El legislador Jorge Navarro sometió una resolución para que la Cámara de Representantes interpele a la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, para que aclare por qué aumentó el sueldo de sus empleados de confianza, entre otras acciones que atribuye a la funcionaria y catalogó como irregularidades de su administración.

Según Navarro, el año pasado la titular del BGF aumentó el salario al personal de confianza en un 8% y luego estableció un programa de trabajo remoto o “flexitime” que requiere la presencia de esos empleados en un 55% durante jornada bisemanal o mensual.

Esta situación, a juicio del representante por el Partido Nuevo Progresista, ha contribuido a la crisis por la que atraviesa el BGF, por entender que afecta la eficiencia de la administración y los controles de manejo adecuado del dinero. Sin embargo, no ofreció datos que sustenten la situación señalada.

“No tienes un banco 100% trabajando para los intereses del pueblo. No tienes un banco con los ejecutivos velando que los municipios paguen, que esas notas de crédito estén al día… Están al garete, no importa. No hay un registro de entradas ni llegadas”, dijo Navarro.

En conferencia de prensa efectuada en su oficina legislativa, alegó que el “flexitime” permite que uno de los asesores del BGF cobre $150,000 mientras vive en Panamá.

Navarro también cuestionó la forma en que el BGF recibe los servicios de un asesor de tesorería. El político mostró documentos en los que supuestamente se demuestra que esa persona era tesorero de un banco privado hasta que se retiró en 2014 y en ese mismo año comenzó a trabajar en esas mismas funciones en el BGF, lo que se detuvo por no contar con dispensas de la Oficina de Ética Gubernamental ni del Comisionado de Instituciones Financieras.

“Estas dispensas eran necesarias debido a que, como tesorero del BGF, maneja innumerables asuntos que tienen un impacto directo sobre su otrora patrono inmediato y compañía de la que es un destacado accionista”, señaló Navarro.

Sin embargo, según el legislador, otros documentos presentados indican que posteriormente fue contratado por una empresa para que ofreciera mediante asesoría privada las mismas funciones que no pudo hacer como empleado directo del BGF. Aunque no dijo que este tipo de contratación era ilegal, lo catalogó como un “conflicto de interés” al recordar que recientemente cuentas de esa institución se han movido al banco privado donde ese asesor antes laboraba.

Aunque no lo incluyó en la resolución de interpelación, Navarro cuestionó un donativo que aprobó el BGF al Museo de Arte de Puerto Rico, institución en la que Acosta es miembro de la Junta de Síndicos.

“A pesar de la histórica crisis fiscal y económica que atraviesa Puerto Rico y el BGF, en enero de 2016 Melba Acosta impulsó un donativo de $750,000 del BGF al Museo de Arte de Puerto Rico”, añadió.