WASHINGTON.- En reuniones entre el alto liderato del Congreso y la Casa Blanca puede decidirse esta semana si el gobierno de Puerto Rico tiene acceso al código federal de quiebras para reestructurar parcial o totalmente su deuda, a cambio de nuevas medidas de control federal.

Si el Congreso logra mantener el viernes como fecha para aprobar las asignaciones federales por agencias para el resto del año fiscal federal, en el llamado “ómnibus presupuestario”,  las autoridades de la Isla conocerán si ha sido efectiva la presión para que se apruebe ahora -antes de un posible gran impago de cientos de millones de dólares el 1 de enero-, ofrecerle al gobierno de Puerto Rico acceso al capítulo 9 de la ley federal de quiebras.

Con ocasión del Día Nacional de Acción para Ayudar a Puerto Rico, por medio del cual grupos de la diáspora que recorrieron oficinas del Congreso, la semana pasada hubo reuniones con el alto liderato demócrata, incluida la líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (California), y los senadores Richard Durbin (Illinois) y Charles Schumer (Nueva York), número dos y número tres de los demócratas en el Senado.

La congresista Nydia Velázquez (Nueva York) ha indicado que Pelosi hizo entonces el compromiso de llevar los temas de Puerto Rico a la ronda de negociación final sobre el ómnibus presupuestario, que incluirá a los principales líderes del Congreso.

“Los 3.5 millones de estadounidenses que viven en Puerto Rico merecen ser tratados justamente por el Congreso. Exhortamos a los republicanos a que actúen con toda prontitud”, indicó a El Nuevo Día este fin de semana  Jorge Aguilar, portavoz de Pelosi.

El plan de Obama

Las propuestas del gobierno del presidente Barack Obama -que reúne peticiones de autoridades de la Isla, de la diáspora y la industria de salud- incluyen encaminar a Puerto Rico hacia la paridad en el programa Medicaid y pleno  acceso a reembolsos por los créditos federales por ingresos devengados (EITC)  y niños dependientes (CTC). Las propuestas sobre Medicaid y los créditos contributivos, por costar cerca de $4,000 millones anuales, entre otras cosas, han sido rechazadas por la mayoría republicana y son aún más difíciles de incluir ahora.

En general, son decenas las propuestas en torno a diversos temas desde los refugiados de Siria hasta Obamacare, que demócratas y republicanos quieren agregar al ómnibus.

Pero, además, el Congreso trata de aprobar en un proyecto independiente la extensión de medidas contributivas temporales, que suelen incluir la renovación del aumento en el reembolso por el arbitrio al ron de Puerto Rico y la reducción de 35% a 32% en la tasa tributaria de empresas que hacen negocios como compañías domésticas estadounidenses.

En esa medida, los demócratas tratan de hacer permanentes en EE.UU. los créditos EITC,  CTC  y por el financiamiento de estudios universitarios.

Pierluisi

“El ambiente es retante y el tiempo es corto.  Junto con mis aliados en ambas cámaras, así como con la administración de Obama, estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para obtener un resultado exitoso”, indicó, por su parte, el comisionado residente en Washington,  Pedro Pierluisi, quien afirmó que participa de las conversaciones “que llegan hasta el alto liderato de la Cámara y el Senado federal”.

Pierluisi insistió en que “Puerto Rico se encuentra en la situación actual por dos razones:  la falta de disciplina fiscal de los líderes locales y el trato desigual e incoherente que el territorio siempre ha recibido del gobierno federal.  Si el Congreso no actúa ahora inteligente, sensible y rápidamente, los problemas de Puerto Rico sólo van a empeorar”.

Tesoro

La situación ha sido tan volátil en los últimos días que el propio secretario del Trabajo de Estados Unidos,  Jacob Lew, estuvo listo para ir a San Juan el miércoles de la semana pasada, en caso de que el gobierno de  Alejandro García Padilla  hubiese decidido no pagar el 1 de diciembre $354 millones del servicio de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

En aquel momento, colaboradores en Washington de la campaña del gobierno de García Padilla hacia la obtención de un estatuto general de quiebras le recomendaron iniciar el impago ese mismo día -no retrasarlo para principios o mediados  de año-, para acentuar al Congreso su posición de que tiene que haber intervención urgente pues se le agotó el efectivo.

Lew tenía previsto reuniones en San Juan el 3 de diciembre con representantes del gobierno, sindicatos y sectores religiosos que han participado de la campaña a favor de que el Congreso apruebe algún mecanismo que le otorgue acceso a la Isla al capítulo 9 de la ley federal, indicaron a El Nuevo Día varias fuentes. Su ausencia le evitó coincidir con los arrestos por corrupción que se centraron en el recaudador popular  Anaudi Hernández.

“Funcionarios del Tesoro han hecho muchos viajes a Puerto Rico en apoyo a los esfuerzos del ELA, pero no tenemos anuncios que hacer sobre algún viaje del Secretario”, indicó la semana pasada un portavoz del Tesoro, al ser preguntado sobre la abortada visita de Lew.

Control fiscal

No se ha hecho público aun ningún lenguaje, pero el presidente del Comité de lo Jurídico, el republicano Charles Grassley (Iowa), ha hecho claro que cualquier transacción debe incluir una junta de control fiscal que supervise las operaciones financieras del gobierno de Puerto Rico.

Mientras, el  gobierno de Alejandro García Padilla considera que ha ganado algún mollero frente a las firmas de inversiones que le han bloqueado el capítulo 9 con la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos  de revisar la constitucionalidad de la ley criolla de quiebras.