Conversan sobre medidas para asistir a Puerto Rico
“Hay conversaciones, lo que falta es un acuerdo”, planteó el comisionado residente Pedro Pierluisi
Pierluisi destacó que el planteamiento recurrente de los que se oponen al Capítulo 9 para Puerto Rico es que quieren ver mayor responsabilidad fiscal y piensan que una Junta de Control Fiscal federal lo pudiera lograr.Suministrada.
El comisionado residente Pedro Pierluisi aseguró que hay conversaciones entre el liderato republicano y demócrata en el Congreso sobre legislación para atender de alguna manera la situación fiscal de Puerto Rico.
El congresista puertorriqueño dijo, en entrevista con EL VOCERO, que es importante que esta legislación se incluya de alguna manera en el proyecto Ómnibus que debe ser aprobado antes del 11 de diciembre debido a que después el Congreso se va de receso por la época navideña.
“Hay conversaciones, lo que falta es un acuerdo”, planteó.
“Los principales aliados de Puerto Rico están tratando de llegar a un acuerdo con los que hasta el momento se han opuesto a nuestro reclamo. De todos los reclamos que tenemos, el que no conlleva gasto es el de permitir que Puerto Rico tenga acceso al Capítulo 9 de la Ley de Quiebra”, destacó el funcionario.
Pierluisi destacó que el planteamiento recurrente de los que se oponen al Capítulo 9 para Puerto Rico es que quieren ver mayor responsabilidad fiscal y piensan que una Junta de Control Fiscal federal lo pudiera lograr.
“Lo que queda por verse es si pudieran conciliarse ambos reclamos con el propósito de que nuestro Gobierno pueda estabilizar sus finanzas y volver a tener acceso a los mercados”, apuntó.
El comisionado residente dijo que “el detalle es clave” para respaldar como representante de Puerto Rico en Washington, D.C. este tipo de organismo supervisor.
“Lo que para mí sería ofensivo y daría al traste con la única democracia que tenemos es que esa Junta usurpe el poder de nuestros funcionarios electos. Una cosa es que la Junta establezca unos estándares y unas métricas que debamos cumplir para poder tener acceso al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal y poder tener un mejor trato en programas federales como Medicaid, pero otra cosa es que una Junta compuesta por personas que no le responden a nuestro pueblo pretenda mandar en Puerto Rico en asuntos enteramente locales”, sentenció. “Eso sería el colmo del colonialismo”, advirtió.
El también precandidato a la Gobernación por el PNP sostuvo que no se ha radicado ningún proyecto en el Congreso para crear la Junta de Control Fiscal federal. No obstante, fuentes de EL VOCERO aseguran que se está trabajando en un borrador al respecto.
“Si se radica, lo que va a proponer es una Junta con poderes muy amplios que no sería aceptable para el liderato demócrata”, adelantó.
Precisamente, Pierluisi participó ayer en la actividad denominada “Día de Acción para Ayudar a Puerto Rico”, en la que se exigió al Congreso y al Gobierno federal que asuman su responsabilidad compartida en la crisis fiscal que enfrenta Puerto Rico.
“Como he sostenido en innumerables ocasiones, la raíz de la crisis fiscal y económica que enfrenta Puerto Rico radica en el status territorial indigno de la Isla, que permite que el Congreso discrimine en contra de los 3.5 millones de ciudadanos americanos en Puerto Rico. Como indiqué ayer (el martes) en la vista del Senado federal, de la misma forma que el liderato de Puerto Rico tiene que aceptar sus fracasos, el Congreso tiene que reconocer su propia responsabilidad”, dijo Pierluisi.
El también presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) calificó como negativa la última movida fiscal del Gobierno para pagar las obligaciones del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
“Me parece bien que hayan optado por cumplir con las obligaciones contractuales del Banco Gubernamental de Fomento. Sin embargo, la activación de la cláusula de ‘clawback’ en las emisiones de bonos de la Autoridad de Carreteras, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, el Distrito del Centro de Convenciones, entre otras, coloca a estas entidades en posiciones muy delicadas ante sus acreedores y presagia un futuro lleno de impagos y litigios de cobro contra éstas. En otras palabras, al quitarle recursos a esas corporaciones públicas, el gobierno central sigue en la vía del impago , con la inestabilidad e inseguridad que eso conlleva. Para que Puerto Rico vuelva a crecer lo primero que tenemos que hacer es estabilizar, en vez de desestabilizar aún más, las finanzas de nuestro Gobierno”, sostuvo.
Pierluisi, además, cuestionó las cifras reales de recaudos y gastos de la actual administración.
“Esta administración estuvo celebrando con bombos y platillos los niveles de recaudos de Hacienda hasta septiembre, pero ahora vienen con el cuento de que no tienen efectivo. ¿Dónde está el 4.5% adicional que nos impusieron con el IVU agrandado? ¿Dónde está el dinero de la Crudita 1 y 2? ¿Dónde están los ingresos de los 90 impuestos que han legislado? Una de dos: o admiten que no se materializaron los recaudos esperados o reconocen que, nuevamente, se excedieron en sus gastos”, concluyó.
Graduada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con una década de experiencia como periodista en prensa escrita, radio y televisión.
Presentan proyecto federal con amplios poderes sobre las corporaciones y el gobierno
Creará la Autoridad para la Responsabilidad Financiera y la Asistencia Gerencial
El proyecto de Ley para Asistir a Puerto Rico de 2015, presentado hoy en el Senados federal por tres congresistas republicanos, crearía la Autoridad para la Responsabilidad Financiera y la Asistencia Gerencial, con amplios poderes sobre las corporaciones públicas y el gobierno.
A su vez, proveerí un alivio tributario a las empresas de un 50% por empleado por los próximos cinco años. Las empresas aportarían un 3.1% por empleado, que resulta en una exención de la mitad de lo que aporta actualmente de 6.2%, atado la creación de la Autoridad, cuyo propósito será eliminar los déficits presupuestarios, falta de liquidez ” a través de planificación financiera visionaria, elaboración de presupuestos, previsiones de ingresos exactos y gastos cuidadosos”.
Además, como parte del proyecto, se nombrará a un principal oficial financiero, a quien se le transferirán las funciones y el personal del Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Este funcionario será quien nombraría al presidente del BGF, con la aprobación del gobernador.
La Autoridad propuesta por los republicanos, estará compuesta por un secretario- que servirá de presidente- y otros cinco integrantes. Estos serán nombrados por el presidente de Estados Unidos, con el consentimiento del Comité de Energía y Recursos Naturales de ambos cuerpos y el comisionado residente y gobernador de Puerto Rico. Serán designados por un término inicial de dos años.
El gobernador ni la Asamblea Legislativa tendrá “control, supervisión, vigilancia ni opinión” sobre este organismo, que contará con hasta $3 mil millones para lograr la estabilidad financiera.
Esta garantizará cuál es la forma más efectiva para garantizar los servicios, incluyendo a aquellos relacionados a la seguridad, durante el periodo de “emergencia fiscal”.
De otro lado, hará los estudios e investigaciones necesarias para determinar el estatus fiscal y operacional del Estado Libre Asociado y asistirá al gobierno en la reestructuración de modo de garantizar los servicios de los puertorriqueños.
También, fortalecerá el acceso de Puerto Rico al mercado de bonos y garantizará el pago de la deuda de las obligaciones, entre otras funciones.
A no más tardar de un año de establecida la ley, debe certificar las finanzas de las corporaciones públicas y si estas no cumplen con pagos relacionadas a las pensiones, o no puede cumplir con otros pagos, podrán establecer un periodo de control, en el que hasta podrían nombrar a un ‘gerente de emergencia’.
A no más tardar de dos años, también deben analizar si el gobierno tiene suficientes ingresos para cumplir con las obligaciones, ha incurrido en algún impago, no puede pagar la nómina, tiene déficit al final del año fiscal o no ha cumplido con el pago de las pensiones.
En caso de encontrar que no pueden cumplir con alguna de estas disposiciones, se iniciaría un periodo de ‘control de presupuesto’. Por cada año en que el gobierno esté en el periodo de control, el gobernador debe someter el plan financiero y presupuestario a la Junta, quien decidirá si lo aprueba en un periodo de 30 días.
Mientras el gobierno esté bajo control de presupuesto no puede coger prestado, a menos que la Junta lo apruebe.
A no más tardar de seis meses, este ente debe presentar recomendaciones de acciones necesarias para que los planes para mejorar la crisis puedan ser sostenibles y costeados por el Gobierno por los próximos 20 años.
Además, deben ofrecer una recomendación sobre si habrá una reducción de beneficios, como se ha realizado en otras jurisdicciones en quiebra, para garantizar la sostenibilidad de los planes, o crear paridad con los pagos aplicables a los retirados, quienes directa o indirectamente son los bonistas.
Igualmente, deben hacer reportes sobre los recaudos, activos, responsabilidades sin fondos y proyecciones, entre otros, de los planes de pensiones del gobierno y ofrecer recomendaciones a aquellas estructuras de pensión que son insostenibles, para asegurarlas.
Este proyecto no cuenta con un mecanismo federal para permitir a Puerto Rico reestructurar su deuda.
El proyecto fue presentado por los senadores republicanos Orrin Hatch (Utah), Lisa Murwoski (Alaska) y Charles Ernest “Chuck” Grassle (Iowa) en la tarde de hoy.
De otro lado, en la Cámara federal el congresista Sean Duffy, republicano de Wisconsin, presentó la ‘Ley de Estabilidad Financiera y Reestructuración de la Deuda Voluntaria de Puerto Rico’. El proyecto de ley esencialmente proporciona a Puerto Rico la misma capacidad de reestructurar la deuda que tienen los estados, mientras que establece un consejo de estabilidad financiera temporal para ayudar a la isla en el manejo de sus finanzas.
El Secretario de asuntos públicos, Jesús Manuel Ortiz, se mostró confiado ante la presentación del proyecto de la autoría del senador republicano Orrin Hatch.
“La presentación del proyecto en el Senado federal evidencia el sentido de urgencia y la seriedad de la situación de Puerto Rico. Continuaremos las conversaciones y estamos confiados en que el lenguaje final será uno positivo para el país y atenderá el mal de fondo”, expresó Ortiz a través de declaraciones escritas.
Sen. Orrin Hatch (R-Utah) on Wednesday blocked a Democratic push to pass a Puerto Rico bankruptcy bill.
Sen. Charles Schumer (D-N.Y.) had sought unanimous consent to pass his legislation, which would give the U.S. territory access to bankruptcy courts allowing it to restructure its debt.
ADVERTISEMENT
Schumer, who stressed that his proposal isn’t a «bailout,» warned that the island’s financial crisis will worsen without action from Congress.
«If we fail to offer Puerto Rico assistance now, the problem will not be contained to the island,» he said. «We have the tools to fix the problem. They’re sitting in the toolbox. The problem is Puerto Rico isn’t allowed to use them.»
But Hatch suggested that lawmakers were concerned that Schumer’s
Pocas expectativas de los economistas en el Congreso
Economistas no anticipan que surjan medidas amplias para ayudar a la Isla
Aunque el país se juega la vida basado en lo que el Congreso pudiese actuar este viernes con la aprobación del proyecto que permita a las corporaciones del Estado Libre Asociado (ELA) acogerse al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras u otras medidas que igualen las condiciones de ayudas de los estados, analistas y economistas no prevén ninguna determinación en favor de la Isla.
Todos los entrevistados coincidieron al señalar que entre los congresistas no hay urgencia para atender la situación de la Isla, como tampoco la voluntad. En opinión de los economistas, impera la incertidumbre y entienden que esta se extenderá, ante la posibilidad de que el Congreso no vea el proyecto pendiente con medidas presupuestarias sino hasta la próxima semana.
El economista Elías Gutiérrez comentó que es difícil estimar lo que pueda ocurrir sin estar en el pleno de la discusión en el Congreso, ya que son muchos los intereses. “Pensaría que la situación amerita que se corrija el trato desigual injusto que se tiene con la Isla, principalmente en Medicare y Medicaid. Pero por otro lado ellos miran la irresponsabilidad fiscal de Puerto Rico, lo que permitiría nombrar un organismo, que se desconoce el alcance de sus poderes, monitoreando los fondos federales. Existe una incertidumbre tremenda”, comentó.
Gutiérrez expuso que lo irresponsable en todo el proceso es que el gobierno de Puerto Rico se siente a esperar que el Congreso se exprese, para entonces resolver el día al día. “Si el Congreso no se expresa el viernes, esperan a la semana que viene. Sin fallan en contra de lo esperado, entonces esperarían a que el Tribunal Supremo acoja la quiebra criolla, proceso que toma semanas y mientras tanto la economía local se desangra. Mientras tanto, la renegación en la AEE no vale nada. Ya no se sabe ni con quien se tiene que negociar en este país, si es la alcaldesa de San Juan, el presidente de la Cámara o del Senado o el Gobernador. Aquí todo el mundo manda, es un desastre”, sostuvo Gutiérrez.
Para el licenciado y analista, John Mudd, no existe la voluntad en el Congreso para aprobar proyecto alguno que beneficie a la Isla. Entiende que el Congreso va a esperar si en efecto surge el impago, para entonces en enero establecer una Junta de Control Financiera que administre y fiscalice los fondos. “Para el Congreso, Puerto Rico no constituye una prioridad en estos momentos”, puntualizó.
En ese mismo sentido se expresó el economista Antonio Rosado, quien está muy seguro que no va a suceder “nada de nada” con respecto a una determinación del Congreso en favor de la Isla. “El Congreso no ve ninguna urgencia para atender el problema de la Isla. Puerto Rico no constituye una prioridad para el gobierno federal. En Puerto Rico pareciera que están esperando un regalo de Reyes, pero se les ha olvidado que los Reyes son en enero y no en diciembre. La Isla está viviendo de esperanza y eso es impresionante”.
Mientras tanto, la apuesta gubernamental a la acción del Congreso este próximo viernes es grande. Sin embargo, todos los entrevistados coinciden que hasta el día de ayer, las negociaciones sobre el proyecto federal no habían avanzado. El gobierno está esperanzado en que el proyecte apruebe el Capítulo 9 de Quiebras o la paridad de fondos en Medicare y Medicaid.
Graduada de Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez y egresada de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, con más de 20 años de experiencia como periodista en prensa escrita, radial y televisiva.
Pierluisi no pierde la esperanza en el Congreso
Dice que aún tienen tiempo para darle acceso a Puerto Rico al capítulo 9 de la ley federal de quiebras
martes, 8 de diciembre de 2015 – 1:30 PM Por José A. Delgado
Pierluisi reconoció que a estas alturas la batalla es tratar de agregar algún mecanismo de reestructuración de la deuda pública en el ómnibus presupuestario a cambio de una junta federal de supervisión fiscal. (The Associated Press)
WASHINGTON – El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, tiene aún esperanza de que la mayoría republicana del Congreso cese de bloquear la aprobación de algún lenguaje que incluya las empresas públicas puertorriqueñas en el capítulo 9 de la ley federal de quiebras.
«Ahora tenemos la oportunidad de hacer algo. El gobierno de Puerto Rico está en una ruta clara hacia el impago», indicó hoy Pierluisi, en momentos en que se espera por el acuerdo entre republicanos y demócratas sobre el contenido del ómnibus presupuestario que asignará los fondos de las agencias federales para el resto del año fiscal 2016.
Pierluisi reconoció que a estas alturas la batalla es tratar de agregar algún mecanismo de reestructuración de la deuda pública en el ómnibus presupuestario a cambio de una junta federal de supervisión fiscal.
«Son propuestas que no representan gasto alguno para el gobierno federal», dijo Pierluisi.
El Congreso tiene que aprobar a más tardar el viernes el ómnibus presupuestario u otra resolución que dé continuidad temporal al nivel de gastos actual, ya sea hasta el fin de semana o la semana próxima, para evitar un cierre parcial de oficinas del gobierno federal.
La resolución presupuestaria vigente vence el viernes a la medianoche.
La mayoría republicana en la Cámara de Representantes ha mantenido su oposición a las propuestas del gobierno del presidente Barack Obama que buscan aliviar la crisis fiscal de Puerto Rico – que incluyen paridad en los fondos de Medicaid-, lo que reduce tremendamente las posibilidades de que puedan ser aprobadas este mes.
Pero, los demócratas no descartan aún que en las últimas negociaciones sobre las iniciativas que serán agregadas al ómnibus, puedan integrar algún lenguaje sobre Puerto Rico.
Pierluisi, en ese sentido, no descartó que pueda incluirse algún lenguaje en el informe de la medida que exprese el interés en encaminar a la Isla hacia la paridad en Medicaid.
«Hay que hacer lo indecible para evitar que Puerto Rico caiga en el impago», sostuvo Pierluisi.
Junto al ómnibus presupuestario, el otro proyecto que el Congreso trata de acordar antes de irse a sus vacaciones navideñas – esta semana o la próxima- es el que extiende un grupo de iniciativas contributivas.
En esa legislación tributaria suele incluirse la extensión del aumento en el reembolso por el arbitrio federal al ron puertorriqueño y la baja de 35% a 32% en la tasa tributaria de las empresas estadounidenses que hacen negocios en Puerto Rico como compañías domésticas.
You must be logged in to post a comment Login