El denominado “hair cut” o recorte de deuda que proponga el gobierno una vez inicie la reestructuración de todas sus obligaciones, es lo que mantiene en vilo a los bonistas -sobre todo a los compradores locales- quienes buscarán
recobrar el 100% de sus inversiones, pero en cuyos casos más dramáticos sus valores rondan por debajo de los 20 centavos.
Aunque no existe un plan concreto de reestructuración, el cual deberá estar listo a septiembre 1, la caída en el valor de los bonos podría ser lo que utilice el gobierno como pie forzado para tantear lo que está dispuesto a pagarle a sus
acreedores, opinaron fuentes financieras consultadas por EL VOCERO.
Sila/AAV Multiplicaron la Deuda de Puerto Rico Sin Obras – de $27 Billones a $69 Billones Sin Obras – Los Mayores Por Mucho Culpables del Desastre
Utilizar ese valor actual, que en casos como la deuda de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, por sus siglas en inglés), la caída ha sido estrepitosa, pone en una situación de mayor riesgo a sus compradores y les
reduce la posibilidad de recobro.
Previo al incumplimiento en el pago de los $58 millones del PFC el pasado primero de agosto, el valor de estos bonos con vencimiento al 2024 ya traficaba a 14 centavos de dólar, de acuerdo con informes reseñados por Financial Times.
Mientras, bonos de deuda garantizada por la constitución del Estado Libre Asociado (ELA) como los de obligaciones generales (GO´s), cotizaban a los pocos días de ese impago a 70 centavos de dólar.
EL VOCERO cuestionó al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) si la negociación con los
bonistas será basada en el valor de sus inversiones al presente y no necesariamente en el 100% del valor original de la transacción, y si será igual con los acreedores del PFC, con amplios compradores locales, incluidas cooperativas.
En declaraciones escritas, la presidenta del BGF, Melba Acosta Febo, informó que “estas decisiones las tomaremos junto a nuestros consultores y banqueros según el proceso vaya transcurriendo”.
Aunque las alternativas de negociación pueden incluir moratorias en pagos y alargar los vencimientos, ante las expresiones del gobernador Alejandro García Padilla en junio, de que la deuda es impagable a los términos originales, “es altamente probable que haya un ´hair cut´”, analizó una de las fuentes.
Esta situación se complicará con cada tipo de deuda y sus compradores, ya que hay bonos comprados por individuos, entidades y fondos, que pagaron la cantidad original de la emisión. Por otro lado, están los fondos de cobertura o “hedge funds” que entraron al mercado de Puerto Rico en medio de la recesión y la crisis fiscal y alcanzaron a comprar deuda a precio descontado.
AGP con su inglés de tercer grado colgao es un bochorno para Puerto Rico.
Hasta ahora, en el caso de la reestructuración encaminada hace un año en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), las propuestas de los acreedores han surgido precisamente de los fondos de cobertura, los cuales también han levantado con éxito cuestionamientos legales ante la ley de quiebra criolla. Estos inversores compraron a descuento y buscan recobrar al mayor valor posible.
Aunque las fuentes financieras consultadas coinciden que en todo el proceso ha trascendido poca información de lo que busca hacer el gobierno, una de éstas mencionó que la desvalorización de las inversiones le permitiría al emisor poder negociar un descuento “menos malo” para los bonistas y menos oneroso para el ELA.
“Eso puede ser como te indican, pero el ambiente es buscar el 100% de lo que invirtieron. Aquí están todos los jugadores grandes preparados para llegar a los tribunales”, señaló otra de las fuentes.
Hasta la pasada emisión de $3,500 millones en marzo de 2014, toda la deuda proveía para su litigio en tribunales locales al ser el gobierno de Puerto Rico el emisor.
Pero, a esa deuda se le concedió amplias garantías a sus acreedores para poder litigar en tribunales de Nueva York y se renunció a la inmunidad soberana, lo cual ahora representaría una complicación y un gasto mayor para el ELA.
Eso sería así si finalmente se reestructura toda la deuda, incluso los bonos GO´s como fue la emisión del año pasado con garantías agrandadas.
La economista Heidi Calero, en una entrevista reciente con EL VOCERO, reiteró que “los mercados financieros están esperando que Puerto Rico haga los ajustes dolorosos que se necesitan y se muestre en serio. Por ejemplo, esa deuda de los GO´s nunca debió tener duda de si se va a reestructurar… aquí dimos una garantía constitucional y hay que cumplir”.
Precisamente, debido a esas garantías, ese ha sido el cuestionamiento constante al gobierno de si se pagará o no, pero hasta ahora la puerta se ha dejado abierta para incluir toda la deuda del ELA en la reestructuración.
Una vez inicie la renegociación, el gran debate deberá girar en torno a si el gobierno tiene o no la capacidad de repago, algo que algunos sectores de bonistas sostienen que sí. Del otro lado, Hacienda se mantiene con ingresos por debajo de sus proyecciones, al igual que el BGF y diferentes corporaciones públicas.
De llegar a los tribunales las reclamaciones de acreedores, el gobierno deberá producir datos fidedignos sobre sus ingresos y capacidad de recortes para cumplir con sus obligaciones, sin que se afecten adversamente los servicios esenciales.
Aunque hay recaudos que no desembocan en el Fondo General, una de las fuentes mencionó que existen ingresos que pudieran reclamarse como los de Carreteras, el impuesto a los cuartos de hotel y hasta los impuestos al ron, cuyos usos podrían debatirse en corte.
En el caso del PFC y el uso del Fondo para el Pago de Deuda de $275 millones, que fue legislado, igualmente existe dudas sobre su efectividad ante la falta de liquidez reclamada por el gobierno. Al no haber los ingresos esperados, tampoco llega a ese fondo el dinero que se consignó en papeles.
El legislador Luis Vega Ramos, comentó que la prioridad es el funcionamiento ordinario del gobierno y habrá que ver con cuánto cuenta en realidad el fondo para el pago de deuda.
“El problema es si en este momento ya ingresó un dinero en ese fondo. El año fiscal empieza con todos los gastos del gobierno y va recaudando en todo el año, y la mayoría se da en el segundo semestre… Ahora debe entrar algo del IVU, pero es una proyección”, manifestó Vega Ramos.
“A partir de la nueva sesión puede surgir gestión legislativa, pero si el ejecutivo no hace un pronunciamiento no hace sentido que el legislativo lo haga… mi posición es que el proceso de renegociación de deuda ya empezó y hay que sentarse a ver eso”, agregó el legislador del gobernante 
Partido Popular Democrático.
Carlos Antonio Otero, EL VOCERO
Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.
Instan pago a medias
Legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) coincidieron en que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no debe pagar la totalidad de los bonos que los mantienen en álgidas negociaciones con bonistas que ya comenzaron a amenazar con ir a los tribunales para recobrar el dinero prestado.
El presidente de la Comisión cameral de Pequeños y Medianos Negocios, Comercio, Industria y Telecomunicaciones, Javier Aponte Dalmau dijo que cuando comience la sesión el lunes, espera que se apruebe un informe en el que refiere al Departamento de Justicia a pasados administradores de la corporación pública por vender estos bonos que luego no fueron utilizados para infraestructura, como era el propósito.
Aponte Dalmau insistió en que la AEE debe mantenerse firme en no pagar la totalidad de estos bonos pues, dijo, fueron comprados a bajo precio precisamente por el riesgo que representaban.
“Los bonistas tenían conocimiento pleno de que la corporación estaba insolvente y que la Securities and Exchange Commission y las agencias federales de regulación de valores tomen jurisdicción y revisen esta situación de que los bonistas y la Junta de Directores emitieron deuda a conciencia de que la corporación estaba insolvente y eso es bajo un esquema que entendemos que es fraudulento”, dijo Aponte Dalmau.
Las negociaciones entre la AEE y sus bonistas, particularmente el grupo Ad Hoc, continúan de manera bastante hostil. La AEE ha solicitado un recorte en el valor principal de la deuda, a lo que no han accedido los bonistas. El asunto debe estar resuelto antes de que finalice el mes porque los bonistas advirtieron ya que no otorgarán más extensiones al pago de esta deuda.
“Lo que estoy planteando es que se pague lo que ellos pagaron. Si compraron esos bonos a cincuenta centavos, pues no se les puede pagar un dólar porque la razón que usaron para comprar la deuda, además de que era triplemente exenta y que tenía un alto rendimiento, la compraron a descuento porque saben que no van a tener
la capacidad de pagarla”, dijo Aponte Dalmau. “Lo que quieren es lograr que se pague el 100% de la deuda cuando la
compraron conociendo la situación fiscal de esa corporación”.
De igual forma, el presidente de la Comisión senatorial de Gobierno, Ángel Rosa, respaldó a la AEE en el proceso de negociación.
“Los bonistas quieren presionar para que el acuerdo sea uno que les permita a ellos una subida del precio de los bonos para salir y ganar grandes cantidades de dinero porque compraron a precio de quemazón pero para nosotros en Puerto Rico tiene que ser un recorte del principal y esa es la línea y yo creo que es lo apropiado”, dijo Rosa.
“La negociación se va a poner un poco más álgida y no me extrañaría aún más declaraciones apocalípticas, pero ese es el proceso de negociación. Los bonistas tienen que llegar a un acuerdo o ejecutar el ‘trust agreement’ y ellos hacerse cargo o lograr un síndico en el tribunal y eso es mucho más largo”.
El portavoz alterno de la delegación novoprogresista en la Cámara, Carlos Méndez Núñez, dijo por su parte que dejar de pagar estos bonos de la AEE afecta la credibilidad del país.
“Siguen lesionando la credibilidad de todo Puerto Rico y no solo afectan el crédito, sino la credibilidad. Es importante que uno mantenga su credibilidad en los negocios para uno poder disfrutar de un buen crédito”, dijo. “Eso me enseñó mi papá, que el crédito hay que protegerlo siempre”.
La senadora independentista, María de Lourdes Santiago, dijo por su parte que “seguimos con el remedio de poner una curita donde hay que hacer cirugía mayor”.
“En el caso de la AEE, desde hace mucho tiempo la medida es la reestructuración real de la agencia. Se ha permitido que esto llegue a un punto donde cada vez va a ser más difícil adoptar medidas paliativas”, dijo Santiago. “Yo no tengo duda que mucha gente está contando con el proyecto de privatización y probablemente eso explique la dejadez en la toma de decisiones”.
Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO
Más de 15 años de experiencia. Asignada a cubrir temas legislativos.
Puerto Pobre
En los pasados 10 años, Puerto Rico dejó de serlo. Según estimados de economistas publicados en exclusiva ayer en El Vocero, del 2006 para acá todos nos hemos vuelto más pobres.
La crisis económica y fiscal de la década se limpió $55,000 millones del valor neto de nuestros activos ($30,000 millones del valor de nuestras casas y otras propiedades; $10,000 millones del valor de nuestros bonos en planes de retiro; $15,000 millones en el valor de nuestro sector bancario) y otros $30,000 millones en ingresos anuales perdidos al éxodo masivo de puertorriqueños durante el decenio. El estimado es conservador; las pérdidas totales probablemente son mucho mayores.
Y los próximos cinco años traerán más de lo mismo. Con el valor de nuestras casas e inversiones mermadas, el IVU del 11.5%, el IVA que nos van a espetar el año que viene como quiera, los inminentes aumentos en la luz, la posible reducción de la jornada laboral del gobierno, y el continuo éxodo a los estados de más y más puertorriqueños en búsqueda de empleo y mejor calidad de vida, en los próximos cinco años seremos aún más pobres.
Sencillamente, esto se va a poner peor a no ser que cambiemos de rumbo.
Y con “cambio de rumbo” no nos referimos al esfuerzo mediático del Gobernador García Padilla la semana pasada. Decepcionantemente, bastó apenas un fin de semana largo de playa para que se hicieran sal y agua el llamado al consenso, a la unión de voluntades y a la inclusión patriótica.
El acuerdo apadrinado por el secretario de Estado Bernier con alcaldes de ambos partidos para el recaudo del IVU, por ejemplo, fue desautorizado por el Secretario de Hacienda. La elaboración de un Plan Fiscal a cinco años—en el cual el Presidente del PNP se ofreció a colaborar—aún no tiene agenda estructurada. Y la gran transformación en las agencias parece que se va a limitar a asignar temporeramente ciertos empleados “excedentes” del Departamento de Educación y la Compañía de Parques Nacionales a funciones oficinescas en la Policía.
Y para colmo, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, uno de los cinco miembros del Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica de Puerto Rico, chiquiteó ayer la iniciativa diciendo que “no es nada nuevo”, que su participación en el grupo “ni me añade ni me resta” y que a ella “pueden asistir técnicos del Senado”. ¡Y eso que este era el grupo que iba a tener la responsabilidad de implantar las recomendaciones del informe que la Dra. Krueger bajó del Monte Olimpo para evitar que Puerto Rico se convierta en Grecia!
La devaluación de Puerto Rico a Puerto “Pobre” es tan grande, tan profunda, y tan devastadora que reversar su curso requerirá cambios fundamentales a nuestro ordenamiento económico y social.
Un estimado del economista Elías Gutiérrez, por ejemplo, dicta que para que la economía de Puerto Rico recobre su competitividad y vuelva a crecer de manera sostenida hará falta la inversión de no menos de $10,000 millones anuales por los próximos 12 años. Eso no se logra con ajustes marginales al quebrado modelo que nos trajo hasta aquí.
Por eso decepciona, frustra y hasta enfogona oír a políticos, ciertos sectores de la prensa y comentaristas de toda estirpe hablar de cosas tan marginales como el costo de la escolta de los exgobernadores mientras se rehúsan a abordar el tema medular de la relación de Puerto Rico con el gobierno federal sobre la cual está basado todo nuestro ordenamiento económico y social.
Ya es tiempo de reconocer que si vamos a hacer un nuevo “plan de país”, tenemos que empezar por ahí. De lo contrario, pobre Puerto Rico.
You must be logged in to post a comment Login