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Moratoria con visos de inconstitucionalidad
Más allá de la moratoria para extender los pagos de la deuda pública, los decretos que confieren altos poderes al Gobernador para incursionar en el derecho a la propiedad y confiscación de los depósitos, ha levantado una gran preocupación, al trastocar los límites de la constitucionalidad.
Varios expertos constitucionalistas, así como abogados y economistas aunque presentan posiciones diversas, coinciden en que la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera firmada ayer por el gobernador Alejandro García Padilla, será retada en los tribunales. Principalmente, por estar fundamentada en procesos de inconstitucionalidad.
Igualmente entienden que la ley limita la inversión extranjera y “encierra” cada vez más a la Isla, justamente en momentos donde impera la globalización y el ojo del dinero internacional parece estar enfocado en Cuba.
Arturo García, director general de la firma de abogados McConnell Valdés LLC, opinó que en su carácter personal entiende que la nueva legislación podría representar serias implicaciones para muchos de sus clientes, pero también para las personas “de a pie”. Lo fundamenta en los derechos, autoridad y poderes “casi plenipotenciarios” que le concede a la figura del Gobernador, casi como gobernar por decreto.
“Esté la ley o no, lo importante es que nos unamos y comencemos a remar en una misma dirección. Esta ley hace mucho daño a los esfuerzos que se están haciendo afuera, a la vez que tiene un serio impacto en los negocios y las entidades gubernamentales. Nos ubica en una posición desventajada ante los demás países”, manifestó García.
Otros entrevistados tuvieron lecturas más fuertes y contundentes, al entender que en momentos cuando países como Cuba buscan una mayor apertura, Puerto Rico se inserta en estrategias que lo acercan peligrosamente a políticas en apariencias dictatoriales, donde se invaden derechos y poderes.
Para el economista Elías Gutiérrez, la ley de moratoria implica eliminar la Constitución, que en esencia es la que viene obligada a gobernar al gobierno y no viceversa. Sostuvo, que en un país donde esto no impere, se trastoca la sociedad de una de prosperidad a una deplorable. “Esta ley la da poderes al Gobernador para suspender la Constitución, poniendo en peligro la economía, credibilidad y palabra de Puerto Rico. Esta ley menoscaba los contratos. Ahora el 
sacar el dinero del Banco Gubernamental de Fomento es un acto criminal y ni siquiera concede el derecho a defenderse. Es como el corralito de Argentina, es la interface hacia Venezuela. El gobierno restituye la esclavitud obligando a ofrecer servicios aunque no se les pague. No podemos tolerar esto”, sostuvo enérgico Gutiérrez.
Insesibilidad? Politiquería? Invertebrados? PPD X 1/2 Siglo
El economista afirmó estar convencido que la medida no va a prevalecer pero costará mucho en términos de tiempo y capital. “La Constitución hay que protegerla. Es la única herramienta que se posee para evitar que el Gobernador se convierta en un tirano. ¿Cómo se va a permitir que el gobierno se quede con la empresa de un suplidor si este rehúsa a seguir ofreciendo el servicio por falta de pago y no puede ni siquiera defenderse en los tribunales? Esto es absurdo, un menoscabo de los contratos y una apropiación sin justa compensación”.
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En este sentido coincide el licenciado y analista, John Mudd quien identificó los artículos 201 B-4 y el 204 de la ley, como algunos de los que le permiten al Gobernador hacer cualquier cosa, desde expropiación de propiedades, empresas y confiscación de dinero en virtud del decreto de poder hacer lo que quieran para garantizar los servicios esenciales, los cuales no han sido identificados. “Se trata de una ley inconstitucional, una afrenta a la democracia puertorriqueña. Hay que ir en un pleito unidos ante el Tribunal para que se descarte. Se trata de gobernar por decreto, así comenzaron las dictaduras”, puntualizó.
No obstante, el abogado constitucionalista Eudaldo Báez Galib explicó que se trata de un estado de derecho diferente y nuevo, por lo que da tanto trabajo entender su magnitud. Aclaró, que el estado tiene la potestad de declarar una emergencia real y explicada, como estado de derecho limitado para proteger la salud y seguridad del pueblo. “Si se coloca en una balanza la protección del ser humano o el pago de la deuda, la balanza se inclina en favor de la primera. La discusión se ha creado por tratarse de un estado de derecho diferente al que el país está acostumbrado. No descarto que será impugnado en los tribunales. Pero ya, bajo la administración de Fortuño hubo un precedente, donde el Tribunal Supremo validó la Ley de Emergencia”, explicó.
Insesibilidad? Politiquería? Invertebrados? PPD X 1/2 Siglo
Baez Galib sostuvo que hablar de dictaduras o comparar la Isla con países como Cuba o Venezuela, son “expresiones histéricas”, ya que contario a esos países, en Puerto Rico por encima de esa ley y del Gobernador están los tribunales, que finalmente dictan la última palabra. “Esta tercera rama hace que se cumplan los principios constitucionales, pensar lo contario es irrazonable”, indicó.
En tanto, el licenciado constitucionalista José Julián Alvarez, quien coincide en que la ley es inconstitucional, entiende que la misma lo que persigue es provocar una negociación, ya que aunque en Puerto Rico la medida será descartada en los Tribunales, en el Congreso pudiese tener salida. “Los litigios se toman mucho tiempo y cualquier cosa puede suceder. En virtud de ello, la medida lo que persigue es crear presión y lograr la negociación. Lo ideal sería sentarse a negociar todas las partes de buena fe”.
Ileanexis Vera Rosado, EL VOCERO
Graduada de Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez y egresada de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, con más de 20 años de experiencia como periodista en prensa escrita, radial y televisiva.
{Tira Piedras Charlie Hernández dice eliminar el Régimen de la Ley es Constitucional: Ese Demagogo quiere Ser Juez?
http://elvocero.com/niega-que-ley-de-moratoria-sea-inconstitucional/}
Niega que Ley de Moratoria sea inconstitucional
El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Charlie’ Hernández, le salió al paso esta mañana a los opositores de la Ley de Moratoria al tiempo que negó que esta sea inconstitucional.
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“La realidad es que si el planteamiento que están haciendo es que esto va a pasar como la ‘quiebra criolla’, hay que recordarles que ese asunto está en manos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y que hay distintas vertientes de cómo el tribunal puede resolver esa controversia”, expresó el legislador en entrevista con Noti Uno 630.
Según el representante, “en la política es bastante usual que alguien trate de manchar una idea diciendo ‘bueno, eso es inconstitucional’, pero el tribunal se encargará de adjudicar esa controversia”.
Mientras, defendió la medida ya que próximamente el gobierno necesita cumplir con unos pagos que forman parte de la deuda pública que asciende a los $70 mil millones.
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“El pueblo puertorriqueño tiene que hacer unos pagos de deuda por una deuda en la que se incurrió, que no la incurrí yo, ni la incurriste tú…pero nos corresponde a nosotros hacerlo”, mencionó.
Asimismo, sostuvo que “la gente no ha entendido que la ley orgánica que crea el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) data del año 1942. En el año 1942, no se podía ni imaginar todas las complejidades del mundo moderno que estamos viviendo hoy”.
Hernández insistió en que la mencionada ley orgánica no cuenta con las herramientas suficientes para atender el cuadro de crisis fiscal que enfrenta hoy la Isla, pero el recién aprobado proyecto le da al BGF una alternativa de moratoria o de suspensión del pago principal, con la que no contaba. Además, estableció que la misma presenta otras opciones antes de recurrir a una sindicatura.
“Es una herramienta útil, necesaria, que nos podría dar un respiro en lo que concluyen las negociaciones que se están dando, que están en curso, entre los acreedores de Puerto Rico y el pueblo de Puerto Rico”, enfatizó.
Al igual que en el Senado, la medida, que crearía la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera, fue aprobada en horas de esta madrugada en la Cámara de Representantes, con 26 votos a favor y 21 en contra, por lo que ahora está a la espera de la firma del gobernador Alejandro García Padilla.
Jennissa Marrero Morales, EL VO
CERO
Periodista digital de El Vocero desde julio de 2012. Graduada del Departamento de Comunicaciones de la Universidad del Sagrado Corazón.
Elemento de presión la moratoria
La propuesta Ley busca obligar algún tipo de negociación entre el Gobierno, los acreedores yel Congreso de EE.UU.
La radicación del proyecto de ley que permitiría declarar una moratoria en el pago de la deuda pública “es un elemento de presión” que busca, entre otras cosas, que el Gobierno y sus acreedores se sienten cuanto antes a negociar nuevos términos y condiciones para el cumplimiento con las obligaciones.
Asimismo, el proyecto surge a raíz de la inacción de la mayoría republicana en el Congreso, que “lleva mucho tiempo dándole vueltas” a las alternativas que le proveerían al País una herramienta para reestructurar su deuda de forma ordenada.
“Este es un proyecto sumamente necesario, debido a la situación histórica que estamos viviendo de grandes privaciones, que no nos permiten ni prestar los servicios básicos”, resumió ayer el secretario de Justicia, César Miranda, tras argumentar que no se trata de una propuesta novel, pues jurisdicciones como Nueva York también han implementado moratorias en el pago de la deuda.
“Podríamos interpretar que es un elemento de presión para todos, incluido el Gobierno. El Gobierno se está imponiendo un elemento de presión, porque asume un riesgo jurídico y compromete su responsabilidad con su ciudadanía, pero no rehúye su responsabilidad con los acreedores”, agregó Miranda.
Según establece el proyecto, el gobernador Alejandro García Padilla podría declarar la moratoria hasta el 31 de enero de 2017, con la posibilidad de conceder una prórroga de dos meses adicionales. Durante ese tiempo, los acreedores solo recibirían pagos correspondientes a intereses.
Por lo tanto, “crear una moratoria no implica que no se vaya a pagar, sino establecer una forma ordenada de pago”, sostuvo Miranda.
Dijo ser consciente, no obstante, de que el proyecto “podría ser cuestionable” y enfrenta un camino lleno de retos, pues abogados, economistas y sociólogos, entre otras voces, ya advirtieron sobre un choque constitucional entre el derecho a pagar la deuda y el derecho a asegurar los servicios básicos al pueblo.
Miranda anticipó que la constitucionalidad de la propuesta Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico sería impugnada en los tribunales, tanto estatales como federales.
Los demandantes argumentarían, por ejemplo, que el proyecto menoscaba obligaciones y contratos garantizados constitucionalmente; que se trata de una acción equivalente al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras Federal (que no aplica a Puerto Rico); que constituye un taking o apropiación ilegal; o podrían radicar un recurso de mandamus para evitar que sus disposiciones entren en vigor.
“Si alguien levanta alguno de estos planteamientos, el Estado levantará las defensas. Pero esta es una decisión que se toma bajo el poder de razón (police power) del Estado, que viene obligado a tomar acciones constitucionalmente válidas para favorecer a la ciudadanía. Creo que vamos a llegar a acuerdos; entiendo que es una ley razonable”, subrayó.
Decidirá el tribunal
En opinión del abogado Carlos Ramos, experto en derecho constitucional, el Gobierno “ha hecho bien” en proponer la moratoria en vez de un impago total de sus obligaciones.
“Es una forma de ganar tiempo, pero serán los tribunales los que finalmente decidirán. Una vez el proyecto esté en los tribunales, el problema que quizás va a tener el Gobierno es que por sus propias decisiones, muchas veces secretas e inconsistentes, se le hará cuesta arriba establecer que ha agotado todas las alternativas”, dijo.
En ese caso, abundó Ramos, les correspondería a los acreedores demostrar que, en efecto, el Gobierno no agotó todas las alternativas previas a la moratoria.
“Es una estrategia de presión. El Gobierno no tiene nada y está tratando de obtener algo, pero a su vez está tratando de cumplir con sus obligaciones constitucionales. A mi juicio, la obligación con el pueblo tiene que ir por encima del derecho a la propiedad”, expuso, tras destacar que, al final, de lo que se trata el proyecto es de establecer un balance.
Siguiendo la misma línea, Alejandro Torres, presidente de la Comisión para el Estudio y Desarrollo Constitucional de Puerto Rico del Colegio de Abogados, sostuvo que antes de darle paso a la moratoria, el Gobierno debe auditar su deuda.
“Hay que hacer esa auditoría para saber cuánto de la deuda se dio dentro del marco que provee la Constitución y cuánto se hizo rebasando ese límite, en cuyo caso no es asegurada. El primer análisis que hay que hacer es ese, para saber qué hay que pagar”, dijo el abogado.
Torres coincidió en que el proyecto “enfrenta varias disposiciones constitucionales”, pero recordó que el Tribunal Supremo, en sendas resoluciones sobre la Ley 7-2009 y la Ley 66-2014, concluyó que se puede ceder la cláusula de menoscabo de obligaciones frente a la de prestación de servicios esenciales al pueblo.
Por su parte, Emilio Pantojas, sociólogo e investigador del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, sostuvo que la radicación del proyecto “es una movida” del Gobierno para obligar a algún tipo de negociación.
Destacó, incluso, que horas después de la radicación, los acreedores informaron que habrían logrado articular una oferta que le presentarían al Gobierno y que, según trascendió, haría contrapeso a los problemas de liquidez y evitaría un impago de la deuda pública.
“Esta es una movida del Gobierno que también responde a la posibilidad de que no se apruebe nada en el Congreso, que está de receso y donde quedó sobre la mesa la propuesta republicana que, entre otras cosas, crearía la Junta de Control Fiscal. Si el Gobierno declara la moratoria, los bonistas irán a la corte a pedir su inconstitucionalidad, pero también habrá una discusión en el Congreso de qué se va a hacer”, previó.
Pantojas apuntó que el País está viviendo lo que en ciencias políticas se conoce como brinkmanship, que no es otra cosa que la capacidad de negociar al borde del precipicio.
“En ese borde están el Gobierno, los acreedores y los republicanos en el Congreso, viendo quién cede primero y quién da qué”, planteó.
“Irrazonable”
En tanto, el economista y planificador Elías Gutiérrez repudió el proyecto de ley y lo tildó de “irrazonable”, pues “es una violación de todos los principios protegidos por la Constitución”.
Dijo, además, que tienen “implicaciones malísimas” para la economía, ya que menoscaba los contratos e impone prohibiciones de ir a los tribunales a hacer reclamaciones.
“Para proteger los servicios y el bienestar de los ciudadanos, lo primero que tiene que hacer el Gobierno es usar bien los escasos recursos que le quedan. Pero el Gobierno ha cambiado sus prioridades”, acotó.
Gutiérrez cuestionó por qué el Gobierno no propuso la moratoria antes “si es tan buena”, a lo que Miranda respondió que “como es el tipo de medida que se puede entender como invasiva, la tomas solo ante circunstancias apremiantes”.
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