El congresista, Sean Duffy reiteró ante el Congreso la necesidad de aprobar su proyecto de ley, el cual le daría a las entidades públicas puertorriqueñas acceso al Capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras.
La medida establece que el gobierno de Puerto Rico deberá aceptar la supervisión financiera de un panel de cinco miembros nombrados por la Casa Blanca, en consulta con el Congreso.
Duffy explicó que su medida proporciona a que la Isla tenga la misma capacidad de reestructurar la deuda que tienen los estados y establecería un consejo de estabilidad financiera.
“Si has visto las noticias recientemente estas muy bien enterado de que hay una crisis de deuda económica y financiera tomando lugar ahora mismo en Puerto Rico. Nuestros hermanos americanos están pasando por un periodo increíblemente difícil”, expresó mediante un discurso.
El republicado fue enfático en aclarar que su medida ayudaría al País en su economía y sacaría a las personas de la pobreza, ya que lograría una reestructuración de la deuda.
“Vamos a crear una Junta Financiera que ayudará con el manejo de las finanzas en la Isla, sus impuestos y sus finanzas. Puerto Rico podría acceder al capítulo 9. Tendrá los mismos derechos que tienen los otros estados. Nadie quiere una Junta de Estabilidad Financiera persiguiendo tus pasos. Si hacemos esto vamos a dejas que Puerto Rico que reestructure su deuda, se organice y haga crecer su economía”, añadió.
Duffy aseguró que la medida debe contar con el respaldo del gobierno de Puerto Rico.
Al mismo tiempo, exhortó a que sus compañeros legisladores no ignoren la crisis fiscal de Puerto Rico y que piensen en toda la ayuda que podría recibir el puertorriqueño tras la aprobación de la medida.
“Pero si no hacemos nada, si nos hacemos de la vista larga y decir que no vamos a ofrecer el misma opción de quiebra que todos los estados tienen, les damos la espalda a los ciudadanos americanos en la isla. Eso nos es lo que somos, deberíamos estar juntos”, reiteró.
No se espera que el Congreso apruebe ninguna medida mañana en relación a Puerto Rico, porque la discusión sobre la Isla seguirá hasta la semana que viene.
{El Trabajo de Pierluisi para ayudar a Puerto Rico por el AGaPoDesastre ha sido encomiable, serio, de frente, comprometido y altamente efectivo a pesar de la falta de credibilidad de AGP y de no tener Estados Financieros confiables.}
Pierluisi insiste en acción del Congreso
Ofrece mensaje en el hemiciclo de la Cámara baja federal
WASHINGTON.- En un mensaje en el hemiciclo de la Cámara baja federal, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, hizo esta mañana un nuevo llamamiento al Congreso para que evite el caos del impago y apruebe medidas que alivien la crisis fiscal y de deuda del gobierno de Puerto Rico.
«Es en el interés nacional de Estados Unidos actuar ahora», dijo Pierluisi.
En su mensaje, presentado antes del inicio de la sesión legislativa y transmitido por C-SPAN, Pierluisi advirtió que los residentes de Puerto Rico «no son los responsables de esta crisis, pero son las víctimas principales».
«He reconocido que, a través de los años, los líderes de Puerto Rico – con algunas excepciones -, han demostrado falta de disciplina y transparencia en el manejo de las finanzas públicas», dijo, pero al mismo tiempo advertido que la segunda causa de los problemas fiscales es el trato injusto que recibe la Isla en programas federales.
Pierluisi exhortó a sus colegas a pensar en la relación colonial a la que se enfrenta Puerto Rico «la próxima vez que escuchen a nuestro país (EE. UU.) darle una lección a otro país sobre la importancia de la democracia».
«Puerto Rico debe tener igualdad dentro de la unión o independencia fuera de ella», sostuvo,
Pero, mantuvo que hasta que Puerto Rico alcance la estadidad o su soberanía política, el Congreso tiene la responsabilidad de asistir a la Isla.
«La acción federal es necesaria para prevenir un impago del gobierno de Puerto Rico en sus obligaciones con sus acreedores – sostuvo Pierluisi-, lo que será un evento catastrófico para todas las partes».?
Cobra vida Junta Federal
Contrario a lo pronosticado, el Partido Republicano en la Cámara y el Senado federal abrió finalmente la puerta para asistir al Gobierno de Puerto Rico con la presentación de dos medidas, que aunque vinculan en el debate al partido que lidera el Congreso, no garantiza que sean aprobadas antes de este viernes, último día para aprobar legislación.
El primero en presentar ayer una medida sobre Puerto Rico fue el congresista republicano Sean Duffy (Wisconsin), quien propuso un Consejo de Estabilidad Financiera con cinco miembros designados por el presidente de Estados Unidos y con la consulta del Congreso.
El Consejo será requisito para permitir acceso a las corporaciones públicas de Puerto Rico al Capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras.
“Este proyecto de ley faculta al Gobierno de Puerto Rico, con la opción de colaborar con el Gobierno federal a poner a la Isla en un camino hacia el equilibrio presupuestario y el retorno a la seguridad fiscal. Si el Congreso no actúa, tendría un efecto devastador en el pueblo de Puerto Rico y un sinnúmero de estadounidenses a lo largo de los estados que pueden perder miles de millones en los mercados de bonos”, reza la introducción de la medida.
Duffy aseguró que la medida debe contar con el respaldo del Gobierno de Puerto Rico.
“Se trata de un enfoque múltiple y una solución a largo plazo. No puede suceder sin la aprobación de leyes por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico que debe ser firmado por el gobernador. Sabemos que los rescates no cambian los hábitos de gasto. Necesitamos todas las partes estar plenamente comprometidos con el cambio de la forma en que Puerto Rico gestiona su presupuesto, su recaudación de impuestos y las finanzas”, agrega la medida.
En tanto, los senadores republicanos Orrin Hatch (Utah), Charles Grassley (Iowa) y Lisa Murkowski (Alaska), presentaron legislación para crear un organismo de supervisión fiscal, que designaría un principal asesor financiero para el primer ejecutivo de Puerto Rico.
Este organismo establecido en la propuesta “Ley de Asistencia a Puerto Rico de 2015” tendría el propósito principal de eliminar los déficits de presupuesto y los problemas de liquidez mediante estimados de recaudo certeros y control de gastos.
Además, esta medida, crearía una entidad identificada como la “Autoridad para la Responsabilidad Financiera y la Asistencia Gerencial” a la que se le daría una asignación de $3,000 millones para atender los retos financieros, económicos y de salud que enfrenta la Isla, y por ende, asistir en el problema de liquidez de Puerto Rico.
Todos los miembros de este organismo serían nombrados por el presidente de Estados Unidos, en consulta con los comités del Congreso y el propio gobernador de la Isla.
No obstante, esta medida no propone permitir el acceso a Puerto Rico al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras federal.
De otro lado, la legislación aprobaría un recorte temporero por el pago de impuestos por nómina al Seguro Social que hacen los patronos. La reducción sería de 6.2 a 3.1 por ciento.
La “Autoridad para la Responsabilidad Financiera y la Asistencia Gerencial” proveerá asistencia y recomendación sobre la estabilidad fiscal y el manejo responsable del Gobierno.
La medida establece que ni el gobernador ni la Asamblea Legislativa de Puerto Rico podrán ejercer control o supervisión sobre esta nueva Autoridad.
Este ente se encargaría, antes de dos años desde que se apruebe la ley, de certificar si el Gobierno de Puerto Rico no tiene suficientes recaudos, ha caído en el impago, no puede pagar su nómina o ha fallado en pagar a los sistemas de retiro.
Bajo la lupa la medida
El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jesús Manuel Ortiz, sostuvo anoche en declaraciones escritas que “la presentación del proyecto en el Senado federal evidencia el sentido de urgencia y la seriedad de la situación de Puerto Rico. Continuaremos las conversaciones y estamos confiados en que el lenguaje final será uno positivo para el país y atenderá el mal de fondo”.
Mientras, el comisionado residente Pedro Pierluisi, adelantó que tras leer el resumen de la medida presentada por los senadores republicanos, “hay aspectos del proyecto que son positivos –tales como el reconocimiento de que a Puerto Rico se le trata desigualmente bajo los programas federales de salud, la asignación de hasta $3,000 millones en fondos federales para ayudar al territorio, y alivios en impuestos federales sobre la nómina para los trabajadores en la isla durante cinco años”.
No obstante, Pierluisi adelantó que le preocupan aspectos “como la ausencia de un mecanismo federal para permitir a Puerto Rico reestructurar alguna de su deuda”.
“En general, agradezco al presidente (del Comité de lo Jurídico) Hatch por su atención a este tema y me consta que atiende este asunto de buena fe. Confío continuar seguir trabajando con él, con el miembro demócrata de más rango en la Comisión, Ron Wyden, y otros, en un esfuerzo para aprobar legislación importante antes del receso del Congreso. Si el Congreso se niega a tomar medidas antes de esa fecha, lo hace a su propio riesgo”, sentenció le comisionado residente.
En tanto, el candidato primarista a la Gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló Nevares, destacó que durante el pasado mes de noviembre presentó una propuesta para crear una Autoridad para el manejo de la deuda compuesta por puertorriqueños y con funcionarios federales, como del Tesoro, con capacidad de emitir deuda, respetando la autonomía administrativa del Gobierno de Puerto Rico e imponiendo unos términos en los cuales el Gobierno de Puerto Rico tiene que realizar una serie de ajustes en su administración”.
Rosselló Nevares sostuvo que en los pasados días ha mantenido comunicación con el alto liderato del Senado federal en cuanto a las alternativas para atender la crisis fiscal y adelantó que algunos puntos de su propuesta han sido bien vistos y se contemplan como parte de un plan de asistencia de parte del Senado federal para Puerto Rico.
“Dicho plan de asistencia presenta algunas condiciones con las cuales no estamos de acuerdo, pero continuaremos el diálogo y la negociación para llegar a una solución viable que lleve a Puerto Rico a atender los problemas con soluciones verdaderas que no destruyan nuestra credibilidad y nos permitan recuperar y levantar nuestra economía. La Autoridad propuesta debería respetar la autonomía del Gobierno de Puerto Rico y dar un término de 5 años como propongo en mi propuesta para lograr los objetivos de reforma gubernamental”, sentenció.
“A pesar de que no contamos con posiciones electivas seguimos trabajando para lograr el mejor resultado para nuestra Isla, porque si seguimos en el camino del liderato político actual de la quiebra, los impuestos y el impago, caeremos en un abismo económico del cual difícilmente nos levantaremos en las próximas décadas”, concluyó.
Yennifer Álvarez Jaimes, EL VOCERO
Graduada de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras con una década de experiencia como periodista en prensa escrita, radio y televisión.
{Habrá Bhatia Descubierto que Puerto Rico es una bochornosa colonia y que el PPD son Pordioseros?}
Indignado Bhatia con propuestas del Congreso
El presidente del Senado, Eduardo Bhatia, expresó su indignación esta mañana por la legislación presentada ayer en el Congreso, en donde se incluyó la propuesta de crear una entidad de supervisión fiscal para la Isla.
“Legisladores del Partido Republicano presentaron ayer ante el Congreso de los Estados Unidos dos propuestas para atender la crisis fiscal en Puerto Rico. Hay formas de salir de la situación en la que nos encontramos y me parece que es vergonzoso que el Congreso hiciera una propuesta tan indigna como la que hicieron en el día de ayer”, dijo Bhatia en declaraciones escritas.
Según el legislador, la propuesta no atiende el problema fundamental “que nos ahoga al fallar en establecer una política pública que sea justa, amplia e integral para Puerto Rico, y que nos permita atender la reestructuración de la deuda, a la vez que establecemos las bases para un crecimiento económico sostenible a largo plazo. Sin ello, la incertidumbre continuará siendo nuestro peor enemigo”.
De igual modo, estableció que una de las “fallas” de las propuestas es la creación de una Junta de Control Fiscal porque entiende que de esta manera no le conceden a la Isla las herramientas necesarias para atender la crisis.
“Ningún puertorriqueño debería aceptar una Junta de Control Fiscal con tantos poderes sobre Puerto Rico como confiere el proyecto del senador Orrin Hatch a cambio de básicamente una asignación de fondos que lo que único que persigue es asegurar el pago a los bonistas a corto plazo, dejando a la suerte otras iniciativas para considerar en el futuro”, añadió.
Por otro lado, expresó que “resulta sumamente preocupante que el liderato del Partido Republicano en el Congreso haya señalado que las herramientas necesarias para atender la crisis fiscal no se atenderán como parte de la resolución de presupuesto bajo consideración actualmente, el llamado ‘omnibus bill’, y que requerirá que se atienda bajo el procedimiento ordinario legislativo que demorará meses. Ambas propuestas presentadas ayer demuestran que falta mucho trabajo para atender efectivamente el problema de insolvencia fiscal de Puerto Rico”.
Para Bhatia, la meta urgente debe ser que el Congreso apruebe una solución temporera que le provea la Isla liquidez de forma inmediata como parte del ‘omnibus bill’, y de esta manera proveer el “tiempo necesario para encontrar una solución justa”.
“Si el Congreso no actúa oportunamente, le tocará al Tesoro de los Estados Unidos proveernos la asistencia inmediata que necesitamos”, advirtió.
En tanto, indicó que “lo único positivo que ocurrió el día de ayer es que nos damos cuenta que el Congreso de los Estados Unidos, tanto Cámara como Senado, ha puesto a Puerto Rico en el radar. Sin embargo, las recomendaciones que están haciendo los republicanos no son recomendaciones aceptables en este momento. Creo que hay que rechazarlas o o por lo menos, enmendarlas. Hay mucho trabajo que hacer la semana que viene para enmendar eso y lograr que las propuestas sean saludables para Puerto Rico”.
El proyecto de Ley para Asistir a Puerto Rico de 2015, presentado ayer en el Senados federal por tres congresistas republicanos, crearía la Autoridad para la Responsabilidad Financiera y la Asistencia Gerencial, con amplios poderes sobre las corporaciones públicas y el gobierno. El proyecto fue presentado por los senadores republicanos Orrin Hatch (Utah), Lisa Murwoski (Alaska) y Charles Ernest “Chuck” Grassle (Iowa).
También, en la Cámara federal, el congresista republicano Sean Duffy (Wisconsin) presentó una medida para crear Consejo de Estabilidad Financiera con cinco miembros designados por el presidente de Estados Unidos con la consulta del Congreso.
ElVocero.com
¿Ómnibus sin parada en la colonia?
El “Omnibus Bill” presupuestario del Congreso, o como diríamos en buen boricua el “Proyecto Guagua”, es una pieza legislativa en la que se integran todas las asignaciones de fondos federales para cada año fiscal. En la presente sesión congresional, la fecha límite para la aprobación de este proyecto es mañana viernes, 11 de diciembre. El Congreso, sin embargo, podría aplazar esa aprobación durante unos días o para el próximo año, luego de su receso navideño.
La importancia de esta legislación federal cada año es de incalculable valor para el gobierno federal, sus agencias, programas, los estados de la Unión y los territorios coloniales como Puerto Rico. Este año, sin embargo, el “Omnibus Bill” tiene una importancia política adicional para Puerto Rico, más allá del rutinario aspecto gubernamental. Aparentemente, la “decisión final” de Alejandro García Padilla de si aspira o no a la reelección está atada a que se apruebe esa legislación federal esta misma semana y a que el Congreso incluya algunas de las propuestas planteadas por el Presidente Obama y el Tesoro federal para lidiar con la crisis de esta colonia.
Esas propuestas para darle un poco de oxígeno a la colonia, plantean la inclusión de Puerto Rico en el Capítulo 9 de la “Ley de Quiebras” federal o la creación de un “Súper Capítulo 9 de Quiebras” para los territorios coloniales que permitiría reestructurar toda la deuda pública. Otras de las propuestas son crear una junta de supervisión o control fiscal federal que supervise las actividades presupuestarias y financieras del ELA; comenzar el acceso del ELA a más fondos federales de Medicaid; los créditos federales por ingresos devengados (EITC) y los programas para niños (CTC).
Todo parece indicar que García Padilla cree que la aprobación del “Ómnibus” con “algo” adicional para Puerto Rico, le permitiría cantar victoria y hasta la exageración de la versión PPD de un “Nuevo Comienzo”. Pero García Padilla necesita más; necesita que la aprobación de este proyecto federal con “algo” adicional para Puerto Rico se produzca en o antes de la fecha límite para la radicación de aspiraciones primaristas en la CEE –el 30 de diciembre-. En su defecto, entonces su decisión política tendría que tomarse “a capela”, sin más instrumentos para intentar continuar gobernando que los que ya provee la colonia, si alguno. Si en ese escenario anunciara que desiste de ir al intento de reelección, entonces lo que Puerto Rico deberá entender es que un gobernador popular y estadolibrista “tiró la tolla” y confirma que la quebrada y desgastada colonia del ELA es más ingobernable de lo que algunos han dicho o piensan. Su retiro político confirmaría que con el ELA no hay nada que hacer ni buscar que continuar presenciando el derrumbe de Puerto Rico. Lo hemos dicho, hay que salir de este pantano colonial, haya o no algunas migajas adicionales.
De ordinario, en el Congreso las diferencias de opiniones no son simplemente entre demócratas y republicanos. Dentro de las delegaciones congresionales de cada partido nacional hay controversias y opiniones internas distintas. Cuando se trata de cómo rayos bregar con este engendro colonial que ellos mismos crearon y fomentaron, les surgen hasta cólicos. En esta ocasión, la situación se agudiza por varias razones.
Los republicanos controlan la Cámara y el Senado Federal. Los demócratas dominan el Ejecutivo, incluyendo al Tesoro Federal. Muchos republicanos consideran que el conjunto de propuestas presentadas por el Presidente Obama y el Tesoro son una “mala jugada” política o una lista de deseos con miras a procurarse el voto hispano en las elecciones presidenciales y congresionales de noviembre de 2016, principalmente el importante voto de los puertorriqueños en la Florida central. Es decir, crear el juego de apariencias de que los demócratas son buenos y generosos con los hispanos y los republicanos no. Muchos republicanos en el Congreso sostienen que no cederán a esa faena política de los demócratas. Plantean que tanto Obama como el Tesoro tienen facultades legales para otorgar a Puerto Rico muchas de las ayudas que ellos mismos proponen al Congreso, pero sin necesidad de la aprobación de legislación. Mientras tanto, el ELA y García Padilla se convierten en la bolita de ese ping-pong.
También hay que sumar las alegaciones de congresistas demócratas y republicanos en el sentido de que el actual desgobierno de Puerto Rico no tiene credibilidad, no presenta estados financieros auditados y ha administrado mal el presupuesto y los recursos locales. En fin, el ELA está en lo peor de lo peor; en la tormenta perfecta para un gran desastre.
A la luz de todo lo anterior, surgen varias preguntas. ¿Realmente, la aprobación de cualquiera de las propuestas de Obama y el Tesoro resolverán los problemas de esta colonia? No. Se trata de más parchos y remiendos coloniales. ¿Finalmente, el Congreso aprobará este proyecto con algunas de esas propuestas? ¿Será este un ómnibus sin parada en la colonia? Veremos, aunque de cualquier manera no representaría ninguna solución real para la recuperación de Puerto Rico ni para el logro de una economía fuerte y sostenible. No hay que rebuscar más. ¡Estadidad Ahora!
Thomas Rivera Schatz, Ex presidente del Senado
{Puerto Rico es una bochornosa colonia y que el PPD son Pordioseros, por eso el Gobernador de Filosofía Cjavista acude a Washington con sus traductores y No a Cuba o Venezuela.}
Gobernador toca puertas en Washington DC
El gobernador Alejandro García Padilla continuó hoy con su jornada de reuniones con líderes congresionales en Washington D.C. para lograr que se aprueben medidas que brinden a Puerto Rico las herramientas necesarias para salir de la crisis económica y fiscal que enfrenta el país.
El primer mandatario, quien está acompañado de una comitiva de funcionarios puertorriqueños, sostuvo cónclaves con la líder cameral del Partido Demócrata, Nancy Pelosi y los congresistas demócratas Nydia Velázquez, Luis Gutierrez y Robert Goodlate. Además, García Padilla se reunió con los senadores demócratas José Serrano, Chuck Schumer y Kirsten Gillibrand.
Durante las reuniones, el gobernador discutió la urgencia que tiene Puerto Rico de que el Congreso tome acción inmediata sobre la situación de liquidez que enfrenta el gobierno, respetando la autonomía fiscal del país.
“Hoy, al igual que en todas nuestras comparecencias, hemos dejado claro que no buscamos un rescate económico del gobierno federal, si no que queremos las herramientas necesarias para terminar el trabajo de la recuperación económica plena de nuestro país”, sentenció el primer ejecutivo.
Por su parte, la delegación de alcaldes, legisladores y funcionarios del ejecutivo visitaron las oficinas de los congresistas John Mica, David Joyce, Ander Crenshaw, David Jolly y Mario Díaz Balart y los senadores Marco Rubio y Bill Nelson. La delegación que acompaña al gobernador está compuesta por los alcaldes William Miranda Torres de Caguas, Ernesto Irizarry Salva de Utuado y Angelo Cruz Ramos de Ceiba; el presidente de la Cámara, Jaime Perelló y los representantes José Báez, Sonia Pacheco, Ángel Matos y Rafael ‘Tatito’ Hernández; así como el presidente de la Universidad de Puerto Rico, Uroyoán Walker y el director de la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO por sus siglas en inglés), Antonio Medina.
Ayer, al culminar la conferencia de prensa ofrecida en PRFAA, el gobernador y la delegación puertorriqueña visitaron las oficinas de la organización AARP y la del congresista Patrick Murphy.
Asegura medida republicana representa “culminación colonial” del ELA
El senador Thomas Rivera Schatz afirmó hoy que “la presentación en el Senado de los Estados Unidos de una junta supervisora de todas las operaciones financieras y administrativas del Estado Libre Asociado (ELA) representa su culminación colonial”.
“El proyecto de los senadores Hatch, Murkowski y Grassley limita el marco de acción del gobierno del ELA, prácticamente revirtiéndolo a la relación entre Puerto Rico y Washington de principios del pasado siglo cuando existía bajo la Ley Foraker el ‘Consejo Ejecutivo’ que determinaba lo que se podía hacer en la Isla”, sostuvo Rivera Schatz.
A juicio del líder progresista “esta es la respuesta de Washington a la imprudente e inmadura actitud del ‘me vale’ de García Padilla iniciando su administración, frente a la deuda del Estado Libre Asociado”.
“García Padilla inició el cuatrienio vociferando que la responsabilidad de pagar la deuda a él ‘le vale’ y terminará su mandato con un ELA que no vale nada. Toda esta situación impone una responsabilidad mayor al próximo gobierno de recobrar la confianza y credibilidad en Puerto Rico”, manifestó el senador Rivera Schatz.
El expresidente del Senado añadió que “cualquier medida que apruebe el congreso o que tome la Casa Blanca respecto a la recuperación financiera del Gobierno debe estar enmarcada en un proceso de transición hacia la incorporación de Puerto Rico como Estado de la Unión. El pleno reconocimiento de los derechos civiles del pueblo de Puerto Rico no puede estar ajeno a las soluciones que estén ante la consideración del gobierno federal. Lo contrario sería perpetuar el coloniaje y para mí eso es indigno e inaceptable”.
Republicanos piden pleno control fiscal sobre la Isla
La medida presentada en el Senado excluye la posibilidad de dar acceso al capítulo 9
WASHINGTON – En momentos en que la aprobación del ómnibus presupuestario ha quedado aplazada para la semana próxima, republicanos del Congreso presentaron ayer legislación que propone asumir control absoluto sobre las finanzas del Gobierno de Puerto Rico.
En el caso del Senado, la medida radicada por tres influyentes senadores republicanos con jurisdicción en el debate descarta dar acceso al capítulo 9 de la ley federal de quiebras para reestructurar, por lo menos parcialmente, la deuda pública del Gobierno, pero ofrece una asignación de $3,000 millones dirigida a mitigar los problemas de liquidez inmediatos del Gobierno de Puerto Rico.
La propuesta sometida en la Cámara baja, mientras, ofrece la posibilidad de dar acceso a las empresas públicas de Puerto Rico al capítulo 9, pero a cambio de una junta de control fiscal que colocaría al propio Gobierno de la Isla en la disyuntiva de aprobar limitarse a sí mismo sus poderes locales.
Por un lado, el proyecto de los senadores Orrin Hatch (Utah), Charles Grassley (Iowa) y Lisa Murkowski (Alaska) persigue crear la Autoridad para la Responsabilidad Financiera y la Asistencia Gerencial, otorgar $3,000 millones para combatir el problema de liquidez al que se enfrenta la Isla y por cinco años, a partir del 31 de diciembre, reducir de 6.2% a 3.1% el pago por nómina al Seguro Social.
Hatch, Grassley y Murkowski son los presidentes, respectivamente, de los comités de Finanzas, de lo Jurídico, y Energía-Recursos Naturales del Senado y el triunvirato que ha manejado el debate y celebrado audiencias sobre la crisis fiscal de la Isla. Consecuentemente habían denunciado la falta de estados financieros auditados recientes.
La nueva Autoridad – que echa abajo funciones adquiridas cuando se aprobó la Constitución del Estado Libre Asociado- tendría el poder final para determinar el presupuesto del Gobierno central de Puerto Rico, las corporaciones públicas y en la práctica nombraría al «principal oficial financiero» del gobernador.
El principal oficial financiero saldría de una lista de candidatos que la Autoridad le presentaría al gobernador. Ese funcionario, que asume funciones de la dirección del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), tendría la encomienda de certificar a cuánto asciende la deuda.
Los seis miembros de la junta serían designados por el presidente de Estados Unidos, incluido el secretario del Tesoro. Los otros cinco –tres de los cuales deben ser residentes de la Isla– se nombrarían en consulta con los comités con jurisdicción en el Congreso y el gobernador de Puerto Rico. Para asegurar que la mayoría esté en manos de personas no residentes de Puerto Rico, el secretario del Tesoro tendría dos votos en la junta fiscal.
La Autoridad determinaría a más tardar en dos años si asume pleno control del gobierno central. Tiene seis meses para decidir lo mismo con respecto a corporaciones públicas. En el caso de las corporaciones públicas tendría que designar un «administrador de emergencia», que sustituiría a los miembros de la junta de directores y los oficiales de la entidad.
La legislación presentada en la Cámara de Representantes por el congresista republicano Sean Duffy (Wisconsin), mientras, propone crear el Consejo de Estabilidad Financiera, que tendría la facultad para aprobar los presupuestos y un plan fiscal de tres años adoptado por el Gobierno de Puerto Rico. Además tendría que autorizar cualquier nuevo préstamo.
Si el Gobierno de Puerto Rico aprueba por ley local la creación de esta junta, entonces las empresas públicas de Puerto Rico tendrían acceso al capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras.
Por la junta no poder crearse sin el consentimiento del Gobierno de Puerto Rico, Duffy sostuvo que su legislación no es una imposición al gobierno de la Isla ni antidemocrática.
Demócratas consideraron la presentación de la medida como un intento por contrarrestar sus esfuerzos para incluir en el ómnibus presupuestario algún lenguaje que permita reestructurar parcial o totalmente la deuda pública de Puerto Rico, que asciende a cerca de $70,000 millones.
El ómnibus
El contenido del proyecto ómnibus no estaría listo quizá hasta el lunes, para que se apruebe en algún momento entre el 16 y 18 de diciembre. Por tal razón, el viernes se aprobaría una resolución temporal extendiendo los gastos actuales de las agencias federales por lo menos una semana.
«Si no se aprueba ahora la reestructuración de la deuda en el ómnibus, no se podrán conseguir 60 votos en el Senado con una medida independiente», advirtió la congresista demócrata boricua Nydia Velázquez (Nueva York), quien aseguró que la líder de la minoría cameral, Nancy Pelosi (California), va a insistir en la reestructuración de toda la deuda.
Aunque el proyecto de los senadores republicanos indica que la junta federal tendría el poder final para aprobar los presupuestos y planes fiscales del Gobierno de Puerto Rico, los autores de la medida dicen que se haría «respetando la autonomía del Gobierno» puertorriqueño. Además, la nueva Autoridad determinaría cuando el gobierno de Puerto Rico puede tomar prestado –sin la garantía de crédito del gobierno de Estados Unidos– revisaría el sistema de pensiones (con el poder de hacerle ajustes) y las limitaciones en la Isla en el acceso a la reforma federal de salud, Obamacare.
Para complicar las cosas, la legislación toca el sistema de pensiones en EE.UU., no solo en la Isla, y sacaría los $3,000 millones que se enviarían a la Isla de fondos asignados a los estados por medio de Obamacare.
Las propuestas del gobierno del presidente Obama, según había admitido el propio senador Hatch al rechazarlas, le garantizaría a Puerto Rico una inyección económica de cerca de $40,000 millones anuales durante la próxima década, si se otorga paridad a la Isla en el programa Medicaid yse le extienden plenamente los créditos contributivos federales por ingresos devengados y niños dependientes.
«Con este proyecto, presentamos una estructura sostenible que permita mejorar las finanzas de Puerto Rico y su economía, al proveer alivio contributivo responsable a los trabajadores y asistencia transitoria al gobierno territorial», indicó Hatch.
Grassley, quien había descartado autorizar reestructurar la deuda, destacó que el proyecto resuelve el problema de liquidez actual, por medio de la asignación de hasta $3,000 millones, cuyo desembolso quedaría en manos de los miembros de la junta.
El gobernador Alejandro García Padilla ha indicado que es «muy probable» que no puedan cumplir con el pago de $900 millones en el servicio de la deuda, que vence el 1 de enero. Tras la presentación de la legislación, Jesús Manuel Ortiz, portavoz del gobernador, afirmó que «estamos confiados en que el lenguaje será uno positivo para el país y atenderá el mal de fondo».
El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, por su parte, dijo objetar el lenguaje del proyecto de Duffy sobre el Consejo de Estabilidad Financiera. Al analizar un resumen de la medida del senador Hatch, Pierluisi afirmó que «hay aspectos que son positivos –tales como el reconocimiento de que a Puerto Rico se le trata desigualmente bajo los programas federales de salud, la asignación de hasta $3,000 millones en fondos federales para ayudar al territorio, y alivios en impuestos federales sobre la nómina para los trabajadores en la isla durante cinco años– y aspectos que me preocupan, como la ausencia de un mecanismo federal para permitir a Puerto Rico reestructurar alguna de su deuda».
Ricardo Rosselló, quien va camino a una primaria por la candidatura del Partido Nuevo Progresista (PNP) a gobernador, reclamó cierta autoría del proyecto de Hatch, al indicar que cuando lanzó su aspiración y en reuniones con senadores federales habló de crear una «autoridad» integrada por puertorriqueños y funcionarios federales para realizar ajustes fiscales y decidir la emisión de deuda. Pero, sostuvo que no está de acuerdo con que se limite la autonomía local del gobierno de Puerto Rico.
Demócratas
El republicano Hatch, presidente del Comité de Finanzas, dio a conocer la legislación después de que la mayoría republicana bloqueó ayer un esfuerzo demócrata en el pleno del Senado estadounidense por traer a votación el proyecto 1774 que persigue ofrecerles a las empresas públicas puertorriqueñas acceso al capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras, para reestructurar por lo menos un tercio de la deuda pública.
En el Senado, además, hubo un coloquio de cuatro senadores demócratas –Charles Schumer (Nueva York), Kirsten Gillibrand (Nueva York), Richard Blumenthal (Connecticut), y Robert Menéndez (Nueva Jersey)- en el que exhortaron a los republicanos a actuar y aprobar, por lo menos, la medida que busca ofrecerle acceso al capítulo 9 a las empresas públicas de la Isla en el ómnibus presupuestario que el Congreso trata de aprobar en los próximos días.
Schumer afirmó que «en tiempos de crisis» el Congreso «tiene la responsabilidad de ayudar a todos los ciudadanos estadounidenses, no importa donde vivan». «Puerto Rico sigue en llamas; y sería una vergüenza si el Congreso sale de vacaciones y deja una catástrofe», indicó Menéndez.
Tesoro
Temprano en el día de ayer, el gobierno del presidente Barack Obama – –como había adelantado El Nuevo Día– confirmó que no se quedará «cruzado de brazos» si el Congreso insiste en bloquear legislación que permita ofrecerle a Puerto Rico un mecanismo legal que permita comenzar a reestructurar de inmediato por lo menos una parte de la deuda pública puertorriqueña.
«Es un problema real y humano que hay que atender», indicó Antonio Weiss, consejero del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Lew.
Lew ofreció un mensaje ayer al mediodía en el Instituto Peterson para Asuntos Económicos Internacionales, en el que habló sobre las propuestas del presidente Obama, pero el cual aprovechó, en la sesión de preguntas, para acentuar que después de prever una crisis humanitaria en la Isla y un caos legal como consecuencia del impago, no pueden sentarse a mirar desde lejos.
«Esta crisis puede agudizarse en muchas formas –insistió Weiss–, pero no se equivoquen, ya está sobre nosotros».
You must be logged in to post a comment Login