Cuando se debilitan las instituciones políticas de un Estado y se resquebraja la autoridad de sus gobernantes y líderes, la convivencia ciudadana pierde fuerza y queda en entredicho la estabilidad política, económica y social.
Los elementos de manifestaciones aisladas se suman, y como advirtió la agencia clasificadora Standard & Poor´s, cuando en febrero pasado degradó más el crédito del Estado Libre Asociado (ELA), todo esto puede dar paso a la “inestabilidad política”.
Desde entonces han pasado siete meses y sobre la mesa hay un Plan de Ajuste Fiscal que busca reestructurar la deuda de $72,000 millones del ELA. Subyacen diversos temas que en el menos agradable de los escenarios podrían acercarse a ese entorno que señaló S&P, cuando aludió entonces a la amenaza que representa “la capacidad del gobierno para continuar proporcionando los servicios básicos a los ciudadanos”.
El gobernador Alejandro García Padilla lo dijo en su mensaje y con la propuesta medicina amarga se propone cambiar “los beneficios” del estado benefactor, esos que de una manera u otra han servido de paliativos hasta ahora. Sin embargo, los componentes de la crisis económica de la última década han proporcionado innumerables cargas impositivas, alzas en el costo de las utilidades, pérdida de miles de empleos, ejecución de hipotecas y se suman otros.
La familia ha salido lesionada en sus bolsillos y en su composición, una vez más marcada por la migración. Todo esto, más lo que está por entrar “a la olla” puede propiciar vías inesperadas de escape, concurrieron los sociólogos entrevistados.
“El estado benefactor lleva en crisis muchos años y ha servido como un paliativo, en ese contexto las posibles explosiones sociales han tenido como paliativos las ayudas del estado. Pero los cambios que se avecinan, vistos en el plan del gobierno, es que se van eliminando los paliativos”, según el análisis del sociólogo Ángel Rodríguez Rivera, profesor en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey.
Dijo que estamos a las puertas de un nuevo contrato social y al observar el entorno de la Isla, poco a poco saltan a la palestra pública los planteamientos de más grupos y personas que por los pasados años se habían mantenido bastante silentes. “Se va sintiendo y la gente va perdiendo opciones y se organizan otras formas de hacer unos reclamos. Aquí se van a Estados Unidos, pero según ven que tampoco eso siempre es una opción, entran en un proceso de desesperación social y es cuando también se crean cambios”, agregó Rodríguez Rivera.
El sociólogo dijo que cada día se suman los elementos que en otras jurisdicciones habría provocado desequilibrios. “No sabemos por dónde van a venir esos cambios”, se cuestionó, y agregó que la suma de nuevas medidas que inciden sobre la capacidad de las personas para adquirir siquiera los bienes básicos le hacen alcanzar sus límites. Por mencionar un solo ejemplo relacionado al nuevo plan fiscal, comentó que la mera consideración de que el salario mínimo para los jóvenes sea menor, en cualquier otro lugar habría sido como tocar un botón de alerta. Sin embargo, la realidad de escape del puertorriqueño, con su facilidad de movilidad aérea, cancela reacciones.
“La migración desde que se fundó el ELA fue válvula de escape. Si vemos la política de Estados Unidos ahora, no es de dar la bienvenida a los emigrantes y ya vemos la situación del partido republicano y sus candidatos presidenciales, y en nuestro caso cuando nos ven no nos identifican primero como ciudadanos americanos”, planteó Rodríguez Rivera.
El doctor en sociología, Michael González, catedrático auxiliar en el Recinto Universitario de Mayagüez, consideró que “la gobernabilidad y la estabilidad del país, al gobierno perder credibilidad junto a todo el liderato, todo eso lleva a la degradación. Con el mensaje del gobierno no se soluciona el problema de la credibilidad, ni del crédito. Desafortunadamente, aquí se quebraron las costumbres y las condiciones de conciencia familiar. Todos tienen un familiar que emigró, o que ha perdido su techo o que ha perdido el empleo o que ha quebrado. Las quiebras se han disparado en la última década casi al 100% y esa visión de crisis personal se convierte en crisis colectiva”, argumentó González.
Mencionó que para hoy está pautada la primera manifestación colegiada de los sindicatos en tres años y la pregunta es “por qué los grupos esperaron tanto para expresarse y no se articulan con otros movimientos populares”. González destacó que las organizaciones que pueden retar al gobierno están desarticuladas, además, “no veo una iglesia que este promoviendo la justicia social como ocurrió en América Latina. Ha habido una represión y hay ese miedo. Hay organizaciones que no han hecho su trabajo de encausar este estado de crisis. Hay varios elementos precipitantes pero tiene que haber un colectivo que encause ese cambio social”.
Recalcó que falta más análisis profundo, sobre todo en los mismos medios de comunicación. “El pueblo vincula lo económico con lo político. 
Vemos sólo los partidos políticos y nos olvidamos de los movimientos sociales. El problema de la gobernabilidad no es contra la estructura, es la falta de personas que puedan gobernar de una manera científica”, expresó.
Carlos Antonio Otero, EL VOCERO
Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.
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Cuesta arriba
Es una pena que el Plan de Ajuste Fiscal develado ayer por la administración García Padilla no vaya para ningún lado. Porque la verdad es que una buena parte de sus recomendaciones deberían adoptarse de inmediato. Es más, ¡deberían haberse implantado hace 15 o 20 años!
Un sinnúmero de las iniciativas de desarrollo económico, reforma estructural y reforma institucional contenidas en el Plan Fiscal y de Crecimiento Económico de Puerto Rico (alias, Plan de Ajuste Fiscal) deberían implantarse o restituirse—en el caso de aquellas que irónicamente fueron eliminadas por la presente administración—independientemente del objetivo de restructuración de la deuda que ahora persigue el gobierno al proponerlas.
Algunas, implantadas en el pasado y luego detenidas o eliminadas, ahora se adoptan como tabla de salvación de último minuto. Por ejemplo, las alianzas público-privadas, que tan criticadas fueron en el pasado, el Plan las abraza como “una herramienta efectiva para desarrollar y rehabilitar la infraestructura necesaria, reducir costos y mejorar los servicios que ofrece el gobierno”; la diversificación de fuentes de energía (gas natural, renovables) para reducir nuestra dependencia en el petróleo, que se ya se había encaminado y se detuvo; tasas contributivas más bajas para los negocios, y el crédito por ingresos devengado para los individuos, que eran piedras angulares de la reforma contributiva del 2011; reducción del costo y mejoramiento del clima de hacer negocios, incluyendo la simplificación y centralización del proceso de permisos; inversión en nuestra maltrecha infraestructura… la lista es larga.
Otras, llevamos discutiéndolas por años pero no ha habido voluntad política para implantarlas. Por ejemplo, a pesar de lo que digan los recalcitrantes representantes de los grandes intereses sindicales, hay consenso en el sector privado, tanto entre dueños de negocios como empleados, de que Puerto Rico debió haber reformado hace años muchas de sus arcaicas leyes laborales. Iniciativas como “flexitime”, la extensión del período probatorio, revisar los días mandatorios de vacaciones e inclusive muchas otras que no están contenidas en el Plan, son enmiendas necesarias a nuestras leyes laborales para hacer más competitivo al sector productivo de nuestra economía que es el que crea empleos.
En fin que como plan de desarrollo económico, aunque se queda bien corto, muchas de las recomendaciones del Plan son buenas para Puerto Rico y deberían implantarse.
Pero el problema es que el propósito principal del Plan no es ese, sino convencer a los acreedores de que gobierno de Puerto Rico está dispuesto a tomar las decisiones necesarias para reestablecer la disciplina fiscal de forma que ellos acepten renegociar los términos de la deuda. Y en eso el Plan se queda bien, bien corto.
De hecho, tanto en lo que respecta aumento en ingresos como recorte de gasto, el Plan no ofrece nada nuevo. En el lado de los ingresos, el Plan se limita a proyectar los recaudos de los abusivos impuestos ya legislados, incluyendo el aumento al IVU y la implantación del IVA, así como posibles aumentos en los recaudos como resultado de mejoras en eficiencia en Hacienda. Estamos de acuerdo que el Pueblo no aguanta ni un impuesto más, así que es mejor que el Plan no descanse en ello.
Pero en cuanto a recortes en el gasto, es absolutamente risible que la administración proponga la extensión en la aplicación de la Ley 66 que las propias agencias del gobierno han incumplido olímpicamente desde su adopción. Hay mucho más que el gobierno puede y debe hacer para controlar el gasto gubernamental.
En otras palabras, los acreedores a quienes va dirigido el Plan pudieran muy bien darle la bienvenida a muchas de las iniciativas de desarrollo económico en él contenidas, aunque estas no tengan mayor impacto fiscal a corto plazo. Pero en toda probabilidad encontrarán que hay poco en el Plan de suficiente impacto en el lado fiscal como para merecerles credibilidad de que en efecto el gobierno ha hecho todo lo posible y no le queda otro remedio que reestructurar la deuda.
Nosotros tampoco estamos convencidos.
Opiniones:
¿Volverán los Legisladores Populares a Traicionar al Pueblo? X Temor? Barriguismo? Complicidad? Plan AGP es Malo.
Por Arriba o Por Debajo o Por los Lados El AGP es una Locra/ Llama Acríbele a los Legisladores q lo Eliminen Pronto
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Maduro El Podrido en Venezuela es el Modelo de AGaPito para Volver al 1898 – Al Puerto Pobre + pobre q Haití
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