El gobernador Alejandro García Padilla lanzó hoy lo que parecería una “seria advertencia” a los acreedores de bonos -cuya deuda asciende a $72 mil millones- de las consecuencias que enfrentarán si no están dispuestos a sentarse en la mesa a negociar, al tiempo que los funcionarios gubernamentales del Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica apostaban a la negociación de buena fe.
Sucede que el elemento principal para que el Plan de Ajuste Fiscal presentado ayer surja efectos es que del vencimiento del pago de la deuda de $18 mil millones en los próximos cinco años, se logre renegociar -ya sea a través de recortes, moratorias o de ajustes en los términos de pago- unos $14 mil millones, como parte de las negociaciones con los acreedores en el plan de reestructuración. Esa es la suma que el gobierno aún tiene en números
rojos después de implementadas las medidas y ocurrir el crecimiento económico proyectado.
En las primeras y únicas expresiones del gobernador ayer, durante un mensaje televisado y transmitido a través de la web de una duración de 11 minutos, aceptó que las medidas de austeridad incluidas en el plan no serían suficientes si no se llegan a acuerdos con los bonistas, tal y como se logró con la Autoridad de Energía Eléctrica, quienes pudieron
renegociar su deuda.
De hecho, estableció que el propósito principal del plan es iniciar un proceso de negociación que permita reestructurar la deuda. “Las medidas del plan por si solas no sacarán del hoyo a Puerto Rico. Con una reestructuración amplia regresaremos a un camino de desarrollo de economía sostenible”, enfatizó García Padilla.
“Si los acreedores no están dispuestos a esto, Puerto Rico no tendrá otra alternativa que proceder sin ellos. Ni a nosotros ni a ellos nos conviene ese camino más duro. Serían años de litigios y de impagos y de una crisis humanitaria de proporciones mayores, obligándonos a escoger si pagarle a un acreedor, a un maestro, a un policía o a una enfermera”, dijo en el mensaje grabado.
“Es una decisión que no queremos tomar, pero que tomaré siempre velando por los mejores intereses de nuestro país”, agregó el primer ejecutivo. A su vez, reconoció que recibirá ataques de “intereses de afuera”, pero aseguró que evitar ese camino requiere de unidad de propósito y que no debe convertirse en asunto político de cara a las próximas elecciones.
“Esto no debe convertirse en otro campo de batalla de cara a las elecciones del año próximo. La encrucijada requiere seriedad, compromiso y desprendimiento. Estoy confiado en que si todos nos sentamos a la mesa con Puerto Rico en mente, con nuestros hijos e hijas por delante, dispuestos a dejarles a ellos un mejor futuro, podremos regresar a un camino de crecimiento sostenible. Asumamos nuestra responsabilidad ante la historia”, manifestó el ejecutivo.
No obstante, el Gobierno podría confrontar problemas con la negociación de los bonistas de las obligaciones generales y de COFINA, porque cuentan con garantías constitucionales y específicas para su repago. El campo está más abierto para la deuda que no está garantizada.
La presidenta del Banco Gubernamental de Fomento e integrante del Grupo de Trabajo, Melba Acosta, manifestó por otro lado que como visualizan que el proceso transcurra es primeramente sin litigación y siguiendo de modelo el
proceso que se ejecutó en la AEE con la reestructuración de la deuda, que logró entre otras disposiciones un recorte de la deuda de un 15%.
“Estamos tratando de sentarnos en la mesa y llegar a acuerdos. No es fácil, no tenemos el Capítulo 9 de la Ley de Quiebras, pero es posible y eso es donde estamos. No se trata de no pagar los GO (Obligaciones Generales), de no pagar COFINA. Se trata de que todas las partes se sienten a discutir”, recalcó Acosta en entrevista con EL VOCERO. La expectativa es que entre noviembre a diciembre se conozca lo que han aceptado lo acreedores en cuanto a la reestructuración de la deuda. Ante la falta de un marco legal como lo tienen los estados bajo la protección del Capítulo 9, el asunto se reduce a las alternativas de parte y parte en cómo manejar el asunto velando por los mejores intereses de cada cual.
También, la propuesta, al igual que en el caso de la AEE, necesitará de legislación-lo que podría representar una piedra de tropiezo para el futuro del plan de ocurrir un movimiento similar al que ocurrió en la legislatura tras la propuesta del Impuesto de Valor Agregado y la ‘crudita’ parte dos-.
Sobre el proceso legislativo, el secretario de la gobernación, Víctor Suárez, resaltó que los representantes y senadores no debían ver los asuntos individuales sino como un plan integrado para lograr un fin. Igualmente, aseguró que habrá espacios de discusión con los legisladores para explicar lo que conlleva el plan que consta de 78 páginas.
Otros elementos importantes en los que está cimentado la propuesta son en acciones ejecutivas y congresionales a nivel federal, que el comisionado residente Pedro Pierluisi considera que son irreales, “sobre todo dado el corto tiempo que queda para acción congresional antes de las elecciones del año próximo”. Algunas de estas
son reformar el Plan de Asistencia Nutricional, de Sección 8 de vivienda pública, solicitar una exención al aumento de sueldo mínimo a menores 25 años por los próximos 10 años; enmendar el Código de Rentas Internas para añadir la Sección 933; promulgar un crédito fiscal de la actividad
económica para la inversión de Estados Unidos en Puerto Rico como el Capítulo 936 y solicitar que se elimine el Acta Jones, entre otros.
Asimismo, Pierluisi condenó el mensaje del primer ejecutivo en cuanto a las implicaciones a los acreedores si no están dispuestos a negociar. “Hoy, el gobernador volvió a cometer el mismo error al hacerle una amenaza velada a los acreedores de nuestro gobierno”, sentenció a través de declaraciones escritas enviadas a este medio, al recordar el mensaje del 28 de junio en el que aseguró que la deuda era impagable.
Para Pierluisi el plan está mal enfocado y tiene una serie de recomendaciones que no son acertadas y medidas y propuestas ya planteadas anteriormente. “Es evidente que su propósito principal es justificar la política de impago que ha adoptado esta administración y que tanto daño le ha hecho y le seguirá haciendo a Puerto Rico, a no ser que recapaciten y corrijan el curso”, manifestó.
Por su parte, el aspirante primarista a la gobernación, Ricardo Rosselló, opinó que el plan fue hecho de forma cerrada y sin transparencia. Rosselló manifestó que con el Plan de Ajuste Fiscal el primer ejecutivo reconoce que se ha equivocado “al eliminar el crédito por trabajo que implementó el PNP, aumentarle los impuestos a las pequeñas y medianas empresas, luego que el PNP las había bajado en la reforma contributiva y reconocer que las alianzas público privadas que tanto se opuso a ellas son el camino correcto para algunos servicios”.
En respuesta al plan de reforma fiscal y al mensaje del gobernador el grupo Main Street Bondholders aseguró que “el plan de ajuste fiscal carece de seriedad y plantea una falsa disyuntiva para los responsables de la formulación de políticas: o lo dejan defraudar a los tenedores de bonos o enfrentan un escandaloso impago”.
“Este plan debe considerarse como si hubiera nacido muerto, exhortamos al Congreso, primero, a impulsar una conversación sobre el gasto, aspecto que constituye la verdadera raíz de los problemas de Puerto Rico”, solicitó el ente que agrupa a pequeños tenedores de bonos.
Stephanie Gómez Álvarez, EL VOCERO
Editora de la página web ElVocero.com y profesora universitaria graduada del Departamento de Comunicación de la Universidad de Sagrado Corazón.
http://bgfpr.com/documents/PuertoRicoFiscalandEconomicGrowthPlan9.9.15.pdf
Aprietan el cinturón
Por: Yennifer Álvarez Jaimes y Maricarmen Rivera Sánchez / EL VOCERO
El llamado ‘flextime’, el pago de horas extras basado en el exceso de las 40 horas a la semana y no por 8 horas, la extensión del periodo probatorio a un año, y mayor facilidad para la exoneración del pago del Bono de Navidad para algunas pequeñas y medianas empresas, entre otras medidas, son parte de la reforma laboral que propone el Plan de Ajuste Fiscal presentado ayer por la administración de Alejandro García Padilla.
A estas medidas se suman las propuestas para solicitar la exoneración del aumento del salario a los empleados gerenciales que ganen más de $50 mil al año y la solicitud para que se exima por una década a Puerto Rico del pago de los aumentos del salario mínimo federal a los trabajadores de 25 años o menos.
En tanto, en el sector público-tal y como adelantó ayer EL VOCERO- se contempla el ofrecimiento de ventanas de retiro temprano a empleados públicos seleccionados.
Además, se utilizará el establecimiento de Alianzas Público Privadas (APP) para incentivar el retiro voluntario de empleados.
A estas dos medidas, se sumará la reducción en costo de nómina de 2 por ciento por el llamado “attrition” que no es otra cosa que el retiro o renuncia de los empleados que sucede naturalmente todos los años en las agencias públicas.
Ante la propuesta reforma laboral- que tendrá que ser legislada- el liderato sindical cuestionó cómo el Gobierno pretende aliviar sus finanzas enviando más empleados públicos al retiro cuando los Sistemas de Retiro están quebrados y el trabajo continuará siendo el mismo en las agencias públicas.
Líderes sindicales no descartaron ayer que la implementación de estas medidas desemboque en un paro general.
Genoveva Valentín, directora ejecutiva de Servidores Públicos Unidos (SPU), dijo que esperarán por los proyectos legislativos que se deriven del plan presentado ayer.
“Tenemos que ser bien cautelosos porque una cosa es lo que presenten y otra cosa es lo que pase en la Legislatura. Este plan sacaría empleados públicos actuales, pero el Gobierno como quiera tendría que seguir pagando y tendríamos menos mano de obra. Hay un problema bien serio con esa propuesta”, sostuvo. “Hay que ver cuáles son las propuestas, pero no creo que sean muy beneficiosas. Hay que tomar en cuenta la condición en que se encuentran los Sistemas de Retiro”.
En tanto, Pedro Irene Maymí, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), indicó que el movimiento sindical no ha descartado alternativas como un paro general para enfrentar las políticas del actual Gobierno.
Entre otras cosas, el plan propone también extender hasta el 2021 las disposiciones de la Ley 66 en cuanto a las reducciones de gastos en el Gobierno.
“Esa posibilidad siempre está sobre la mesa. Aquí no descartamos nada. Obviamente hemos llegado para decirle a los legisladores que en la medida que intenten aprobar este plan, los trabajadores y el País van a responder”, manifestó Irene Maymí. “Hay medidas que tocan a la ciudadanía. En la medida que intenten la aprobación del plan, tendrán la respuesta de los trabajadores y del País y no descartamos nada en este momento. Habrá varios eventos de aquí a octubre. Todo depende de cómo corra el plan legislativo”.
Andrés Lloret, presidente de la Federación Central de Trabajadores (FCT), cuestionó por su parte la propuesta de limitar el pago de horas extra, como sugiere el informe presentado ayer. Esto, dijo, podría ser inconstitucional.
Valentín advirtió entonces que si las propuestas del plan se convierten en ley, el asunto terminará en los tribunales.
“Esto está relacionado a la Constitución. El gobernador plantea que las horas extra se pagarían por encima de las 40 horas (semanales). Están tratando de legislar por encima de derechos constitucionales y eso algo que van a tener que enfrentar en los tribunales”, advirtió Valentín.
Mientras, la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, cuestionó que se proponga una ventana de retiro cuando los sistemas están en precario.
“Para el año que viene nos podemos quedar sin pensión. La gente lo va a ver a lo mejor con buenos ojos porque es un retiro, pero hay que ver de cuánto eso, qué te van a dar. Que no lo celebren mucho, porque hay gato encerrado”, adelantó la líder magisterial.
Por su parte, Luisa Acevedo, coordinadora de negociación colectiva de la FTP, indicó que esta legislación “puede provocar que los trabajadores se vean obligados a decir que se retiran, pero el resultado neto será la destrucción del Sistema de Retiro”.
“Nos preocupa porque la propuesta no está clara. Hay que hacer un estudio actuarial porque el retiro temprano fue una de las cosas que afectó grandemente a los Sistemas de Retiro del país y estamos en una situación donde hay que pagar más de lo que se ingresa”, apuntó. “Si quieres aumentar la fuerza laboral, hay que hacer el trabajo más gratificante. No puedes disminuir beneficios porque para qué van a entrar a la fuerza laboral. Si quieren evitar que la juventud emigre, hay que hacer más atractivos los beneficios para que se integren”, advirtió.
Asegura no aumentará la contribución sobre las residencias
Sobre el posible aumento en las contribuciones residenciales que cobran los municipios, el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, aseguró que los municipios tienen otras alternativas para mejorar sus ingresos mediante eficiencia y no aumento la carga a los individuos
“Le estamos dando un periodo a los municipios de ajuste para que cubran esa deficiencia, y eso puede ser por reducción de costo en sus operaciones, no necesariamente tienen que ser contribuciones adicionales. Tiene que ver con la autonomía también y cómo ellos llevan a cabo las funciones. Hay un montón de propiedades que no se han tasado en el País y que el CRIM (Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales) lo puede hacer”, sentenció a preguntas de EL VOCERO.
Redaccion, EL VOCERO
Legislatura levanta dudas
El liderato legislativo del Partido Popular Democrático (PPD) expresó ayer que les hace falta más información sobre las propuestas del plan de recuperación fiscal antes de determinar sus posturas sobre las propuestas.
Para los legisladores de la minoría novoprogresista, las propuestas contenidas en el informe son suficientes para decir que el plan no es bueno para el país y que es una advertencia a los bonistas de que los bonos no se pagarán.
El gobernador, Alejandro García Padilla, presentó ayer el Plan de Crecimiento Económico y Fiscal preparado por el Grupo de Trabajo para la Recuperación Fiscal y Económica. El documento –publicado en inglés– fue acompañado por un mensaje televisado en el que García Padilla pretendió explicar los puntos principales de la propuesta.
Como se había adelantado, el plan incluye propuestas que necesitarán de legislación, particularmente en el área laboral. Entre otras cosas, el plan incluye permitir el ofrecimiento de una ventana de retiro a algunos empleados públicos y limitar los beneficios de los que entren ahora a trabajar al sistema público. Propone además extender las regulaciones de la Ley 66 y la consolidación de agencias.
El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, quien se negó a participar en el grupo que delineó este plan, rechazó ayer expresarse sobre el mismo. En declaraciones escritas, su portavoz de prensa, María de Lourdes Martínez, indicó que “cuando se someta ante la consideración del Senado alguna legislación, el presidente estará en posición de evaluarla de manera inclusiva, de hacer comentarios y
proceder con el proceso legislativo de rigor”.
El presidente de la Cámara, Jaime Perelló, quien de igual forma se negó a participar en el comité, no ofreció comentarios a este rotativo sobre las implicaciones del plan propuesto.
Por su parte, el presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, José R. Nadal Power, dijo que aun falta más información sobre lo que serán las propuestas específicas que salgan del plan.
“Hay unas propuestas, como la de restituir el crédito del trabajo, que me parecen
positivas, pero hay que discutirlo porque no establecen claramente los parámetros que quieren establecer ni cómo se debe implementar”, dijo. “Hay una propuesta de un nuevo régimen corporativo, con un ‘flat tax’, pero igual,
todavía falta saber de dónde surge y en qué se apoyan para dar esa recomendación. Se establecen las metas, pero falta que el comité siga explicando los detalles de cómo implementar todas las propuestas en todas las áreas”.
De igual forma, el presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Rafael Hernández Montañez, indicó que esperará por la legislación que se produzca a base de este plan.
“Habrá que verlo en términos de legislación. Si bien es cierto que tenemos que seguir recortando el gasto operacional del gobierno, tenemos que hacerlo de una manera que no cargue adicionalmente al Sistema de Retiro, que es una parte de la ecuación”, dijo Hernández Montañez. “Ciertamente todavía no estamos en posición de hacer expresiones concretas, pero el hecho que el gobernador haya hecho un pronunciamiento de la necesidad de renegociar la deuda, me parece que es un pronunciamiento realista y adecuado”.
Estasmismas expresiones de la necesidad de renegociar la deuda, llevaron al senador novoprogresista Thomas Rivera Schatz a decir que se trata de otra advertencia a los bonistas de que no se pagará la deuda. “Luego de tres años de fracasos gubernamentales, de graves errores en la administración pública, de imponerle al pueblo la carga más pesada de contribuciones en la historia de la quiebra del Estado Libre Asociado, hoy el gobernador Alejandro García Padilla amenaza una vez más a los acreedores con no pagar la deuda de Puerto Rico”, dijo Rivera
Schatz en declaraciones escritas. “Lamentablemente ese ha sido el mensaje que hoy le ha dado el gobernador al mundo financiero y al pueblo de Puerto Rico”.
Rivera Schatz dijo además que esperará la radicación de legislación, particularmente la creación de la Junta de Control Fiscal. “Resulta contradictorio fundamentar la creación de esta junta en un falso mensaje de que con ello se logra un ‘crecimiento económico sostenible’, como expresó García Padilla en su mensaje. El gobernador no acaba de comprender que el modelo económico del ELA colonial colapsó”, expresó el senador.
Por su parte, Larry Seilhamer, portavoz de la delegación azul en el Senado, dijo que la creación de este comité podría ser inconstitucional.
“Esta junta tendría poder de ir por encima de la rama legislativa e incluso la ejecutiva, lo que sería inconstitucional. La única forma de que una junta de este tipo pueda funcionar en la Isla es que sea mediante legislación federal en
el Congreso de Estados Unidos similar a lo que ocurrió en Washington, D.C.”, dijo Seilhamer. “De hecho, muchas de las propuestas del plan están sujetas a la intervención del gobierno federal y no están a nuestro alcance como los asuntos relacionados al PAN, las Leyes de Cabotaje, los créditos a las corporaciones foráneas y las enmiendas al salario mínimo”.
El representante popular Luis Vega Ramos celebró que las propuestas del plan incluyan medidas que permitan trabajar a los beneficiarios del PAN sin perder la ayuda.
Aun así, dijo que “todavía no estamos en posición de hacer expresiones concretas, pero el hecho de que el gobernador haya hecho un pronunciamiento de la necesidad de renegociar la deuda, me parece que es un pronunciamiento realista y adecuado”.
El representante penepé, José Meléndez, dijo por su parte que “el continuar negándose a cumplir con las deudas puede ser nefasto para Puerto Rico, primero porque se está considerando en Washington la posibilidad de enviar una Junta de Control Financiero Federal para que se haga cargo de las finanzas del gobierno y dos porque la acción de no pagar aleja aun más a que bonistas e inversionistas ayuden a Puerto Rico en un futuro a salir del atolladero en que se encuentra”.
Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO
Graduada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con una década de experiencia como periodista en prensa escrita, radio y televisión.
“Propuesta favorable”, pero…
La propuesta de un pre- retiro voluntario de empleados públicos podría representarle un ahorro millonario en la nómina mensual al gobierno, sin mayores consecuencias en el largo plazo, a menos que se le transfiera parte de la carga económica al Sistema de Retiro.
Sin embargo, ese detalle aún no está claro, a juzgar por la información analizada por EL VOCERO, basada en el anteproyecto que habilitaría la medida para reducir nómina como parte del Plan de Ajuste Fiscal.
Aunque la pieza que estaría ante la consideración legislativa estima que el gobierno central y sus dependencias paguen el salario de los empleados que se acojan al plan, no habla de realizarles la aportación patronal al Retiro.
Al 2013, el salario promedio en el sector público era de $27,000 y con un pago del 60%, el gobierno se economizaría un promedio de $10,800 por empleado, que corresponde al 40% que se descuenta.
En parte, la propuesta tiene semejanzas con la Ley 70 de 2010, que abrió diferentes alternativas para reducir la nómina pública, una de ellas, el retiro incentivado a empleados con 15 a 29 años de servicio cotizado. En ese caso el gobierno se encargó de las aportaciones al Retiro. Unos 8,700 empleados se acogieron a las distintas alternativas bajo la Ley 70 y eso tuvo un impacto de
$100 millones en las aportaciones correspondientes al Retiro.
Si finalmente el gobernador Alejandro García Padilla impulsa la recomendación de incentivar el pre-retiro a los empleados con un mínimo de 20 años y pagarles el 60% de sus salarios hasta que cumplan los 30 años de servicio, más pago de plan médico por dos años, “no lo veo mal, si es que eso incluye las aportaciones patronales al Retiro”, opinó el exsecretario del Trabajo, Miguel Romero, a preguntas de EL VOCERO.
Según Romero, en una propuesta como esa aunque se paga una parte del salario, es un poco menor y el gobierno se ahorra el 40%. “El problema es que tengan que pagar por contratar a otra persona para sustituirla en el trabajo que realizaba. El problema aquí es que la administración gubernamental en la ejecución ha demostrado ser muy pobre”, indicó.
En cuanto al asunto de las aportaciones patronales al plan de pensiones, Romero mencionó que mientras haya cumplimiento del gobierno central con éstas sin cargar al Retiro con la responsabilidad de asumir el costo, “no lo veo mal”.
Indicó que lo importante es establecer las restricciones que garanticen un plan ordenado y con cargas económicas bien establecidas. “El riesgo va a depender de los controles que se pongan. La experiencia mía es que en algunas agencias surge resistencia de que los fondos salgan del presupuesto de cada agencia y así es que tiene que estar consignado en cada presupuesto”, analizó Romero.
Señaló que el pasado todas las ventanas de retiro le costaron demasiado al Sistema porque nunca el gobierno central ponía los recursos y eso lesionaba las finanzas del Retiro. “Habrá que ver el detalle. A veces el diablo está en el detalle”, puntualizó.
Carlos Antonio Otero, EL VOCERO
Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.
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