WASHINGTON – La jefatura republicana de la Cámara de Representantes va a seguir adelante con sus planes de imponer una junta federal de control fiscal sobre Puerto Rico, a pesar de la lluvia de críticas que generan entre liberales y conservadores de Washington y San Juan los poderes que se le otorgarían.

“El proceso legislativo funciona como debe ser. La Cámara de Representantes está comprometida con encontrar un camino responsable que aborde los problemas fiscales estructurales de Puerto Rico, a la misma vez que evita que los contribuyentes estadounidenses tengan que pagar la cuenta”, indicó ayer el speaker Paul Ryan (Wicsonsin).

Aunque ha tenido que sacar tiempo del receso legislativo cameral para responder en su estado, Utah, a la campaña del grupo conservador Centro para la Libertad Individual (CFIF) -que le cuestiona que apoye una reestructuración ilimitada de la deuda pública de la Isla-, el presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Rob Bishop, convocó ayer oficialmente a una audiencia para el miércoles 13 de abril, cuando se examinará la legislación que intentarán aprobar en comisión al día siguiente.

La audiencia fue convocada ayer para discutir el “borrador de legislación”, aunque previamente el Comité de Recursos Naturales ha indicado que el lunes o martes de la semana próxima la medida  debe estar presentada como proyecto de ley.

USA Nunca Le Ha Fallado a Puerto Rico – Este es el momento de demostrar tu disposición al sacrificio por la Igualdad

En el  Comité de Recursos Naturales hay nuevos esfuerzos, según fuentes, para tratar de hacer “menos humillantes” los poderes de la junta federal sobre el Gobierno de Puerto Rico y requerir un acuerdo de un alto porcentaje de acreedores antes de que esa autoridad pueda forzar un proceso de reestructuración de la deuda.

“Los esfuerzos para refinar el borrador de legislación continúan”, señaló Bishop, quien agradeció los comentarios  en torno a la medida, la cual, en una entrevista radial, advirtió que no era su legislación sino una encomienda del speaker Ryan.

“Todas las partes trabajan de buena fe mientras terminamos de preparar una legislación responsable que ayude a resolver la crisis y proteger a los contribuyentes estadounidenses”, agregó Bishop.

El borrador federal  incluye una moratoria de 18 meses en el pago de la deuda.

Ayer ni Bishop ni Ryan aludieron al poder otorgado al gobernador  por la Legislatura de Puerto Rico para decretar la moratoria a nivel local.

Persisten dudas

Tras convocarse a la audiencia, Nancy Pelosi, portavoz de la minoría en la Cámara baja, afirmó, por su parte, que “los demócratas seguimos convencidos de que debemos realizar más progreso en varios aspectos de la legislación”.

“Seguiremos presionando a nuestros colegas para que desarrollen con rapidez una legislación efectiva que podamos respaldar”, indicaron, por su lado,  los boricuas Nydia Velázquez y José Serrano.

Mientras la atención de los demócratas y en  Puerto Rico ha estado más centrada en la oposición al poder que se le otorga a una junta federal para controlar las finanzas de la Isla por encima de los funcionarios electos, conservadores, republicanos y firmas de inversiones han avivado la campaña en contra de la idea de que esa nueva autoridad pueda forzar procesos de reestructuración de la deuda

La legislación -cuyo futuro es aún más incierto en el Senado- ha generado oposición también del principal grupo independiente del caucus de la mayoría cameral, el Comité de Estudio Republicano (RSC,  en inglés).

¿Rescate financiero? Al responder en Utah a los mensajes publicitarios del CFIF, Bishop dijo que si no se suaviza ahora la crisis fiscal y de deuda pública de Puerto Rico,  será necesario “un rescate financiero”.

“Si nada pasa ahora, habrá un impago total, y entonces habrá en esa etapa del juego un rescate financiero. Tratamos de  resolver esto antes de que ocurra”, indicó Bishop, en una entrevista con la emisora KSL.

Sin rechazar el proceso de reestructuración de la deuda que recomienda el borrador, basado en el poder del Congreso sobre los territorios, Bishop indicó que las alegaciones del CFIF de que promueve  un supercapítulo 9, en referencia a un procedimiento más abarcador que el capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras, “son una locura”.

Pero, dijo que es ineludible atender  la crisis de Puerto Rico, cuyo gobierno se enfrenta a una deuda  $70,000 millones, sin incluir los $45,000 millones de sus pensiones de retiro.

“(Supercapítulo 9) es una cosa específica que dijimos que no haríamos. No habrá capítulo 9, no habrá bancarrota (bajo el código federal), no habrá rescate financiero. Tendremos una junta -subrayó el congresista Bishop-  que se asegurará de tener un presupuesto equilibrado y de que la economía se ponga sobre sus pies”.