WASHINGTON.– La jefatura del Departamento del Tesoro de Estados Unidos aún teme que la falta de un estatuto general de quiebras provoque un caos en el proceso de reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico, aunque la mayoría republicana del Congreso sigue sin percibir un desorden a corto plazo.
En referencia a los proyectos que buscan incluir a las empresas públicas puertorriqueñas en el capítulo de la ley federal de quiebras, un portavoz del secretario del Tesoro, Jacob Lew, afirmó hoy que «Puerto Rico necesita un proceso ordenado para hacer frente a sus obligaciones».
«Bajo la situación actual, sin un régimen jurídico probado, la resolución de las obligaciones financieras de Puerto Rico probablemente sería caótico, prolongado y costoso tanto para Puerto Rico y en un contexto más amplio para los Estados Unidos. La situación sigue siendo urgente y requiere la atención inmediata del Congreso», indicó el portavoz del Tesoro federal, en declaraciones suministradas a El Nuevo Día.
En términos legislativos, el Congreso, como se esperaba, entró de lleno esta semana- después de más de un mes sin sesiones- a los debates sobre los esfuerzos republicanos para revertir el acuerdo nuclear con Irán y desfinanciar el grupo pro derechos reproductivos Planned Parenthood, un asunto que amenaza con dinamitar las discusiones sobre el presupuesto federal, que expira el día 30.
Aunque no se descarta una audiencia futura del Comité de lo Jurídico del Senado y el plan de ajuste fiscal del Grupo de Trabajo para la Recuperación Económica y Fiscal de Puerto Rico apenas comenzaba a ser examinado en Washington, las posiciones del Ejecutivo y el legislativo federal poco parecen haber variado.
Tras haber descartado un rescate financiero, la colaboración del gobierno del presidente Obama se ha centrado en ofrecer asistencia técnica.
El gobernador García Padilla, por su parte, tiene previsto viajar a Washington a mediados de la semana próxima para reuniones con el Ejecutivo y el Legislativo federal, según fuentes federales.
«Aunque pueden necesitarse más detalles del plan para determinar si las reformas estructurales que se necesitan van a ponerse en marcha, es bueno conocer las ideas presentadas por el Grupo de Trabajo y donde ellos creen que asistencia técnica federal puede ser de ayuda y donde las políticas públicas federales pueden o no pueden desempeñar un papel en las reformas», indicó Julia Lawless, portavoz del presidente del Comité de Finanzas del Senado, el republicano Orrin Hatch.
En la Cámara baja, un portavoz del presidente del Comité de lo Jurídico, el republicano Robert Goodlatte (Virginia) – quien a principios de julio advirtió que no había los votos para echar hacia delante el proyecto cameral 870 del comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, que incluiría a la Isla en el capítulo 9-, afirmó que el legislador federal sigue sin respaldar esa medida.
«El presidente Goodlatte ha indicado que permitir a Puerto Rico utilizar el capítulo 9 del código de bancarrota es un asunto puede tener amplias consecuencias económicas y merece un examen cuidadoso y deliberado», sostuvo un portavoz del representante republicano.
El Departamento del Tesoro estadounidense indicó que por el momento tiene bajo evaluación el plan de ajuste fiscal. «Es evidente que los retos financieros de Puerto Rico son muy serios y que el Estado Libre Asociado entra ahora en un período crítico que va a requerir un análisis cuidadoso y la cooperación de todas las partes», indicó el portavoz del Secretario Tesoro federal.
Aunque se han limitado por el momento a ofrecer asistencia técnica, la Casa Blanca y el Tesoro han hecho expresiones a favor de la aprobación de los proyectos de ley presentados en el Congreso que permitirían reestructurar la deuda de las corporaciones públicas y municipios.
Junto a una reducción de gastos, limitación de beneficios laborales para los nuevos empleados del gobierno y los menores de 25 años, cambios contributivos locales y la reafirmación de un buen número de los reclamos que antes se han hecho al gobierno federal, el plan de ajuste fiscal divulgado por el gobernador García Padilla contempla, por vez primera, renegociar las obligaciones generales, cuyo repago está atado a una promesa explícita en la Constitución de Puerto Rico.
La renegociación incluiría los bonos de Cofina, que son pagaderos con el Impuesto a la Venta y Uso (IVU). La propuesta de renegociación representaría el primer impago de una jurisdicción estatal estadounidense en la historia.
Coincidiendo con la presentación del plan de ajuste fiscal, el grupo conservador Asociación 60 Plus, que ha hecho causa común con las firmas de inversiones opuestas a la inclusión de Puerto Rico en el capítulo 9, publicó ayer un anuncio a toda página en el periódico Político de Washington para denunciar que el gobernador García Padilla quiere violar la Constitución con la reestructuración de la deuda del gobierno central.
Como han hecho otros grupos conservadores como American Future Fund (AFF) y el Hispanic Leadership Fund (HLF), 60 Plus también busca estimular que el Congreso se anime a crear una junta federal de control fiscal, que le arrebate al gobierno de Puerto Rico las decisiones sobre su presupuesto.
«Su sugerencia de que él y su equipo puedan nombrar una junta de control es risible, y no tiene ninguna credibilidad con los inversionistas», sostuvo 60 Plus, por medio de un nuevo grupo que crearon, «Main Street Bond holders», que incluye al economista puertorriqueño Elías Gutiérrez.
Aunque el republicano Jeff Duncan (Carolina del Sur) abogó hace unos meses por la creación de una junta federal de control financiero, su oficina ha advertido que no tiene planes de presentar legislación a esos efectos. Ningún otro miembro del Congreso ha impulsado la idea.
El plan de ajuste fiscal del gobernador García Padilla contempla la creación de una junta de control fiscal nombrada por el gobierno de Puerto Rico, que incluiría representación del sector privado.?
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