El proyecto radicado por tres senadores republicanos que crea un organismo federal para controlar las finanzas y el presupuesto de la Isla, dejaría prácticamente inoperante el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) al asumir las responsabilidades principales de la entidad.
Permitiría además al nuevo organismo federal asumir control de las corporaciones públicas y poner la administración de estas entidades en una especie de sindicatura federal.
A pesar de entregar una larga lista de poderes al nuevo organismo federal, el proyecto aclara que el repago de la deuda no estará garantizado con recursos del Gobierno de Estados Unidos.
Tanto en el Senado como en la Cámara federal se radicaron proyectos para crear una junta de supervisión federal que se encargue de administrar las finanzas de la Isla. Se espera que hoy se apruebe una medida temporal para atender el presupuesto de Estados Unidos y no sea sino hasta la semana que viene que se considere el proyecto Ómnibus- con múltiples medidas presupuestarias- donde pudiese haber posibilidad de incluir alguna medida relacionada con Puerto Rico.
En Senado federal, el proyecto fue radicado por los republicanos Orrin Hatch, de Utah, Charles Grassley 
de Iowa y Lisa Murkowski de Alaska. Esta medida es más extensa que la de la Cámara y otorga muchos más poderes a la entidad que denomina Autoridad para la Responsabilidad Financiera y la Asistencia Gerencial. Este proyecto senatorial otorga $3 mil millones para atender la falta de liquidez que tiene el actual Gobierno. Esta medida no garantiza acceso al Capítulo 9 de la Ley de Quiebra federal.
De acuerdo con la medida, si las corporaciones públicas no logran balancear sus ingresos y gastos, la Autoridad podrá nombrar un administrador que a su vez tendría poder para aumentar los cargos e impuestos que a pagan los puertorriqueños. El sueldo de este administrador, que será nombrado por la Autoridad, debe ser costeado por la corporación pública, según el proyecto.
La Autoridad, de acuerdo a la medida senatorial, tendría un derecho casi absoluto a establecer un presupuesto y se convertiría en el nuevo agente financiero de la Isla, con capacidad de emitir bonos. Crea una cuenta de reserva para garantizar que cualquier dinero nuevo que le llegue al Gobierno – ya sea por un nuevo impuesto o cualquier otra fuente – sea destinado al pago de los bonistas.
Los bonos que emita la Autoridad, dice el proyecto, se harían “en cantidades y de manera que la autoridad considere apropiado”. La autoridad otorgaría al Gobierno fondos de esta cuenta también de la manera que entienda apropiado y en acuerdo con el plan financiero y presupuestario que hayan aprobado.
El BGF es actualmente el ente fiscal del Gobierno, encargado de manejar todas las transacciones de pago y emisión de bonos a nombre de corporaciones públicas y municipios. Prácticamente todos estos poderes pasarían a la nueva Autoridad, según el proyecto del Senado federal.
Mientras, en la Cámara federal, el republicano Sean Duffy de Wisconsin propuso un Consejo de Estabilidad Financiera, entidad que también tendría amplios poderes respecto al presupuesto y las decisiones financieras del país. Ambas medidas establecen que será el organismo federal el encargado de revisar y aprobar los planes presupuestarios y financieros. Establece además el mecanismo mediante el cual el gobernador y la Asamblea Legislativa tendrían que aprobar estas propuestas.
El proyecto radicado en el Senado es más abarcador que el presentado en la Cámara, pues expande los poderes de la Autoridad para asumir también las responsabilidades que ahora tiene el BGF y asumir control sobre las corporaciones públicas.
Estos dos proyectos son la respuesta del Congreso a la petición del Tesoro de Estados Unidos para que atienda la crisis fiscal y presupuestaria que afecta a la Isla. La expectativa de la administración de Alejandro García Padilla era que el Gobierno federal permitiera a la Isla acogerse a una quiebra o asignara fondos para inyectar la economía y manejar la crisis. Durante varias vistas públicas congresionales, los portavoces de los bonistas fueron claros en rechazar que Puerto Rico pueda acogerse al Capítulo 9 indicando que esto sería “cambiar las reglas del juego”, pues al momento de emitir los bonos lo hicieron bajo la premisa de que la Isla no podría acogerse a la bancarrota.
Maricarmen Rivera Sánchez, EL VOCERO
Más de 15 años de experiencia. Asignada a cubrir temas legislativos.
Condendan intromisión del gobernador en otogración de préstamos del BGF
El representante Antonio ‘Tony’ Soto, levantó bandera roja sobre unas declaraciones del gobernador Alejandro García Padilla, en las que admite que tiene participación en la aprobación de préstamos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) a los municipios.
“La confesión hecha por el gobernador de que él decide a qué municipios se le otorgan préstamos es una impropia, contraria a la reglamentación vigente y es una intromisión de la política en las decisiones del Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Este tipo de decisiones son las que tienen sin liquidez al BGF”, sentenció hoy el representante.
El legislador criticó que no exista un procedimiento estándar para evaluar toda solicitud en sus méritos y conforme a esos parámetros aprobar o denegar la misma.
“Aquí el gobernador Alejandro García Padilla admitió públicamente que él fue el que le consiguió los empréstitos a los municipios de San Juan y a San Germán, cuando eso debe ser aprobado en sus méritos por un comité o por la junta del BGF, según lo establezcan los procedimientos. Por consiguiente, García Padilla intervino, influenció y logró la aprobación de los empréstitos mencionados, en clara violación de los procedimientos internos del BGF, sin él ser miembro del comité o de la junta”, agregó.
Según Soto, la Junta de Gobierno del BGF está en la obligación de decir si hubiesen aprobado esos préstamos sin la intervención del gobernador y cuántos casos adicionales a estos se aprobaron por instrucciones del gobernador.
” Qué situación cambió en esos municipios que merecían otorgarle esos empréstitos o agrandar los mismos es una pregunta que el Gobernador, los respectivos Alcaldes y los miembros de la Junta del BGF y su Presidenta deben aclarar”, sentenció.
“La alcaldesa de San Juan nunca levantó su voz de protesta hasta que le conseguí el préstamo ese en el BGF para poder operar el municipio de San Juan”, había dicho García Padilla en entrevista con un rotativo del país.
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