U n artículo de CNN Money, presentó la imagen de propiedades a la venta o abandonadas que se han convertido en la imagen del impacto de la crisis que afecta a Puerto Rico y obligado a miles de puertorriqueños a irse en busca de un mejor futuro. Enfatizó que Puerto Rico ha perdido más del 10% de la población en la última década y que la migración hacia Texas y Florida se ha acelerado desde que el gobierno declaró el impago de la deuda en 2015.

De acuerdo a CNN, la situación les recuerda la quiebra de Detroit. Señalan que las ejecuciones de propiedades sobrepasaron el más alto promedio nacional. De acuerdo al artículo, son muy pocos los que quieren comprar viviendas mientras la Isla continúe en una crisis fiscal y un desempleo tan alto.

El gobernador Alejandro García Padilla tiene la obligación de colaborar con el gobierno federal para encontrar soluciones para la resolver la crisis fiscal y promover un desarrollo económico sostenible, pero ha reaccionado irresponsablemente a la solicitud del senador Orrin Hatch que desde hace un mes solicitó que le sometiera un informe detallado sobre la deuda y las finanzas de Puerto Rico antes del 1 de marzo.

En vez de cumplir y someter los estados financieros auditados, García Padilla nuevamente asumió una posición hostil y declaró que “el no responde a ultimátum de nadie”. Hatch insiste que se necesita “información detallada para poder desarrollar una solución que sea fiscalmente responsable”.

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Increíble, pues, hasta cierto punto, el senador Hatch solicitó la misma información que todo puertorriqueño tiene derecho a preguntar y recibir una contestación de parte del gobernador.

Ahora, García Padilla alega que colaborará con el Departamento de Tesoro para la redacción de un proyecto para una Junta de Control Fiscal. Mientras tanto, contempla una moratoria a los pagos del servicio de la deuda y una sindicatura a varias agencias públicas incluyendo el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), por no tener liquidez para los pagos de mayo y julio.

Parece que la Administración del Partido Popular Democrático (PPD) trabaja en un vacío y no le presta atención a los planteamientos del Congreso. El presidente del Subcomité de Investigaciones Financieras de la Cámara, Sean Duffy, alertó que reestructurar la deuda del territorio podría tener un impacto negativo sobre la economía de los estados donde hay tenedores de bonos de Puerto Rico.

Aparte de su inacción, el gobernador presentó un mensaje que ha sido criticado como decepcionante por el comisionado Pedro Pierluisi. García Padilla dedicó a adjudicar culpas en vez de asumir responsabilidad por la política que ha asumido durante los pasados tres años, incluyendo ignorar el problema del status, uno de los puntales de la crisis fiscal que provoca la emigración en masa.

Para complicar más nuestros problemas, el informe Krueger, contratado por la administración colonial, sugiere que se exima a Puerto Rico del salario mínimo federal y se perjudiquen los trabajadores puertorriqueños que merecen igual paga por igual trabajo.

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Según un amigo empresario: “Si bien es cierto que bajo el status territorial nuestra economía nunca será viable—por lo que es imperativo convertirnos en estado—también me he convencido que es igual de importante reformular la operación de nuestro gobierno. Tenemos que alejarnos de la política económica Keynesiana con la que acumulamos la descomunal deuda que hoy nos agobia a todos. Nuestros líderes hicieron mal uso de esa (desacreditada) política económica bajo el pretexto de que el gobierno tiene que mantener la economía en tiempos difíciles”, y el resultado ha sido un fracaso rotundo”.

Concluyo endosando las palabras del comisionado: “Como estadista, aspiro a que los ciudadanos americanos en Puerto Rico tengan los mismos derechos y las mismas responsabilidades que los ciudadanos americanos en los estados. El status territorial actual priva a Puerto Rico del poder, la dignidad y las herramientas básicas para enfrentar nuestros retos”.