“Fueron por lana y salieron trasquila’os.” Ante el juez José A. Fusté en el Tribunal de Distrito para Puerto Rico, el Gobierno de Puerto Rico (PR) se cantó “pela’o”, para justificar la imposición de una contribución a Wal-Mart PR (Wal-Mart PR, Inc. vs Zaragoza, Secretario de Hacienda, Civil #3:15-CV-03018, 28 marzo 2016). Buscaban cerrar una brecha presupuestaria de $125 millones, divisaron al “peje gordo” de Walmart PR, le tiraron la red, y éste se les escapó por un agujero gigantesco. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) argumentó que el Tribunal Federal no tenía jurisdicción sobre el pleito por ser un asunto contributivo de jurisdicción local. Mientras el ELA más se hundía en las arcas públicas insolventes, más cavaba su propia tumba. Con el análisis puntilloso que caracteriza al juez Fusté, por esa rendija asumió jurisdicción

Por vía de la excepción de la Ley Butler (48 USC, Sec 872), si el estado no provee un trámite “sencillo, rápido y eficiente”, el Tribunal Federal puede intervenir (Wal-Mart vs Zaragoza, p. 69). La rapidez de 12 días (Ibid, p. 4) en que se aprobó la Ley 72 (mayo 2015) aumentando el impuesto alterno mínimo corporativo (AMT, por sus siglas en inglés) de 2% a 6.5%, contrasta con los posibles 24 años que pudiese tardar el reembolso de cerca de $70 millones confiscados ilegalmente a Wal-Mart (Ibid, p. 64). El escudo legal engañoso que se legisló para supuestamente frenar la posible evasión contributiva mediante un potencial esquema fraudulento de “transferencia de precios”, quedó al descubierto. El propio Secretario de Hacienda, Zaragoza, declaró que la ley era un mecanismo para allegar fondos rápidos.

El expresidente del Tribunal Federal en PR, tuvo ante si la oportunidad para “poner los puntos sobre las ‘i’ y cruzar todas las ‘t’ ” en torno a la falta de transparencia y desorden administrativo del ELA. Un abanico de temas que van a la médula de la debacle fiscal de PR son parte del inventario de asuntos que el juez Fusté miró bajo su lupa incisiva. En una movida magistral, el juez Fusté requirió la información auditada sobre la insolvencia del ELA; asunto que incluso se le ha negado al Congreso de los EE.UU. Ante la ausencia de informes auditados, este pleito puso al relieve la mendacidad del gobernador Alejandro García Padilla. El representante de la firma KPMG claramente declaró que el retraso en presentar dichos informes se debe a que las autoridades pertinentes no le entregan información requerida (Ibid, p. 103-104).

Nuevamente, puso su dedo en la llaga, abriendo la puerta a otros potenciales litigios de acreedores. Anticipando el futuro, advirtió que la insolvencia que se sostuvo del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) pudiese obligar al Secretario de Hacienda a solicitarle al Tribunal un síndico para liquidarlo (Ibid, p. 17-18) como una posible realidad que imposibilitaría reembolsar en el futuro a Wal-Mart. La ineficiencia y falta de personal especializado en el Departamento de Hacienda (Hacienda) para auditar la “transferencia de precios” entre afiliados corporativos fue evidenciado. La ineficiencia en el trámite judicial en casos de reclamaciones de reintegro fue auscultado. En el mejor de los casos, se tarda 3.1 años para llegar al Tribunal Supremo de PR, y en el peor de los casos, se podría tardar 10.5 años (Ibid, p. 60). Por su parte, la Ley de Sostenibilidad Fiscal de 2014, de haber los fondos, obliga al ELA a un plan de pago que no exceda de $3,000,000 anuales para satisfacer la imposición de una sentencia judicial (Ibid, p. 62). Tampoco constituye una prioridad en el orden establecido para el pago de deudas (Ibid p. 8). ¿Queda alguna duda sobre la falta de rapidez e ineficiencia para impugnar la ley contributiva en el tribunal local?

En los méritos del pleito, el aumento en el AMT, al legislarse no se tomó en cuenta las regulaciones federales para proteger el comercio interestatal. Ante el tribunal desfiló evidencia que Hacienda no tenía sospecha que Wal-Mart incurriese en la práctica (Ibid, p. 35) de “transferencia de precios” para evadir contribuciones. No se puede penalizar discriminatoriamente cuando se hacen compraventas interestatal entre sus propias afiliados; a diferencia de una transacción entre terceros no-afiliados. El andamiaje contributivo impugnado fue un frente para confiscar ilegalmente dinero a Wal-Mart, que violenta el comercio interestatal. Finalmente una voz con autoridad bajó su mallete contra la falta de transparencia, desorganización administrativa, y abuso de poder al que el gobierno tiene al Pueblo malacostumbrado. El hambre fiscal voraz insaciable del ELA tiene sus límites.
¡Bravo!

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.

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