Por redacción de Sin Comillas
Cambiar el el actual Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), o el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que entrará en vigor el 1 de abril de 2016, por un Arbitrio General no sería recomendable ya que la tasa contributiva de ese arbitrio tendrá que estar entre 19% y 38% para lograr los mismo ingresos fiscales. Esa es la conclusión del informe de la Comisión de Alternativas para Transformar el Impuesto al Consumo (CATIC) que el Departamento de Haciendo hizo público.
“En el 1987 se impuso un arbitrio general del 5%, cuya tasa efectiva era 6.6%. La base tributaria incluía múltiples exenciones que limitaban su capacidad de recaudación a alrededor de $550 millones anuales. Este arbitrio fue eliminado con la Reforma Contributiva de 2006. En la discusión presente, se intenta convertir al llamado “arbitrio en los muelles” en uno de base amplia, por lo que lo convierte en un impuesto general indirecto al consumo y la producción. Esto como veremos tiene repercusiones económicas distorsionantes en la cadena productiva de distribución y en los precios finales de los bienes importados o producidos localmente, esto particularmente si la tasa fluctúa entre un 19% y un 38%. Los precios se afectarán por los impuestos en los insumos productivos que llegarán debido a la integración vertical de la producción de bienes y servicios. Estos efectos económicos se conocen en la literatura hacienda pública como efecto cascada y piramidal”, señala el informe.
No New Taxes
Los estimado del arbitrio general se hizo bajo el supuesto de una meta de recaudos de $2,561 millones y una tasa de captación de 75%. Del análisis surge que hay una relación inversa entre la tasa impositiva y la base tributaria. Por lo tanto, si se sustituye al IVU o al IVA, la tasa impositiva tendría que ser alta en la medida que muchas de las importaciones son materia prima y bienes intermedios (unos $29,000 millones o 68% del total de las importaciones). Si a eso, se añaden los alimentos para consumo final importados por valor de $3,000 millones, entonces, la base contributiva disponible se reduce a menos de unos $9,500 millones, cifra que incluye bienes de capital y otros bienes que ya tienen arbitrios especiales tales como automóviles y derivados del petróleo.
El informe establece también que la capacidad de recaudación del arbitrio general está limitada al punto de origen en la cadena de distribución, ya sea en la importación o en la producción, a diferencia del impuesto sobre el valor añadido. Por lo tanto, el valor monetario de la materia gravada bajo el arbitrio es mucho menor ya que no se captan recaudos en las etapas posteriores que tienen el efecto de los precios.
La Comisión debe ahora presentar recomendaciones de posibles medidas para lograr mayor justicia contributiva a los individuos, un informe que debe estar listo en un plazo de 9o días.
El CATIC está compuesto por 12 integrantes, estos son; el Secretario de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez, quien funge como Presidente; el Secretario de Justicia, César A. Miranda Rodríguez; el Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Luis F. Cruz Batista; Ingrid Colberg Rodríguez, la Directora Ejecutiva de la Autoridad de los Puertos; Luis Vega Ramos, Rafael Hernández Montañez y Waldemar Quiles, como representantes de la Cámara de Representantes y los senadores José Nadal Power y Larry Seilhamer Rodríguez del Senado de Puerto Rico; dos representantes del sector empresarial privado, José Izquierdo Encarnación y el CPA Kenneth Rivera Robles y un representante del sector sindical del País, Luisa Acevedo Zambrana; que fueron designados por común acuerdo de los Presidentes de la Cámara de Representantes y del Senado de Puerto Rico. De los 12 integrantes de la Comisión, 8 favorecieron el informe. El representante Waldemar Quiles y el senador Larry Seilhamer no asistieron a los trabajos de la Comisión. En el caso de Luisa Acevedo no participó de los trabajos de la Comisión por situaciones relacionadas a los trámites de su designación. En cambio el representante Luis Vega Ramos presentó un voto particular con su posición en torno al informe.
Stiglitz: “Permitir que Puerto Rico caiga preso de las garras de los acreedores buitre es injusto e inaceptable”
Por Luisa García Pelatti
El Gobierno de Puerto Rico ha encontrado en el premio Nobel de Economía (2001) Joseph E. Stiglitz un defensor de su causa ante el Congreso de Estados Unidos. El economista publica hoy un artículo en The Wall Street Journal titulado “What the United States Owes Puerto Rico” en el que apoya que se le permita a Puerto Rico hacer una reestructuración ordenada de su deuda, ya sea por medio del Capítulo 9 o con una ley de quiebra propia; y dice que si el Gobierno de Estados Unidos no está dispuesto a ofrecer asistencia debe permitir que lo haga el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Stiglitz, que firma la columna junto con Mark Medish, un funcionario del Departamento del Tesoro durante la administración de Bill Clinton, señala que las opciones para solucionar la crisis de deuda que sufre la Isla son limitadas, pero que es urgente que el Gobierno de Estados Unidos haga algo para evitar males sociales mayores. Se lo debe a Puerto Rico. “Estados Unidos deben asumir la responsabilidad de su pasado imperialista y su presente neocolonial. Washington le debe a los puertorriqueños un futuro basado en la legitimidad democrática y en una estrategia de desarrollo que sea viable financieramente y socialmente, una estrategia de desarrollo que vaya más allá de un conjunto de incentivos fiscales para las corporaciones estadounidenses”.
El artículo está cargado de referencias políticas: Desde 1898 Washington ha actuado como un propietario ausente; Washington trata a los puertorriqueños como ciudadanos de segunda clase, “la lista de los desaires es larga y deprimente”, asegura.
Si en el caso de Grecia se había acuñado el término de “Grexit” para hacer referencia a la posible salida del país heleno de la moneda única, el euro. En el caso de la Isla, Stiglitz habla de “Prexit”, un cambio de estatus: la independencia o la estadidad.
Considera que se deben hacer tres cosas:
1. La Ley de Quiebra debe ser enmendada para permitir que Puerto Rico pueda llevar un proceso ordenado de reestructuración de sus deudas. Si no, se le debe permitir al gobierno de la Isla desarrollar su propia ley de quiebra.
2. Si Estados Unidos no va a ofrecer un rescate entonces debe permitir que lo haga el FMI. “Actualmente Washington rechaza la participación del FMI, pero ¿por qué exactamente? Si el FMI es una buena medicina para Grecia, ¿por qué no lo es para Puerto Rico?’.
3. Estados Unidos debe asumir la responsabilidad de su pasado imperialista y su presente neocolonial.
Y concluye que “permitir que Puerto Rico caiga preso de las garras de los acreedores buitre es injusto e inaceptable”.
Se gastan $700,000 en cabildeo sobre el Capítulo 9 de la ley de quiebra
Por redacción de Sin Comillas
Durante el primer trimestre del año se gastaron $210,000 en los esfuerzos de cabildeo a favor o en contra de que el Congreso le permita al Gobierno de Puerto Rico utilizar el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras para reestructurar la deuda de las corporaciones públicas. Esa cantidad se duplicó en el segundo trimestre, cuando los gastos ascendieron a cerca de $490,000, según publica The Bond Buyer usando información de opensecrets.com.
En total, en los primeros seis meses del año se gastaron $700,000. Los que están a favor de que Puerto Rico pueda utilizar el Capítulo 9 habrían gastado $580,000, mientras que los que se oponen desembolsaron alrededor de $120,000.
Entre los que abogan por el Capítulo 9 está Empresas Fonalledas, que habría pagado $240,000 durante el segundo trimestre a la firma de abogados Akin, Gump. Empresas Fonalledas también habría pagado $80,000 a José Fuentes, un cabildero que trabaja por su cuenta.
El otro defensor del Capítulo 9 es el Gobierno de Puerto Rico, que ha contratado a Podesta Group y pagó $300,000 en los primeros seis meses del año. También ha contratado por $405,000 a Roth Group, Prime Policy Group y Smith, Dawson & Andrews por interceder en este tema y otros asuntos. The Puerto Rico Statehood Council ha gastado $40,000 en la contratación de Navigators Global.
En contra del Capítulo 9 se han mostrado varios fondos mutuos, fondos de cobertura y otras firmas de inversión. BlueMountain gastó 60,000 (Gibson, Dunn y Crutcher) y Massachusetts Mutual Financial Group gastó $690,000.
Otros grupos que se oponen al Capítulo 9 para Puerto Rico son:The Council for Citizens Against Government Waste; The National Taxpayers Union y The Center for Individual Freedom y 60 Plus. The Center for Individual Freedom, que gastó $12,000 en el segundo trimestre, considera que permitir que Puerto Rico utilice el Capítulo 9 sería como legalizar un rescate por parte de los contribuyentes de estados Unidos.
The Bond Buyer encuentra lazos entre algunos congresistas republicanos y las contribuciones de las firmas de cabilderos.
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