Ante el empeoramiento de la crisis fiscal del Estado Libre Asociado (ELA), funcionarios del Banco de la Reserva Federal de Nueva York (Fed-NY), insistieron que Puerto Rico necesita un marco articulado para reestructurar toda su deuda, pero debe estar acompañado “de un programa fiscal fuerte y creíble para garantizar que el ´commonwealth´ se mantiene en una trayectoria sostenible”.
En un escrito firmado por el vicepresidente del grupo de investigaciones y estadísticas de la Fed-NY, Andrew Haughwout, su asistente Hunter Clark, y el vicepresidente senior James Orr, plantean que ambas recomendaciones “son partes vitales del paquete completo de reformas estructurales necesarias para hacer de la Isla un entorno más competitivo para la inversión y el crecimiento económico”.
Por eso sostienen que es necesaria la extensión a Puerto Rico del Capítulo 9 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, aunque no se trate de un estado, y que esa inclusión debe ser más abarcadora para que haya un alivio real en la economía local.
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Plantean que sin esa opción, una reestructuración podría convertirse en un proceso muy costoso para todas las partes involucradas.
“Un incumplimiento daría lugar a cientos de potenciales demandas de los acreedores y los intentos para unir los activos”, indicaron y añadieron que en los 50 estados el mecanismo del Capítulo 9 evita los altos costos asociados con batallas legales prolongados y la potencial interrupción de los servicios públicos.
En el escrito que aparece en el blog de la página oficial de la Fed-NY, igualmente recordaron los informes que realizaron en 2012 y el año pasado, pero aclararon que ahora “la situación fiscal de la Isla se ha convertido en una aún más difícil”. Eso, apoyado por la pérdida de acceso a los mercados de capital, aun para buscar financiación a corto plazo.
A pesar de que identifica gestiones del gobierno para atender el problema, señala que no está claro cómo van a reducir la deuda de sobre $71,000 millones y que la alternativa de autofinanciarse mediante el retraso en los pagos a suplidores, contratistas y a los constituyentes, “no es sostenible”.
Cuestionan la poca certeza en los números del gobierno al no haber informes auditados, pero al mirar la información disponible y el informe que realizó Anne Krueger, execonomista del Fondo Monetario Internacional (FMI), ven claro que el servicio de la deuda en los próximos cinco años será de $3.6 mil millones anuales, lo cual representa el 5.2% del PIB. Entienden que no es posible cumplir con eso.
“Puerto Rico se encuentra actualmente en un círculo vicioso: los malos resultados fiscales conducen a mayores tasas de interés y en los costos del servicio de la deuda, lo que requiere mayores impuestos y recortes de servicios, que a su vez incentivan a los ciudadanos a relocalizarse en otros lugares, como Florida, empeorando aún más la situación fiscal”, resalta el escrito.
Carlos Antonio Otero, EL VOCERO
Periodista con 24 años de experiencia en la cobertura de temas económicos, política, tribunales y cultura en diferentes periódicos y revistas. Estudió periodismo en la Universidad del Sagrado Corazón e historia y cultura puertorriqueña en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y El Caribe.
Incertidumbre ante reducción en jornada a empleados públicos
La incertidumbre ante la posibilidad de una reducción en la jornada laboral para los empleados públicos ya ha comenzado a surtir efecto en la mente de los consumidores, quienes han comenzado a cambiar sus patrones de consumo en todos los niveles, propiciando consigo otro duro golpe a la economía.
Mientras una reducción en la jornada laboral representaría un alivio a la crisis fiscal del gobierno, en la economía deja de circular millones de dólares y reduce el dinero discrecional en los bolsillos de los consumidores. El efecto trae consigo el detener toda actividad de consumo, salvo que sea estrictamente necesaria.
Sin embargo, representantes de diversos sectores económicos del país coinciden en que esta nueva incertidumbre abona más a la precaria situación económica que enfrentan los consumidores y el sector privado.
Para el economista Antonio Rosado, el gobierno está desorganizado y sigue dando palos a ciegas, generando con ello una mayor incertidumbre. “El gobierno tiene que reestructurarse y dar paso para que sean los municipios los que puedan atender muchos de los servicios que hoy están centralizados en el gobierno central. Igualmente se tiene que imponer la reforma educativa, la de salud y la de la Universidad de Puerto Rico, de manera que se puedan comenzar a resolver los problemas esenciales del país, que no le permiten arrancar. También el gobierno tiene que dejar de gastar de manera indiscriminada. Reducir jornada solo abonará a la merma en la demanda agregada de consumo que ya se está experimentando y que a diario se agudiza”, sentenció Rosado.
Para el director ejecutivo de la Asociación de Restaurantes (ASORE), Gadiel Lebrón esta alternativa planteada por el gobierno agudizará la sensible situación económica que atraviesa el sector de cara a unos cambios de patrones de consumo que se han estado percibiendo. “En la medida haya menos dinero en el bolsillo del consumidor, este reduce sus visitas a restaurantes y las pocas veces que lo haga optará por compartir platos y eliminar aperitivos, bebidas y postres, lo que se traduce en menores ventas. Esto a su vez provoca que el comerciante detenga las inversiones, reduzca su personal y hasta reduzca horarios de aperturas. Con estas prácticas se penaliza también a los clientes. Los comerciantes ya no pueden transferir un costo más a los consumidores, ya que de lo contario se salen de la competencia. La gente hoy busca calidad al menor precio posible”, opinó Lebrón.
En un sentido muy similar se expresó Rubén Piñero, presidente del Centro Unido de Detallistas, quien entiende que una reducción de jornada automáticamente reduce las ventas, ya que limita al mínimo el poder adquisitivo de los consumidores. “Un recorte de jornada ahora representa la caída de las ventas en todos los niveles, ya que el consumidor limitará su presupuesto a lo estrictamente necesario. Con ello se acaban las ventas navideñas, época que ansían los comerciantes para poder cuadrar sus chequeras al final del año”, destacó Piñero.
Asimismo, Iván Báez, presidente de la Asociación de Detallistas, sostuvo que todavía el gobierno no ha explicado cómo se llevaría a cabo ese proceso y la magnitud del mismo para que los comerciantes se puedan atemperar a este nuevo golpe. “En la medida haya menos ingresos se reduce el consumo y con ello todo el efecto en cadena que pudiese generar. Habría que esperar a conocer la magnitud de esa estrategia”, indicó.
Estas reacciones se obtienen en momentos en que el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, reiteró que se mantiene latente la posibilidad de una reducción en la jornada laboral de los empleados públicos en diciembre o enero, por falta de efectivo en la caja del gobierno para cumplir con pagos apremiantes ascendentes a $1,380 millones entre los próximos tres meses. Esa cantidad incluye pago de nómina, pago del bono de Navidad, y pago a los bonistas, entre otros.
Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO
Graduada de Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez y egresada de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, con más de 20 años de experiencia como periodista en prensa escrita, radial y televisiva.
CPAs y comerciantes tildan de innecesaria la junta de control fiscal
Por Rebecca Banuchi11/04/2015 |05:22 p.m.
Se plantea que ya el gobierno tiene mecanismos fiscalizadores como OGP, la Junta de Planificación y el Instituto de Estadísticas.
La Cámara de Comercio y el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CPA) cuestionaron este miércoles la creación de la Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica de Puerto Rico para fiscalizar los procesos presupuestarios y los mecanismos de disciplina fiscal del Gobierno al señalar que resulta innecesaria y que podría generar duplicidad en la gestión gubernamental.
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El licenciado Héctor Mayol, director ejecutivo interino de la Cámara de Comercio, argumentó ante los miembros de la Comisión senatorial de Hacienda que el Proyecto del Senado 1513 -equivalente al Proyecto de la Cámara 2718- no establecería una junta con verdaderos poderes de control fiscal, sino que limita su campo de acción a funciones de revisión.
“Una junta de control fiscal es una definición totalmente distinta”, manifestó Mayol cuando el senador José Nadal Power, presidente de la comisión legislativa, le preguntó sobre los criterios que tendría que reunir el ente propuesto para devolverle al gobierno la credibilidad necesaria para tener acceso nuevamente a los mercados financieros.
“Una junta de control fiscal tendría la potestad de impactar actividades de las agencias, mirando el presupuesto y requiriendo cambios. La medida no da esa potestad. Lo que hace (la junta) es informar al gobernador y a la Asamblea Legislativa el incumplimiento”, añadió el deponente.
Sin embargo, previo a las preguntas del legislador popular, Mayol sostuvo que resulta innecesario crear una “junta criolla fiscalizadora” para cumplir los objetivos de la propuesta legislativa, y dijo que el Ejecutivo ya cuenta con entidades como la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Junta de Planificación y el Instituto de Estadísticas que tienen entre sus responsabilidades asegurar que se cumplan metas similares a las que guiarían el Plan de Crecimiento Económico y Fiscal, que se crearía por virtud de la misma legislación y que deberá contar con el aval de la propuesta junta.
Mayol señaló que el país lo que necesita es adoptar un nuevo modelo económico, y destacó que la pieza legislativa no incluye nada en materia contributiva, un asunto que, según dijo, es crucial para mejorar el clima de negocios.
En tanto, Zulmarie Urrutia, presidenta del Colegio de CPA, manifestó que esa organización no se opone, en términos conceptuales, a la creación de una junta con independencia política que atienda los asuntos fiscales, pero coincidió en que el mecanismo propuesto no añade agilidad a los procesos y entidades existentes, y podría generar redundancia en la gestión pública.
“Las facultades que el proyecto reconocería a la junta ya existen dentro del marco habilitador de otros componentes del Poder Ejecutivo. El Colegio de CPA entiende prudente analizar si la constitución de la junta resulta en una duplicidad de esfuerzos que no añadan valor al proceso de análisis y disciplina fiscal propiciados por el plan”, aseveró Urrutia.
Otro de los puntos que mayor reparo generó es la inmunidad que tendrían los cinco integrantes de la junta, que serían designados por el gobernador con el consentimiento del Senado. La medida exime a los miembros del organismo de la aplicación de 11 leyes que, entre otras cosas, regulan el comportamiento ético y las contrataciones en el gobierno.
“Dar inmunidad a los miembros y personas que trabajen para la propuesta junta, eximiéndoles de leyes que rigen la ética y las contrataciones, deja meridianamente claro que la junta no tendría que rendirle cuentas a nadie. Esto lacera toda credibilidad en los procesos y ante los mercados financieros”, subrayó Mayol.
Nadal Power, por su parte, defendió la creación de una junta independiente para examinar los procesos presupuestarios y fiscales, y anticipó que le incluirá enmiendas que no necesariamente estarían encaminadas a aumentar sustancialmente sus poderes, sino a garantizar su autonomía legal y política.
El senador popular por San Juan destacó que, para dotar a la junta de la mayor estabilidad posible, es necesario que finalmente se apruebe un proyecto de consenso entre los tres partidos políticos principales, y no pudo garantizar que esos entendidos se logren antes del 12 de noviembre, último día de aprobación de medidas de la presente sesión legislativa.
«Tiene que ser algo que tenga estabilidad y, por eso, si yo tengo que incorporarle enmiendas al proyecto de ley que permitan el apoyo del PNP y del PIP, y de cualquier partido que compita en las elecciones, estamos en realidad caminando en la dirección correcta», dijo Nadal Power.
“Estamos contra el reloj. Si se puede lograr en esta sesión alcanzar algún consenso, pues sería algo muy positivo, podríamos aprobar el proyecto, pero si tenemos que durar un poco más para lograr el consenso político y legal, la estabilidad política y jurídica que necesita la junta, pues se espera un poco más, pero lo importante es que surja del consenso del país, que tenga estabilidad y que pueda lograr esa credibilidad que necesita Puerto Rico”, puntualizó el senador en un aparte con la prensa.
Gobierno evalúa medidas de emergencia para evitar reducción de jornada laboral
Por Cynthia Lopez Cabán / cynthia.lopez@gfrmedia.com11/03/2015 |06:09 p.m.
La semana pasada el director ejecutivo de la OGP adelantó la posibilidad de reducir la jornada laboral de los empleados públicos.
Naguabo.- Sin entrar en detalles, el gobernador Alejandro García Padilla aseguró la tarde del martes que su administración evalúa medidas de emergencia para evitar una reducción en la jornada laboral de los empleados públicos.
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“El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) dio una respuesta. Ahora bien, también es 100% real que estamos buscando todas los mecanismos de emergencia para evitarlo”, afirmó el primer ejecutivo.
“Cada vez hay menos mecanismos de emergencias. Se van agotando, pero yo creo que el País está reconociendo que la crisis que heredamos es real”, agregó en conferencia de prensa después de inaugurar el nuevo malecón de Naguabo.
La semana pasada el director ejecutivo de la OGP, Luis Cruz Batista, adelantó al periódico El Nuevo Día la posibilidad de reducir la jornada laboral de los empleados públicos como una alternativa para lidiar con la falta de liquidez del Departamento de Hacienda, que sólo cuenta hasta el momento con dinero para pagar la nómina hasta el 15 de noviembre.
Hoy, Cruz Batista apuntó que la reducción de la jornada laboral podría contemplar dos días semanales y extenderse a unos 30,000 empleados públicos.
“Estamos buscando identificar medidas adicionales de emergencia para evitar reducciones de jornada, para evitar cierre de agencias, para permitir para lograr que los policías sigan en la calle, que las enfermeras sigan en Centro Médico y los maestros sigan dando clases en las escuelas, pero no hay varitas mágicas”, indicó García Padilla.
“Estamos buscando medidas de emergencia donde quiera, pero no hay magia, no hay magia disponible”, reiteró.
También señaló que tan pronto se identifiquen y se vayan a implantar esas medidas, “las vamos a publicar antes”.
La encuesta de El Nuevo Día
García Padilla no quiso comentar sobre los resultados de la Encuesta de El Nuevo Día, que ubica a Ricardo Rosselló en el primer lugar del favor del pueblo novoprogresista como candidato a la gobernación, pero cuya candidatura ha perdido impulso en el pasado año.
La encuesta también reflejó que las potenciales candidaturas a la gobernación del comisionado residente Pedro Pierluisi y el senador Thomas Rivera Schatz muestran avances.
“En cuanto a las candidaturas del Partido Nuevo Progresista no voy a hacer ningún comentario. Eso es algo que los novoprogresistas van a dilucidar en las urnas”, apuntó.
Sobre los pobres niveles de aprobación de su gestión que reveló la encuesta, García Padilla asumió total responsabilidad.
“Yo asumo total responsabilidad por los resultados de la encuesta. Yo sé lo que sienten los puertorriqueños. Yo comprendo lo que sienten los puertorriqueños. Enfrentar la crisis que heredé y bajar el crimen y el desempleo a la vez no ha sido fácil. Enfrentar la crisis que heredé y hacer este malecón no ha sido fácil. No hay magia disponible. Tengo que tomar medidas reales. Son medidas difíciles”, apuntó.
“A la misma vez que enfrento la crisis, bajamos el desempleo, bajamos el crimen y que no despedimos a nadie, tengo la oposición política externa e interna de mi partido. Lo que añade dificultad. Eso no nos puede distraer y si no me ha distraído la oposición política y externa, tampoco me va a distraer cualquier otro elemento de la meta principal: seguir atendiendo la crisis mientras bajamos el crimen y seguimos bajando el desempleo”, añadió.
Gobernador no descarta una extraordinaria
En cuanto al proyecto de ley que La Fortaleza anticipó que enviará a la Legislatura para reorganizar las operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), apuntó que la fecha de su radicación se ha discutido con la corporación pública, con la principal oficial de reestructuración operacional y fiscal de la AEE, Lisa Donahue, y con el liderato legislativo.
“Yo no espero una evaluación donde la prisa sea mala consejera de la asamblea legislativa. Yo sé que lo van a hacer con la urgencia, pero con la responsabilidad que el momento amerita” dijo.
Ante la cercanía del final de esta sesión, García Padilla no descartó convocar una sesión extraordinaria para atender la medida. “Yo no lo descarto, pero en este momento no está planteado”, concluyó.
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