Ante el muro de hierro que el sector más conservador del ala republicana en la Cámara de Representantes federal ha levantado contra el proyecto de ley para atender el endeudamiento de Puerto Rico, el portavoz de mayoría, Paul Ryan, continua buscando una alternativa al advertir a sus correligionarios sobre las consecuencias de un impago en el mercado de bonos y los contribuyentes estadounidenses.

El comisionado residente en Washington D.C., Pedro Pierluisi, se expresó confiado en que el proyecto de ley 4900, denominado “PROMESA”, vaya a votación la semana próxima en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, debido a la “urgencia” que amerita lograr una protección legal contra impagos y una herramienta de reestructuración para la deuda pública de Puerto Rico, que el 1 de julio se enfrenta a un vencimiento de $1,900 millones.

Para que la medida baje a votación en el hemiciclo de la Cámara, debe ser primero aprobada por 23 de los 44 miembros del Comité de Recursos Naturales. Este Comité está integrado por 26 republicanos y 18 demócratas.
EL VOCERO supo que hoy habrá una reunión entre los miembros de la mayoría republicana en la Cámara federal y entre los temas de discusión se incluiría el proyecto.

Ante la resistencia de un grupo de republicanos, Pierluisi aseguró que el liderato trabaja en conseguir el voto demócrata al mejorar la herramienta de la reestructuración y alargar el periodo de suspensión contra litigios que se acortó de 18 a diez meses.

Tan pronto el Departamento del Tesoro valide el mecanismo de reestructuración, “no debe haber problema en cuanto a recibir el apoyo sustancial de la delegación demócrata”, reaccionó confiado Pierluisi. Mientras, los grupos sindicales como la Service Employees International Union (SEIU) han fijado sus fuerzas de cabildeo en el sector demócrata en el cual tienen gran influencia de votos.

El liderato del Comité también pretende que la votación se haga a viva voz sin que quede para récord de modo que los republicanos se sientan más cómodos de votar a favor aún con la campaña agresiva que los fondos de cobertura han llevado a los medios de comunicación. En su desespero por votos, salió a la luz pública que incluso solicitaron a los opositores que se ausentaran el día de votación, denunció el congresista John Fleming.
La postura del Tesoro federal por voz del asesor, Antonio Weiss, es enmendar la disposición de reestructuración por resultar “impráctica” dado al requerimiento de votos de una súper mayoría de la junta de control fiscal. También exhortó a alargar el período de moratoria para que permita lograr un acuerdo voluntario con los acreedores sin correr el riesgo de ser demandados para el cobro.

A preguntas de la prensa, Pierluisi se expresó condescendiente con la junta propuesta al insistir que al gobierno de Puerto Rico le seguiría correspondiendo elaborar el presupuesto y plan fiscal. Insinuó que prefería obviar la parte de la legislación que revoca ese poder al gobierno de Puerto Rico si falla en satisfacer los requerimientos y recomendaciones de la junta.

“Me niego a verlo así(…) Si lo veo así, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar sin mecanismo de reestructuración. Nos vamos a quedar sin la soga y sin la cabra. Así que en vez de estar hablando de doctrinas legales, estoy hablando de realidades”, contestó ante la insistencia de la prensa.

Pierluisi indicó que hay intereses encontrados con una campaña en los medios de comunicación –sobre todo televisivos– catalogando el proyecto como un “bailout” o rescate financiero injusto para los acreedores, un discurso que adoptaron algunos congresistas republicanos al oponerse a la medida.

“La campaña está distorsionando la realidad e intimidando a miembros del Congreso antes que vaya a votación. Ese es nuestro reto: tenemos que estar seguros que tanto en las filas republicanas como demócratas están claros en cuanto a qué dispone esta medida”, confirmó Pierluisi.

Ante el tranque federal, el aspirante primarista a la gobernación por el PNP, Ricardo Rosselló, insistió en culpar a la administración actual y a su contrincante en las primarias por “llevar el mensaje equivocado” al Congreso, mientras recalcó –a tres meses de que venza el pago de $1,900 millones de deuda pública – que todavía “estamos a tiempo de lograr un proceso de negociación, sujeto a una reforma fiscal y gubernamental”.

Sobre los procesos de negociación voluntaria de su administración con los acreedores, el gobernador Alejandro García Padilla ha recalcado su dificultad por la multiplicidad de acreedores que han comprado deuda de Puerto Rico.

Esta nota aparece en la edición impresa de El Vocero.