La  presidenta del Banco Gubernamental de Fomento y principal oficial financiera del gobierno,  Melba Acosta, anticipa que muchas de las medidas que se proponen en el Plan de Ajuste Fiscal y Crecimiento Económico, creará controversias.

“Este plan lo van a criticar. Van a decir que no es suficiente. Van a decir que debimos aumentar contribuciones, botar gente pero lo que buscamos es mejorar la economía”, señaló la funcionaria al reconocer que los ajustes más tradicionales podrían tener un efecto adverso en la  economía.

Según el secretario de la Gobernación,   Víctor Suárez, la idea detrás de estas medidas es que se reduzca el costo de los empleados en Puerto Rico de modo que la Isla sea más atractiva para la inversión y vayan creando nuevas oportunidades de trabajo, especialmente para las generaciones más jóvenes, de modo que no tengan que emigrar a los Estados Unidos en busca de fuentes de ingresos.

A continuación, algunos de los puntos más importantes del Plan de Ajuste Fiscal:

AGP está Irracional

Estímulo al empleo y la participación laboral

Extender el periodo  probatorio de un empleado a un año. La compensación por tiempo extra se basará en el exceso de 40 horas semanales y no al exceso de 8 horas al día. La productividad de un empleado será elemento a considerar en las reducciones de personal. Se busca cambiar la estructura de los programas de beneficencia para que no penalicen por trabajar. Se congelará el salario mínimo para los trabajadores menores de 25 años.

Estabilización de la tarifa por energía

Completar el plan de reestructuración de la AEE. Comenzar el proceso para que inversionistas provean el capital para actualizar las plantas de generación y la construcción de instalaciones nuevas de modo que la corporación se convierta en una empresa de transmisión y distribución de energía. Despolitizar las estructuras de la corporación pública.  Invertir más de $2,000 millones en la infraestructura.

Taxes corporativos que permitan crecimiento

Establecer un sistema de impuestos corporativos que sea simple y bajo tanto para las empresas existentes como para las nuevas. Extender el arbitrio a las empresas foráneas para estabilizar los ingresos del fondo general. Eliminar créditos contributivos poco productivos y reducir o eliminar el Impuesto Alternativo Mínimo.  Pedirle al Congreso de EE.UU. que las empresas estadounidenses sean tratadas como domésticas en la Isla.

A AGaPito los Populares No Lo Quieren

Reducir costos de hacer negocios

Centralizar y simplificar el sistema de permisos. Requerir a los municipios que adopten una regulación uniforme para los sistemas de permisos. Modernizar el registro de la propiedad.  Pedirle al Congreso de EE.UU. que las leyes de cabotaje no apliquen a Puerto Rico. Revisar las regulaciones de la transportación terrestre.

Invertir en infraestructura

Utilizar alrededor de $3,300 millones dentro de los próximos cinco años para mejorar la infraestructura y acelerar la demanda agregada. Extender la PR-10, mejorar varios muelles del Puerto de San Juan, mejorar las pistas del aeropuerto de Aguadilla, continuar el desarrollo del Puerto Las Américas, construcción del Distrito de las Ciencias, el desarrollo de Roosevelt Roads y la rehabilitación de áreas públicas.

Completar la transición a un IVA

Expandir el octubre de 2015 el impuesto sobre las ventas y uso (IVU) a las transacciones entre negocios. Estas transacciones estarán sujetas a un tributo de 4%. Completar en abril de 2016 el establecimiento del impuesto al valor añadido (IVA) que ya fue legislado y que implica un tributo de un 11.5% en cada transacción, incluyendo las que se dan entre negocios. Se espera que este sistema añada sobre $1,00 millones al erario.

Estabilizar la base tributaria corporativa

Expandir por un periodo de cinco años el arbitrio de 4% que desde el 2011 pagan las empresas foráneas establecidas en Puerto Rico. Este tributo gira como un crédito en el pago de las contribuciones federales de las compañías foráneas. Enmendar, después de consultar con las empresas, el Código de Rentas Internas para establecer un nuevo sistema de impuestos corporativos que sustituya el arbitrio que ahora mismo pagan las foráneas.

Mejorar fiscalización a los contribuyentes

Mejorar los sistemas de información y proveer adiestramientos para que mejore la capacidad del Departamento de Hacienda en el cobro de las contribuciones. Restringir el uso de amnistías contributivas y acuerdos especiales para mejorar la certeza en las proyecciones de ingresos en el gobierno. Atender el problema de la videolotería ilegal imponiendo gravámenes y regulando los juegos.

Reducir los gastos operacionales

Extender hasta el 2012 la Ley 66 que congela nuevas contrataciones, las asignaciones presupuestarias por fórmulas, los costos de servicios, los incrementos salariales y los convenios colectivos. Reducir los costos de nómina implementando una meta de reducción de plazas de 2% anual. Para alcanzar esto la Oficina de Gerencia y Presupuesto puede abrir ventanas de retiro temprano, entre otras iniciativas.

Reducir los subsidios del gobierno

A partir del año fiscal 2018, reducir gradualmente los subsidios  concedidos a los municipios por el gobierno central, al tiempo que se les brinda  herramientas jurídicas, administrativas y operacionales  para  compensar tales reducciones. Operar la Universidad de Puerto Rico de forma más costoefectiva mediante el pago de matrícula según los  ingresos del alumno, eficiencias operacionales y maximizar el uso de los fondos federales.

Achicar el sistema de educación Pública

Consolidar las escuelas públicas sobre la base de parámetros como la matrícula, la utilización del plantel y su ubicación para mejorar la cantidad de alumnos por maestro. Reducir la nómina del Departamento de Educación en un 2%. Considerar la posibilidad de vender activos, incluyendo bienes raíces, para financiar las ventanas de jubilación para los docentes y capitalizar grave déficit de financiación del Sistema de Retiro para Maestros.

Control de gastos del programa mi salud

Establecer una escala de pago a los proveedores de servicios basado en su desempeño. Implementar alianzas público privadas funcionales en los hospitales estatales (para servicios de facturación, mantenimiento y alimentación, entre otros servicios de apoyo), para traer mejores prácticas de clase, centralizar funciones y agilizar los procesos. Estandarizar los protocolos de salud y uniformar las tarifas.

Fomentar alianzas público privadas

Fusionar la Autoridad de Edificios Públicos y la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas. Evaluar la posible transferencia de operaciones de la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) a los municipios y otras transacciones potenciales con alianzas público privadas. Evaluar contrato de concesión, por un periodo mínimo de 5 años, para la operación y mantenimiento del servicio público de transporte marítimo.

Instalar nuevos sistemas contables

Implementar un nuevo sistema de finanzas, contabilidad y nómina para unificar el mosaico de plataformas gubernamentales que existe actualmente y que afecta a la capacidad del gobierno para supervisar adecuadamente su situación fiscal. Se recomienda contratar un proveedor para desarrollar este sistema. La implementación requiere una inversión aproximada de entre $25 millones y $40 millones.

Centralizar las funciones de Hacienda

Establecer, mediante legislación, la centralización de las funciones de tesorería de agencias estatales y corporaciones públicas para mejorar el flujo de caja. Identificar los organismos que podrían ser parte de esta estructura centralizada. Construir la infraestructura necesaria para el seguimiento y la proyección de los flujos de efectivo. Promulgar legislación para crear la tesorería centralizada.

Mejorar sistema de toma de  decisiones fiscales y económicas

Que el Instituto de Estadísticas y la Junta de Planificación elaboren un plan de trabajo a cinco años para fortalecer el sistema de estadísticas económicas y su análisis mediante la modernización de las cuentas nacionales. Consolidar las funciones no bancarias del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Banco Gubernamental de Fomento bajo un nuevo departamento.

Crear nuevas reglas presupuestarias

Requerir que el presupuesto incluya una proyección a cinco años de ingresos y gastos. Establecer que el presupuesto del ELA se base en una “proyección de ingresos” validada por terceros. Todas las órdenes de compra y contratos con proveedores estarán sujetos a la supervisión de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Crear un fondo especial que sólo se puede utilizar para pagar las cuentas del gobierno, incluyendo reintegros.

Crear la Junta de Control Fiscal

Se legislará para crear una Junta de Control Fiscal. Se busca que esta entidad opere como una dependencia independiente y fuera del control partidista y supervise la implantación del plan que se acuerde. La continuidad de los trabajos de esta Junta estarán cifrados en unas cláusulas en los acuerdos con los bonistas que sirvan como tranquilla para futuras administraciones que contemplen derogar la Junta o dejarla inoperante.

WASHINGTON.– La jefatura del Departamento del Tesoro de Estados Unidos aún teme que la falta de un estatuto general de quiebras provoque un caos en el proceso de reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico, aunque la mayoría republicana del Congreso sigue sin percibir un desorden a corto plazo.

En referencia a los proyectos que buscan incluir a las empresas públicas puertorriqueñas en el capítulo de la ley federal de quiebras, un portavoz del secretario del Tesoro, Jacob Lew, afirmó hoy que «Puerto Rico necesita un proceso ordenado para hacer frente a sus obligaciones».

«Bajo la situación actual, sin un régimen jurídico probado, la resolución de las obligaciones financieras de Puerto Rico probablemente sería caótico, prolongado y costoso tanto para Puerto Rico y en un contexto más amplio para los Estados Unidos. La situación sigue siendo urgente y requiere la atención inmediata del Congreso», indicó el portavoz del Tesoro federal,  en declaraciones suministradas a El Nuevo Día.

En términos legislativos, el Congreso, como se esperaba, entró de lleno esta semana- después de más de un mes sin sesiones- a los debates sobre los esfuerzos republicanos para revertir el acuerdo nuclear con Irán y desfinanciar el grupo pro derechos reproductivos Planned Parenthood, un asunto que amenaza con dinamitar las discusiones sobre el presupuesto federal, que expira el día 30.

Aunque no se descarta una audiencia futura del Comité de lo Jurídico del Senado y el plan de ajuste fiscal del Grupo de Trabajo para la Recuperación Económica y Fiscal de Puerto Rico apenas comenzaba a ser examinado en Washington, las posiciones del Ejecutivo y el legislativo federal poco parecen haber variado.

Tras haber descartado un rescate financiero, la colaboración del gobierno del presidente Obama se ha centrado en ofrecer asistencia técnica.

El gobernador García Padilla, por su parte, tiene previsto viajar a Washington a mediados de la semana próxima para reuniones con el Ejecutivo y el Legislativo federal, según fuentes federales.

«Aunque pueden necesitarse más detalles del plan para determinar si las reformas estructurales que se necesitan van a ponerse en marcha, es bueno conocer las ideas presentadas por el Grupo de Trabajo y donde ellos creen que asistencia técnica federal puede ser de ayuda y donde las políticas públicas federales pueden o no pueden desempeñar un papel en las reformas», indicó Julia Lawless, portavoz del presidente del Comité de Finanzas del Senado, el republicano Orrin Hatch.

En la Cámara baja, un portavoz del presidente del Comité de lo Jurídico, el republicano Robert Goodlatte (Virginia) – quien a principios de julio advirtió que no había los votos para echar hacia delante el proyecto cameral 870 del comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, que incluiría a la Isla en el capítulo 9-, afirmó que el legislador federal sigue sin respaldar esa medida.

«El presidente Goodlatte ha indicado que permitir a Puerto Rico utilizar el capítulo 9 del código de bancarrota es un asunto puede tener amplias consecuencias económicas y merece un examen cuidadoso y deliberado», sostuvo un portavoz del representante republicano.

El Departamento del Tesoro estadounidense indicó que por el momento tiene bajo evaluación el plan de ajuste fiscal. «Es evidente que los retos financieros de Puerto Rico son muy serios y que el Estado Libre Asociado entra ahora en un período crítico que va a requerir un análisis cuidadoso y la cooperación de todas las partes», indicó el portavoz del Secretario Tesoro federal.

Aunque se han limitado por el momento a ofrecer asistencia técnica, la Casa Blanca y el Tesoro han hecho expresiones a favor de la aprobación de los proyectos de ley presentados en el Congreso que permitirían reestructurar la deuda de las corporaciones públicas y municipios.

Junto a una reducción de gastos, limitación de beneficios laborales para los nuevos empleados del gobierno y los menores de 25 años, cambios contributivos locales y la reafirmación de un buen número de los reclamos que antes se han hecho al gobierno federal, el plan de ajuste fiscal divulgado  por el gobernador García Padilla contempla, por vez primera,  renegociar las obligaciones generales, cuyo repago está atado a una promesa explícita en la Constitución de Puerto Rico.

La renegociación incluiría los bonos de Cofina, que son pagaderos con el Impuesto a la Venta y Uso (IVU). La propuesta de renegociación representaría el primer impago de una jurisdicción estatal estadounidense en la historia.

Coincidiendo con la presentación del plan de ajuste fiscal, el grupo conservador Asociación 60 Plus, que ha hecho causa común con las firmas de inversiones opuestas a la inclusión de Puerto Rico en el capítulo 9, publicó ayer un anuncio a toda página en el periódico Político de Washington para denunciar que el gobernador García Padilla quiere violar la Constitución con la reestructuración de la deuda del gobierno central.

Como han hecho otros grupos conservadores como American Future Fund (AFF) y el  Hispanic Leadership Fund (HLF), 60 Plus también busca estimular que el Congreso se anime a crear una junta federal de control fiscal, que le arrebate al gobierno de Puerto Rico las decisiones sobre su presupuesto.

«Su sugerencia de que él y su equipo puedan nombrar una junta de control es risible, y no tiene ninguna credibilidad con los inversionistas», sostuvo 60 Plus, por medio de un nuevo grupo que crearon, «Main Street Bond holders», que incluye al economista puertorriqueño Elías Gutiérrez.

Aunque el republicano Jeff Duncan (Carolina del Sur) abogó hace unos meses por la creación de una junta federal de control financiero, su oficina ha advertido que no tiene planes de presentar legislación a esos efectos. Ningún otro miembro del Congreso ha impulsado la idea.

El plan de ajuste fiscal del gobernador García Padilla contempla la creación de una junta de control fiscal nombrada por el gobierno de Puerto Rico, que incluiría representación del sector privado.?