a interpretar de manera acomodaticia las cifras del desempleo, dice una cosa y otra mañana, entre muchos otros desaciertos. Se desaparece por días o por semanas. No se ve presente, aquí con nosotros, librando esta batalla.
Le queda año y medio para aprender, si es que ser líder se puede aprender.
(benjamin.torres@gfrmedia.com, Twitter.com/TorresGotay, Facebook.com/TorresGotay)
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