Aunque la administración de Alejandro García Padilla asegura que exprime sus arcas para cumplir con los servicios esenciales, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) ha comprometido un millón de dólares del ya estrecho Fondo General para honrar una línea de crédito del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) porque se desconoce el paradero de las contribuciones que servirían como fuente de repago de este préstamo.

Esta decisión ocurre mientras se retiene el pago a cientos de suplidores, como por ejemplo los terapistas de educación especial, otros empleados por servicios profesionales y contribuyentes. En resumen, se les deja de cobrar a unas personas contribuciones, mientras se le retiene a otros dinero al que tienen derecho.

Bajo la Ley 71 de 2010, el gobierno propulsó un Comité Interagencial con el encargo de crear un registro de propiedades no tasadas, a cuyos dueños se les concedería una amnistía para pagar sus deudas de contribuciones sobre bienes inmuebles sin penalidades. Esto con la expectativa de aumentar los recaudos de los municipios, al destinar un 70% al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) y el restante 30% al Fondo General.

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El Fondo General tendrá que destinar a partir del año fiscal 2017 (que inicia en julio de este año), $1.1 millones para el pago de una línea del crédito que adeuda el CRIM al BGF.

Ante la situación de insolvencia en la cual se encuentra el gobierno de Puerto Rico, la administración García Padilla ha optado por establecer un orden de prioridades tanto en el cumplimiento con el pago a los acreedores como en los desembolsos a suplidores de servicios. Entre esas obligaciones que se han decidido honrar, se encuentra la línea de crédito de $1.1 millones que tomó el CRIM para contratar consultores para crear el registro electrónico de las propiedades no tasadas, establecer centros de orientación y un centro de llamadas, así como una campaña publicitaria, además de contratar un coordinador del proyecto y a personal adicional.

Las contribuciones que servirían como fuente de repago de esa deuda – o sea, las contribuciones a ser pagadas por las propiedades nuevas tasadas – nunca se materializaron , según se desprende del Informe de la Resolución de la Cámara 657, pese a que se registraron más de 31 mil propiedades a raíz del incentivo de la amnistía.

“No se creó en el BGF el fondo donde se depositarían las contribuciones, pues nunca se le han hecho llegar los fondos provenientes de contribuciones sobre la propiedad que nutrirían el mismo, si es que alguna de esas contribuciones fueron alguna vez cobradas”, lee la ponencia sometida por el BGF ante las Comisiones de Asuntos Municipales y Regionalización, así como la de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes.

“Debido a que la fuente de repago de esta línea de crédito, esto es, las contribuciones sobre la propiedad a ser pagadas por las nuevas propiedades tasadas nunca se materializó, el director de OGP informó al BGF que se proponía acordar incluir esta línea de crédito en la lista de facilidades de crédito que el ELA honrará, mediante asignaciones presupuestarias hechas por la Asamblea Legislativa”, continúa exponiendo la ponencia.

Se suponía que las gestiones de tasación generarían $223 millones adicionales al fisco, pero de estos el BGF no vio un solo centavo.

Según información provista por la Federación de Alcaldes a la Cámara, al CRIM aún le quedaban por tasar menos de 3,000 propiedades al momento de emitir sus comentarios en octubre de 2014.

El informe de la Comisión se produce en momentos en que está ante la consideración del gobierno un plan de regionalización de servicios, que depende de que los municipios cuenten con una base sólida de recaudos para poder asumir responsabilidades que tradicionalmente le han correspondido al gobierno central. Los representantes José Rodríguez Quiles y Rafael (Tatito) Hernández Montañez, presidentes de ambas comisiones exigieron con su firma que se actualicen los registros del CRIM y que esta entidad emplee los instrumentos legales para obligar al pago a los evasores contributivos.

La Ley 71 de 2010 otorgó una línea de crédito de hasta $20 millones, pero según los números oficiales el balance adeudado sólo reflejaba $995 mil de principal y $149 mil de intereses. La Federación de Alcaldes solicitó que lo que quede de balance se utilice para completar las miles de tasaciones que quedaron inconclusas.

Al entrar la administración de García Padilla, en marzo de 2013, se desmanteló el Comité Interagencial encargado del registro y se acordó transferir la base de datos de las propiedades al CRIM para que procediera con la tasación de las mismas.

EL VOCERO contactó a OGP y al CRIM, pero al cierre de esta edición no se había obtenido respuesta.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.