La contralora Yesmín Valdivieso explicó que aunque en efecto la Oficina del Contralor de Puerto Rico realiza auditorías luego que se identifican posibles casos de malversación de fondos en agencias del gobierno y otros organismos del Estado, no siempre se realizan siete años después de ocurridos, como aseguró el precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló, durante un foro radial.

Según indicó Rosselló durante el «Foro Azul» transmitido por WKAQ 580, la Oficina del Contralor solo investiga casos siete años después de ocurridos. Sin embargo, Valdivieso adjudicó su postura a un desconocimiento de los procesos gubernamentales del país al que aspira gobernar.

“Son dos cosas diferentes. Cada departamento grande en el gobierno de los Estados Unidos tiene una oficina de Inspector General. Yo me opuse muchísimo a que cerraran la Oficina del Inspector General aquí en Puerto Rico en el 2013 -que lo que llevaba de aprobada la legislación corregida eran dos o tres años y no llevaba ni un año operando- porque Puerto Rico no tenía todos los recursos para tener auditores internos en todas las agencias. En menos de dos años me la cierran porque había visiones diferentes. Fíjate qué interesante que una de las razones que dieron para cerrarla fue que ellos alegaban que hacíamos lo mismo y eso no es cierto”, explicó la Contralora.

“Cuando se crea la Oficina del Contralor, y eso es lo que los candidatos y aspirantes se tienen que recordar, se hace a través de la Constitución del Estado Libre Asociado (ELA). La posición del contralor es constitucional. Si alguien quiere cerrar esta oficina y abrir otra va a tener que conseguir que el pueblo enmiende la Constitución y eso va a ser cuesta arriba”, añadió.

Según explicó Valdivieso, el gobierno federal cuenta con 16 oficinas de Inspector General además de un contralor sin que se incurra en duplicidad de esfuerzos. Es el auditor interno el que realiza el “preaudit” y la Oficina del Contralor la que se encarga del “postaudit”.

“Hay una percepción errónea de que nuestros informes son siempre diez años más tarde. Si ustedes van a muchos de nuestros informes, sobre todo los de departamentos y agencias, nosotros estamos sacando y publicando auditorías que se cerraron en abril y junio de 2015, aquí no están pasando siete años”, detalló.

“Lo que él (Rosselló) se olvida, o puede que se esté confundiendo, es que en un proyecto muchas veces pueden pasar cinco o seis años desde que se hace la visión hasta que se construye y la oficina llega cuando termina esa construcción, que fue lo que paso con el tren urbano y cuando el Coliseo de Puerto Rico, que fuimos y se auditó luego de terminado el proyecto”, dijo.

No obstante, Valdivieso admitió que la falta de recursos y herramientas que el Estado le provee a la Oficna del Contralor limita el alcance de su labor en la fiscalización del Gobierno.
“Donde tenemos el problema es que (el Departamento de) Justicia solo ve casos criminales y no la parte civil. Para la década de 1970, Justicia tenía una división dedicada única y exclusivamente para los casos del Contralor y eso es lo que necesitamos. Una oficina de fiscales dedicados que no solo vean los casos criminales sino también los civiles”, propuso.

“No todo tiene que ser una sanción penal de tú ir a la cárcel. Ahora mismo con el problema económico que tiene Puerto Rico, la restitución del dinero malversado se necesita más y estas cosas, en la medida que no se lleven al foro público, dan la impresión de que tienen impunidad y nadie hace nada al respecto y eso puede motivar a que surja más corrupción. En un plan de trabajo para cuatro años tú no puedes decir que vas a cerrar la Oficina del Contralor porque ellos llegan siete años más tarde”, señaló categóricamente Valdivieso.

La Oficina del Contralor de Puerto Rico tiene la responsabilidad de examinar todos los ingresos, cuentas y desembolsos del Estado, sus agencias, organismos y de todos los municipios, con el propósito de determinar si se han realizado de acuerdo con lo establecido por ley. La figura del Contralor fue conferida mediante la Constitución del ELA en su Artículo III, Sección 22, y en la Ley número 9 del 24 de julio de 1952. El cargo de Contralor se ocupa por un término de diez años.
*Nota del editor: modificada para corregir que Rosselló no propuso eliminar la Oficina del Contralor sino que estableció como deficiencia que examina los asuntos mucho después de sucedidos.