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Luego del mover una legislación a altas horas de la madrugada en el Senado, la delegación del PPD en la Cámara de Representantes, aprobó el proyecto de ley 1591 que se convirtió en la pieza que le da al gobernador facultades extraordinarias, contrarias a la democracia y a la Constitución.

AGP es totalmente controlado por el Chavismo

El controvertible proyecto de ley pasó el cedazo de esa cámara legislativa por un pelo; ya que no fue hasta el último momento que se obtuvo el voto necesario para aprobar la medida. El proyecto cuenta con una serie de artículos que hacen cuestionar el estado de la democracia en la isla al presente.

El primero de esos puntos es que el gobernador “podrá tomar toda acción razonable y necesaria para continuar brindando los servicios públicos esenciales y proteger la salud, seguridad y el bienestar, incluyendo, sin limitación, expropiar derechos de propiedad”. En arroz y habichuela podrá quitarle la propiedad privada de cualquier contratista del gobierno que se niegue a ofrecer los servicios para los que existe un contrato aunque no reciba ni un solo centavo por los servicios prestados. Sumado a ello la medida le añade que ningún contrato con el Gobierno podrá ser terminado o modificado durante el periodo de emergencia, dando así un espacio limitado al sistema capitalista en que se basa la economía del país.

Coronando el quebrar del estado de derecho en Puerto Rico, también cancela las reclamaciones de las demandas; así que nadie podrá ir al tribunal a demandar al gobierno por que así lo decidió el gobernador.

Aunque parezca que solo los perjudicados por estas ordenes al estilo dictadura, son los que conforman el sector privado, los empleados públicos y ejecutivos también se llevan su parte. La ahora ley contiene clausulas especificas para que nadie le saque dinero al Banco del gobierno como estrategia por si se queda insolvente. Entre los gravámenes, establecidos en la ley, indica que cualquier persona que haga un cheque para retirar todo o parte sustancial de sus depósitos en el BGF será culpable de un delito grave que podrá ser sancionado con prisión de hasta un año o con una multa no menor de $25,000. Haciendo mas difícil el proceso de lograr acceso a los fondos tanto los municipios como las dependencias publicas.

Medidas similares a estas se vieron en Venezuela al inicio de las gestiones tanto de Chávez como de Maduro. Al igual fueron parte de las estrategias implementadas por Fidel Castro y su gente al tomar el control de Cuba.