El gobierno podría ampliar el impuesto al consumo, aumentar los impuestos a la propiedad, eliminar amnistías contributivas y reformar el régimen contributivo de las corporaciones como parte de su plan de ajuste fiscal a cinco años.
La información está contenida en un borrador del plan obtenido por NotiCel.
El Secretario de Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza, dijo a Foro Noticioso que no podía comentar en cuanto al plan. «Estamos esperando el anuncio final», dijo. Sostuvo que el informe de Krueger establece la ruta en cuanto a dónde el gobierno debe ir, y admitió que el grupo de recuperación económica evalúa extender la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal.
El titular de Hacienda aseguró también que la reestructuración de las agencias va “viento en popa” y adelantó que anuncios sobre diferentes iniciativas en ese sentido se estarán haciendo en los próximos días.
Detalló que hay 30 a 40 diferentes proyectos relacionados con cambios en las áreas de tecnología, personal y gerencia, entre otros.
El plan propone la ampliación y posible aumento del impuesto de consumo y la finalización de la transición a un Impuesto al Valor Agregado (IVA) con base amplia.
El documento también propone una actualización del registro de la propiedad y de la valoración de las propiedades cuyo valor es de décadas atrás.
Aunque el documento sugiere cambios al régimen contributivo de las corporaciones, no indica qué cambios, si alguno, se harán. También dice que el gobierno debería restringir el uso de amnistías fiscales.
En el ámbito de la reforma de la infraestructura, el plan prevé la implementación de un plan capital a cinco años por $1,500 millones que sea autofinanciado. El plan de inversión estará sujeto a la aprobación de una junta de control fiscal, que será la encargada de hacer cumplir el plan de ajuste fiscal.
En el ámbito de las reformas institucionales, el plan prevé una reforma de los reglamentos presupuestarios, la consolidación de agencias, y la imposición de un proceso de estimación de ingresos por consenso. También pide que en el presupuesto contenga dinero para los reintegros.
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Durante meses, los multimillonarios hermanos Koch han usado sus grupos afiliados – 60 Plus, American Future Fund, el Cato Institute, entre otros – para ejecutar una intensa campaña mediática para evitar que Puerto Rico pueda acogerse a la Ley de Quiebras federal.
“En la superficie, la participación de los hermanos Koch en la crisis fiscal de Puerto Rico parece al azar y extraño – pero cuando usted sigue el dinero, no es de extrañar, que se centre en las ganancias de la Red Koch”, alega la organización Bridge Project. Puerto Rico tiene sobre $72,000 millones en deuda que desea poder reestructurar como parte de los esfuerzos de resolver la crisis fiscal, que incluyen poder acogerse a la Ley de Quiebras federal.
En su informe, «La riqueza de los Koch versus el Estado Libre Asociado de Puerto Rico», Bridge Project expone la conexión: muchos de los que donan a fondos de los hermanos Koch tienen inversiones en Puerto Rico. “Los simpatizantes de Charles y David Koch podrían perder un montón de dinero si se permite a Puerto Rico acceder al Capítulo 9. Es puro interés, no idealismo libertario”, dice el informe.
Una versión actualizada del documento revela que a finales de agosto, el grupo de la red Koch, 60 Plus formó “Main Street Bondholders Alliance» para atacar a los líderes políticos de Puerto Rico y la posibilidad de alivio a la deuda. “Al mismo tiempo, los donantes de la red Koch han aumentado sus participaciones en Puerto Rico, consolidando aún más la idea de que la motivación de los Koch sobre Puerto Rico se centra en sus intereses financieros y la de sus amigos los inversores”, dice la publicación.
Uno de los que ha ayudado a los hermanos Koch en sus metas es el senador de la Florida, Marco Rubio, según el informe. Durante meses, Rubio había aprovechado todas las oportunidades posibles para obtener donativos de los Koch, mientras evitaba tomar una posición sobre la crisis financiera de Puerto Rico. Como informó CNBC, Rubio está «atrapado entre la presión del considerable electorado de Puerto Rico y una importante fuente de financiamiento a su campaña por parte de la red de los hermanos Koch».
Antes de su visita a Puerto Rico, Rubio recalcó que se oponía a que Puerto Rico se acogiera a la bancarrota. “Sorprendente, la nueva posición de Marco Rubio sobre la crisis financiera de Puerto Rico sigue las órdenes de los multimillonarios Koch, con la esperanza de que le den un pedazo de $900 millones que planea gastar en estas elecciones”, dice el informe.
Sobre eso, uno de los simpatizantes de Rubio, Elías Sánchez, dijo que no era justo decir eso del senador de origen cubano porque está a favor de la estadidad para Puerto Rico y como estado, la Isla podría acogerse a la Ley de Quiebras. “El que alega eso no sabe lo que dice”, afirmó.
Según el Bridge Project, el intenso interés de la red Koch en la deuda de Puerto Rico podrá de primeras confundir pero en realidad, es el producto de una confluencia de intereses políticos y financieros para los multimillonarios que constituyen algunos de los principales donantes de su red de entidades.
Después de beneficiarse de un plan de rescate de bonos por parte del gobierno de Puerto Rico en el 2002, los hermanos Koch demandaron a varias entidades para asegurarse de no perder dinero y ahora su red política presiona legisladores para proteger a sus donantes que tienen inversiones significativas en los bonos municipales de Puerto Rico. El sistema de pensiones de Koch Industries está involucrado con las empresas que invirtieron en bonos locales.
“En los últimos meses, grupos afiliados con los Koch como American Future Fund, 60 Plus, Cato Institute y la Iniciativa LIBRE han declarado la guerra contra el Gobernador de Puerto Rico a través de anuncios y campañas de relaciones públicas, llamándolo corrupto y acusándolo de violar la ley. 60 Plus, en particular, se sintió ofendido por la posibilidad de cualquier alivio de la deuda de Puerto Rico, formando los «Main Street Alliance Bondholders» a finales de agosto para atacar a los líderes políticos de Puerto Rico y la posibilidad de alivio de la deuda. ¿Cuál es la motivación de la red Koch? Solo puede ser su línea de fondos y la de sus amigos inversionistas, por supuesto”, dice.
Una declaración de quiebra de parte de Puerto Rico podría causar que acreedores pierdan dinero. Esos ataques deben ser vistos como una manifestación más de la red de intentar avanzar el interés político y financiero de sus financiadores multimillonarios, dice la entidad.
El informe procede entonces a hacer una lista de la relación de los hermanos Koch con Puerto Rico por medio de artículos en medios de negocios de Estados Unidos como Bond Buyer y Bloomberg, y entidades como Open Secrets.
Comienza por citar un artículo de Bond Buyer del 2002 que indica que el gobierno local rescató a los hermanos Koch, quienes tenían $2.2 millones en deuda como parte de una transacción entre el Departamento de Recursos Naturales, el Departamento de Educación y AA Public Finance. Esto a pesar de no tener responsabilidad directa por la deuda. Sin embargo, Koch Financial procedió a demandar varias entidades en Puerto Rico debido a la fallida transacción de AA Public Finance.
Igualmente, los hermanos estuvieron detrás de la campaña para obligar al gobierno a pagarle un reintegro de $230 millones a Doral Bank.
Entre los donantes de entidades de los hermanos Koch se encuentran Ken Griffith, fundador de los fondos de cobertura Citadel, y quien tiene inversiones en Puerto Rico, incluyendo una larga porción de acciones en Banco Popular y que fue aumentada en agosto por $245 millones. Citadel también posee unos $20 millones en acciones de First Bank.
Robert Mercer, de Renaissance Technologies, donó sobre $2 millones a Freedom Partners Action, entidad que dona a fondos Koch. Mercer también tiene una gran cantidad de acciones en Banco Popular. La relación entre Banco Popular y el gobierno es importante porque al caer el valor de los bonos locales también caen los del banco.
Asimismo, el informe sostiene que Dick Weiss, de Wells Capital Management, también donante de los Koch, es el séptimo en la lista de dueños de una gran cantidad de bonos municipales de Puerto Rico.
El gobernador Alejandro García Padilla dará un mensaje al país esta mañana sobre el Plan de Ajuste Fiscal que fue entregado ayer, martes, y que se hará publico hoy, pero ya varios medios, sobre todo de Estados Unidos, parecen haber tenido acceso a detalles del documento.
El portal financiero local Sin Comillas cita a The Financial Times (FT), que publicó hace pocos minutos una historia sobre en la que se destaca que Puerto Rico enfrenta un déficit $28 mil millones para los próximos cinco años.
Según Sin Comillas, basado en el artículo de FT, algunos detalles del plan son: «establecer un salario por debajo del mínimo federal para los trabajadores menores de 25 años; congelar los salarios de los empleados del Gobierno y lograr que se exima a Puerto Rico de la Ley Jones (estas sí son medidas más concretas). Publica que aunque se ponga en vigor el plan completo, el déficit seguirá estando entre $12,000 millones y $13,000 millones por lo que se necesita reestructurar la deuda pública de $72,000 millones».
Reuters reporta que se buscaría recortar las pensiones de los maestros. Prensa Asociada que el plan solo atiende 47 mil millones de la deuda de $72 mil millones.
En su artículo, Sin Comillas cataloga el documento como «muy general, no ofrece muchas novedades» y luego añade que la mayoría «son medidas muy generales y muy obvias».
El portal de noticias Bloomberg, por su parte, dice que el déficit sería de $13 mil millones.
«Puerto Rico buscará un compromiso consensuado con los acreedores para reestructurar su deuda para evitar una maraña legal que podría debilitar aún más la economía, de acuerdo con los materiales proporcionados en una rueda de prensa», lee el portal.
Se destacó también que el País tendrá que solamente cerca de $5 mil millones disponibles para pagar $18 mil millones deudas que vencen entre 2016-2020.
Un panorama más inmediato es el déficit de $500 millones estimado para finales de junio. Puerto Rico debe $805 millones del al 1 de julio para los tenedores de bonos de obligaciones generales.
El gobernador Alejandro García Padilla dará un mensaje al país esta mañana sobre el Plan de Ajuste Fiscal que fue entregado ayer, martes, y que se hará publico hoy, pero ya varios medios, sobre todo de Estados Unidos, parecen haber tenido acceso a detalles del documento.
El portal financiero local Sin Comillas cita a The Financial Times (FT), que publicó hace pocos minutos una historia sobre en la que se destaca que Puerto Rico enfrenta un déficit $28 mil millones para los próximos cinco años.
Según Sin Comillas, basado en el artículo de FT, algunos detalles del plan son: «establecer un salario por debajo del mínimo federal para los trabajadores menores de 25 años; congelar los salarios de los empleados del Gobierno y lograr que se exima a Puerto Rico de la Ley Jones (estas sí son medidas más concretas). Publica que aunque se ponga en vigor el plan completo, el déficit seguirá estando entre $12,000 millones y $13,000 millones por lo que se necesita reestructurar la deuda pública de $72,000 millones».
Reuters reporta que se buscaría recortar las pensiones de los maestros. Prensa Asociada que el plan solo atiende 47 mil millones de la deuda de $72 mil millones.
En su artículo, Sin Comillas cataloga el documento como «muy general, no ofrece muchas novedades» y luego añade que la mayoría «son medidas muy generales y muy obvias».
El portal de noticias Bloomberg, por su parte, dice que el déficit sería de $13 mil millones.
«Puerto Rico buscará un compromiso consensuado con los acreedores para reestructurar su deuda para evitar una maraña legal que podría debilitar aún más la economía, de acuerdo con los materiales proporcionados en una rueda de prensa», lee el portal.
Se destacó también que el País tendrá que solamente cerca de $5 mil millones disponibles para pagar $18 mil millones deudas que vencen entre 2016-2020.
Un panorama más inmediato es el déficit de $500 millones estimado para finales de junio. Puerto Rico debe $805 millones del al 1 de julio para los tenedores de bonos de obligaciones generales.
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