Ni falta de transparencia, ni comunicación selectiva, ni cuestión de opinión.

Las cosas por su nombre. Los funcionarios de la administración García Padilla—incluyendo al gobernador, la Principal Oficial Financiera y presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, el Secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, y el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Luis Cruz—nos han mentido repetida y descaradamente al respecto del estado de las finanzas públicas.

Suena duro, pero es la verdad. Y el Pueblo debería indignarse y reclamarles la honradez que nos han negado y que el descargo de sus funciones demanda. Aunque les cueste trabajo.

El pasado viernes a las 9:00 de la noche el BGF publicó el más reciente Informe Financiero del Estado Libre Asociado. El documento pone de manifiesto que las expresiones e incluso los comunicados oficiales de las pasadas semanas han estado plagados de mentiras y falsedades.

Incluso esa misma tarde, el Secretario de Asuntos Públicos de García Padilla, Jesús Manuel Ortiz, había anunciado la buena noticia de que “los estimados de recaudos que tenemos hasta el momento” indican que no habría que tomar medidas extraordinarias como una posible reducción de jornada o un cierre parcial del gobierno para atajar el problema de liquidez. Seis horas después, el documento colgado por el BGF en su página, desmentía a Ortiz vergonzosamente.

Contrario a lo anteriormente reportado, el documento refleja que al 30 de septiembre, el sobregiro de la cuenta del Secretario de Hacienda fue de unos $370 millones, esto sin contar más de $300 millones en reintegros que el Secretario aún no ha enviado, lo que pone el sobregiro en más de $670 millones.

Contrario a la proyección positiva de recaudos que Hacienda comunicó tan recientemente como octubre, el documento revelado el viernes en la noche advierte que los recaudos durante el presente año fiscal estarán $355 millones por debajo de lo originalmente proyectado.

A diferencia de lo que han dado a entender que lograron con los “préstamos” que le cogieron a agencias más solventes como el Fondo del Seguro del Estado, el documento revela que el BGF se encamina a la insolvencia antes del final del presente año calendario. Para el primero de diciembre el BGF debe pagar $273 millones de principal e intereses en notas del propio BGF, de los cuales $267 millones es deuda garantizada por la Constitución. Y el primero de enero vence otro pago de $330 millones por concepto de intereses de los bonos de obligaciones generales del ELA, también garantizadas por la constitución.

Así las cosas, el documento advierte que el BGF no podrá cumplir sus obligaciones y tampoco con el requisito legal de mantener una reserva del 20% de sus depósitos, lo que requeriría su posible intervención y eventual liquidación. Esta contingencia está, literalmente, a la vuelta de la esquina.
Ya está bueno de embustes. El Pueblo se merece que se le diga la verdad.