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Pedro Pierluisi, presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP). (Ángel M. Rivera Fontánez)

WASHINGTON.- Pedro Pierluisi aspira a ver hoy un plan fiscal de cinco años del gobierno de Puerto Rico que evite nuevos impuestos, reduzca gastos y en el que cualquier propuesta para limitar o arrancar beneficios laborales sea el último recurso.

«Lo importante es que presente un cuadro razonable y prudente en cuánto a los futuros recaudos y gastos del gobierno central, así como de las corporaciones públicas», dijo Pierluisi, comisionado residente en Washington y presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), en una entrevista.

¿Qué quiere ver en el plan de ajuste fiscal del gobierno?

Cualquier aumento de recaudos debe ser producto de un mejor trabajo del Departamento de Hacienda a la hora de cobrar o captar las contribuciones e impuestos ya legislados. En la medida en que el gobierno mejore la promoción de los sectores productivos de nuestra economía y eso cause que aumenten los ingresos tributables, ahí pudiéramos también tener un aumento en recaudos. Pienso que deben ser conservadores a la hora de proyectar cualquier aumento en nuestra economía, pues de otra manera lo que van a hacer es propiciar gastos excesivos. Tienen que tomar todas las medidas necesarias para que las corporaciones públicas sean autosuficientes y aquellas que no lo sean, ser incorporadas al gobierno central.

¿Se refiere al Banco Gubernamental de Fomento?

Me refiero, en verdad, a todas. Hay que analizarlas una por una, pero no podemos seguir viviendo bajo la ficción de que cuadramos el presupuesto del gobierno central, pero dejamos fuera dineros que la Legislatura tiene que asignarle a entidades que deberían ser autosuficientes, pero no lo son. En torno a las agencias del gobierno central hay que rehacer el sistema para establecer un sistema de presupuesto base cero, en el que todas las agencias tengan que justificar lo que gastan. En el caso de la Legislatura, hay que establecer un mecanismo efectivo para que deje de hacer asignaciones especiales sin tener los recursos.

¿Se deben reducir o eliminar beneficios laborales?

Hay que hacer un análisis de costo beneficio. Si los ahorros son significativos se pudieran justificar. Para cambiar leyes laborales y beneficios a empleados públicos, como único es si se han agotado otros recursos disponibles para lograr ahorros. No lo descarto, pero debe ser el último recurso. El último recurso debe ser recortar salarios y beneficios a empleados de carrera del gobierno, y más aún despedirlos. Necesitamos un servicio público motivado.

¿Cómo puede reaccionar el Congreso?

Ese plan va a ser escudriñado en las comisiones de lo Jurídico del Senado y la Cámara que tienen bajo su jurisdicción los proyectos que le darían acceso a Puerto Rico al capítulo 9 de la ley federal de quiebras. En la medida en que logren ahorros en el gasto público, el efecto debe ser favorable. Quieren ver (además) que los miembros de la propuesta junta de control financiero sean verdaderamente independientes, (tengan) poder real y las debidas cualificaciones para llevar a cabo su misión.

¿El preacuerdo con el Grupo Adhoc de inversionistas de la Autoridad de Energía Eléctrica y la oposición del senador republicano Marco Rubio terminaron de enterrar los proyectos a favor de incluir las empresas públicas de Puerto Rico en el capítulo 9?

Lograr un acuerdo con la mayoría de los acreedores (de la AEE), el Grupo AdHoc tiene 40% y tienen que convencer al 75%, va a ser un factor positivo. Si logran eso, van a liberar un escollo que hemos tenido (en torno a la oposición a la legislación), que ha venido de las firmas de inversiones de la AEE. En el caso del senador Rubio, como otros congresistas conservadores, quiere ver mayor responsabilidad fiscal antes de proceder a otorgarle a la Isla una herramienta que facilite la reestructuración de sus deudas. No cambia el panorama.

¿Pero, no se le hará difícil a los republicanos pasar por encima de su senador hispano más identificado con la Isla?

No creo que (el senador Rubio) tiene una oposición permanente (al capítulo 9).

¿Vuelve a hablarse de una junta federal de control financiero? Los comentarios surgen porque las firmas de inversiones están otra vez en campaña a favor de esa junta federal o porque puede presentarse legislación en el Congreso.

No veo tracción para eso. Aquí están en compás de espera por el plan fiscal, la junta de control financiera que tenemos pendiente en Puerto Rico y la reestructuración de la AEE. Ahora, si el plan fiscal propone una reestructuración de toda la deuda pública, eso sería altamente tóxico para Puerto Rico y pudiera generar legislación para implantar una junta federal de control fiscal, por lo menos un proyecto de ley. Como quiera la combatiría porque mi punto es que el Congreso aprobó una Constitución y un sistema de gobierno en Puerto Rico, y a menos que suspenda la vigencia de esa Constitución, tiene que respetar las instituciones de Puerto Rico. Cómo único pudiera darse algún tipo de control financiero de parte del Congreso seria si se otorga algún tipo de asistencia financiera extraordinaria, a cambio de que haya una supervisión más estricta de las finanzas del gobierno. Salvo ese contexto no se justifica. Es ofensivo. El Congreso tiene el poder para suspender la vigencia de la Constitución, pero no lo veo venir. Para eso tendría que haber un total colapso de la gestión gubernamental en Puerto Rico y una crisis apoteósica.

¿Qué es para usted una asistencia económica extraordinaria?

El Congreso tiene el poder de autorizar al Tesoro o la Reserva federal a proveer alguna asistencia particular a Puerto Rico. Pero, nadie en el Congreso está planteando eso.

¿Va finalmente a buscar coautores para su proyecto 870 de quiebra federal?

He decidido que el proyecto no se vea como un proyecto de la delegación demócrata de la Cámara, sino tramitar el proyecto de una manera bipartidista. Tengo republicanos que me han expresado apoyo al proyecto, pero no lo han endosado. Como no hay endosos republicanos, he decidido no buscar endosos demócratas.

En el Senado fue sometido con respaldo de 14 demócratas sin republicanos.

El control republicano del Senado no compara con el de los republicanos de la Cámara. En el Senado, necesitan el apoyo de demócratas para aprobar proyectos. En la Cámara no necesitan ningún voto demócrata para aprobar proyectos de ley.

Todo indica que Ricardo Rosselló confirma el 20 de septiembre su precandidatura a gobernador. Thomas Rivera Schatz puede ir por el mismo camino. ¿Prefiere uno o dos oponentes?

Es inconsecuente, si hay más de un candidato habrá primarias y el pueblo progresista escogerá el mejor.

El Plan Infame: http://bgfpr.com/documents/PuertoRicoFiscalandEconomicGrowthPlan9.9.15.pdf

Rivera Schatz fustiga mensaje del gobernador

Según el senador PNP, la ruta que propone García Padilla es confusa

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EL VOCERO/Archivo
Por InterNewsService

El senador Thomas Rivera Schatz criticó al gobernador Alejandro García Padilla por amenazar hoy con no pagar la multimillonaria deuda de Puerto Rico.

Al reaccionar al anuncio del gobernador sobre la adopción de un plan de ajuste fiscal a cinco años, Rivera Schatz calificó el cometido como una “contradicción fundamentar la creación de esa junta en un falso mensaje de que con ello se logrará un crecimiento económico sostenible”.

“El impago con que amenazó hoy Alejandro García Padilla a los acreedores tendría unas consecuencias catastróficas para el pueblo”, agregó.

Para el senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), la ruta que propuso en su mensaje el gobernador García Padilla es confusa, ya que eleva el costo de la vida en Puerto Rico con mayores impuestos a la clase media y a los trabajadores, provocando mayor desempleo y perpetuando la crisis en nuestra economía.

“Ese es el camino por el cual García Padilla lleva a Puerto Rico”, expresó el senador Rivera Schatz al indicar que espera que La Fortaleza someta legislación sobre la Junta de Control Fiscal para analizarla detenidamente.

El senador opositor sostuvo que “uno de los problemas más graves que confronta el Gobernador para lidiar con la crisis económica y financiera del gobierno es su carencia de credibilidad”.

“El pueblo no le cree y los mercados financieros tampoco. Más allá de la llamada ‘Junta de Control Fiscal’, lo que Puerto Rico necesita es un Gobernador”, dijo con sus ojos puestos en las elecciones de noviembre de 2016.

Rivera Schatz subrayó que “planteado de la manera más sencilla, si queremos salir del hoyo donde nos metió este desgobierno popular, primero tenemos que salir de García Padilla, el liderato popular y la colonia”, comentó.

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Crecen las denuncias en torno al Plan Fiscal

Entre las deficiencias que identificó se encuentra la proyección de sobre $9,400 millones esté basada en los impuestos al pueblo

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Agustín Santiago / EL VOCERO
Por Paola Arroyo Guzmán, EL VOCERO

El portavoz senatorial del Partido Nuevo Progresista (PNP), Larry Seilhamer Rodríguez denunció deficiencias en el Plan de Ajuste Fiscal.

Entre las deficiencias que identificó se encuentra la proyección de sobre $9,400 millones que está basada en los impuestos al pueblo y cuestionó el poder inconstitucional de la Junta de Control Financiero, entre otros.

“Lo primero que hay que señalar es que la proyección de ingresos está basada en las contribuciones al pueblo lo que es contradictorio cuando las políticas públicas establecidas han afectado la economía de los ciudadanos y no existe un plan de desarrollo económico, ni un plan para el fortalecimiento del sector privado”, sostuvo el senador.

De igual forma, el legislador cuestionó la creación de una Junta de Control Financiero por tener rasgos inconstitucionales, porque sería inconstitucional y señaló que hay un intento de violentar las disposiciones de la Constitución de Puerto Rico con la reestructuración de la deuda.

“Según detalla el plan, esta junta tendría poder de ir por encima de la Rama Legislativa e incluso la Ejecutiva lo que sería inconstitucional. La única forma de que una junta de este tipo pueda funcionar en la Isla es que sea mediante legislación federal en el Congreso de los Estados Unidos similar a lo que ocurrió para Washington D.C”, explicó el legislador.

“De hecho, muchas de las propuestas del plan están sujetas a la intervención del gobierno federal y no están a nuestro alcance como los asuntos relacionados al PAN, las Leyes de Cabotaje, los créditos a las corporaciones foráneas y las enmiendas al salario mínimo”.

Seilhamer Rodríguez rechazó la intención de reducir el salario a los jóvenes menores de 25 años, ya que resultaría en el empobrecimiento de una nueva clase social a los que opten por quedarse y fomentará el éxodo de jóvenes a los Estados Unidos en busca de mejor empleo y un salario justo.

“Claramente intentan violentar las disposiciones de nuestra Constitución al pretender no pagar las Obligaciones Generales que están garantizadas en la Constitución de Puerto Rico. Aspirar a que exista confianza y credibilidad con las partes con las que el gobernador fue ofensivo con el famoso ‘me vale’ me parece que es altamente ilusorio”, opinó.

“Su mensaje es un reconocimiento claro, diáfano y contundente de que fracasó su política pública y ahora reconoce que medidas a las que se opuso como las Alianzas Público Privadas, y el crédito por trabajo, entre otras, eran necesarias. Este Plan está tarde y viene luego de 33 meses de golpes y cargas contributivas al pueblo”, concluyó el senador en comunicado escrito.

Por su parte, el representante José Enrique Meléndez comentó que el mensaje de hoy sobre el Plan de Ajuste Fiscal que ofreció el gobernador, Alejandro García Padilla está lleno de “contradicciones y falsas expectativas que le faltan el respeto a la inteligencia de un pueblo”.

“Es una falta de respeto que el primer ejecutivo diga que su Plan Fiscal se basa en recortes de gastos en el gobierno cuando a principios de su cuatrienio impulsó y creó leyes con esos fines y todas las agencias, incluyendo La Fortaleza, han hecho caso omiso a las mismas. Ejemplo son los miles de empleados que se han reclutado en diversas agencias públicas a pesar de la precaria situación económica”, dijo el representante.

Meléndez denunció que proponer reducir el salario mínimo a nuestros jóvenes y buscar reducir el  bienestar del pueblo es un claro menosprecio a la capacidad de ellos, a su trabajo y a sus derechos alcanzados.

“Ningún gobernante en la historia se había atrevido a proponer semejante barbaridad que atentará contra la seguridad económica de nuestros jóvenes. Muchos de los que trabajan utilizan su dinero para poder alcanzar el pago de sus estudios y otros para ayudar en el sostén de sus familias y hogares. Nadie debe proponer que un joven se merece menos derechos laborales que un adulto” explicó Meléndez.

El representante opinión que en el mensaje pudimos escuchar como el  “gobernador apunta con su dedo y critica a todas las administraciones pasadas, incluyendo las de su mismo partido, por medidas impositivas que se legislaron”.

“Por último, la Junta de Control Fiscal propuesta no puede ir por encima de los poderes constitucionales del gobierno ni la voluntad del pueblo que se expresará en las próximas elecciones.  En síntesis, es un plan atropellado que no ofrece garantías razonables de recuperación” dijo el Paola Arroyo Guzmán, EL VOCEROrepresentante.

 

Reaccionan al mensaje del Gobernador

“No es justo ni razonable condenar a las nuevas generaciones de trabajadores a la miseria de la desprotección de las leyes laborales como solución a la crisis”

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Por InterNewsService

El presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Manuel Perfecto Torres, reaccionó al mensaje del gobernador sobre el informe de ajuste fiscal y económico, y dijo que se está “condenando a las nuevas generaciones de trabajadores a pagar por las irresponsabilidades económicas y fiscales del pasado”.

Según Perfecto Torres, “es verdaderamente una infamia y una injusticia excluir a los trabajadores que comprenden la actual fuerza laboral de la eliminación de las leyes protectoras del trabajo y de beneficios laborales, pero condenar a las nuevas generaciones de trabajadores que se incorporan o se incorporarán en el futuro a la fuerza del trabajo a laborar y ganarse la vida en un ambiente de miseria, sin protección y beneficios laborales”.

El sindicalista invitó a los legisladores a revisar bien esta parte del informe y buscar alternativas que no penalicen a las nuevas generaciones de trabajadores y señaló que se necesita “ser más ocurrente para poder enfrentar con éxito y con grado de justicia la actual crisis.”.

El dirigente de la UGT cuestionó que habiendo en Puerto Rico una tasa de participación laboral tan bajo de apenas un 40%, “por qué poner trabas a que ese otro 60% se incorpore a la fuerza laboral, condenándolos a un futuro de desprotección del derecho laboral y de miseria”.

 

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