Para el secretario de Justicia, César Miranda, del caso Pueblo v. Sánchez Valle, también conocido como el caso sobre doble exposición y que será evaluado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en esta sesión, tiene “tangencia” sobre el tema del estatus politico de la Isla.

“Es uno de los casos más importantes ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos”, dijo Miranda a NotiCel.

El Supremo federal expidió un recurso de certiorari presentado por el ELA para que se revisara la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico del 20 de marzo en el caso de Pueblo v. Sánchez Valle en el que se resolvió que Puerto Rico no tiene soberanía distinta a la de los Estados Unidos por lo que el sistema de justicia de Puerto Rico queda impedido de radicar cargos por los mismos hechos por los que ya la jurisdicción federal hubiera acusado.

Esta doctrina se conoce como «doble exposición” o “double jeopardy” en inglés.

El Supremo manifestó que como Puerto Rico es un territorio, su soberanía proviene del Congreso de los Estados Unidos. Indicó que la fuente de poder de los tribunales federales proviene también del Congreso. Como las fuentes de poder dimanan del mismo origen, aplica la protección de la doble exposición.

Miranda sostuvo que Puerto Rico al igual que los otros estados tiene soberanía separada de los Estados Unidos por virtud del pacto de 1952 que creó la doble soberanía y el Estado Libre Asociado.

“Puerto Rico puede estar exento de la doble exposición cuando se trata de ofensas criminales”, sostuvo Miranda al explicar el raciocinio del caso.

El juez federal Gustavo Gelpí dijo recientemente que estas decisiones pueden causar confusión los tribunales. Como ejemplo, indicó que tomando en consideración el asunto de la deuda de Puerto Rico, la confusión podría llevar a los bonistas a demandar a Puerto Rico en los tribunales federales para los pagos de los bonos.

Viva la apelación de la quiebra criolla

Miranda, de otra parte, sostuvo que sigue viva la apelación ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que busca revocar las decisiones del Tribunal de Distrito federal y el Tribunal del Primer Circuito que declararon inconstitucional la ley de quiebras criolla.

Los tribunales federales decidieron en ese caso que Puerto Rico está impedido de legislar su propia ley de quiebras, ante la decisión del Congreso de 1984 de mantener excluida sus empresas públicas del capítulo 9 de la ley federal de quiebras. Aunque concurrió con la opinión, el juez Juan Torruella mantuvo que hubiese declarado inconstitucional la exclusión de la Isla por entender que viola la cláusula constitucional de uniformidad en la aplicación de las leyes.

El Secretario de Justicia aseguró que la agencia está en la recta de someter alegatos y que luego que esté completo el expediente, espera que el Supremo expida el certiorari.

De los miles de certiorari que se presentan anualmente ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, este foro sólo acoge un 1% de ellos.