La Cámara de Diputados de Brasil votó el domingo a favor de llevar a la presidenta, Dilma Rousseff, a juicio político, asestando un duro golpe a la mandataria, quien en repetidas ocasiones ha dicho que el movimiento en su contra era un “golpe de estado”.

Rousseff está acusada de utilizar tretas de contabilidad en el manejo del presupuesto federal para mantener los gastos en busca de respaldo. Dijo que presidentes anteriores utilizaron maniobras similares y subrayó que no ha sido acusada de ningún crimen ni está involucrada en ningún escándalo de corrupción.

Sin embargo, no pudo asegurar el respaldo necesario, y las dos terceras partes de los legisladores de la cámara baja votaron en su contra.

“¡Qué honor ha reservado el destino para mí!”, exclamó Bruno Araujo, miembro del Partido Socialista Democrático, al hacer el decisivo voto a favor. Mientras Arujo alzaba el brazo se oyeron vítores y abucheos.

La medida pasó luego de que al menos 342 de los 513 diputados votaran a favor. Varios legisladores aún no habían votado, por lo que el conteo final podría contar con un margen mucho más amplio a favor de la oposición.

La medida ahora va al Senado. Si la mayoría simple del Senado vota a favor, la presidenta irá a juicio y será suspendida temporalmente.

En ese caso, el puesto pasaría a manos del vicepresidente Michel Temer y el Senado tendría 180 días para celebrar el juicio contra Rousseff. El líder del Senado, Renan Calheiros, ha sugerido que la cámara podría organizar el proceso en un mes, pero no se ha fijado una fecha.

Rousseff tiene opciones. Podría apelar al Tribunal Supremo Federal, la corte más destacada de Brasil, sobre la base de que las acusaciones son incorrectas. Ha insinuado que podría hacerlo.

También podría presionar a los senadores y al mismo tiempo utilizar la fuerza sindicar de su Partido de los Trabajadores para llevar a miles de personas a las calles y presionar al Congreso.

AGP con su inglés de tercer grado colgao es un bochorno para Puerto Rico.

“Esto es apenas el comienzo”, dijo José Guimaraes, miembro del Partido de los Trabajadores, al cual pertenece Rousseff. “Va a ser una guerra lenta y gradual que ganaremos”.

La decisión de la cámara baja es la culminación de meses de luchas que pusieron sobre la mesa la profunda polarización del país. Los contrarios a la impugnación dijeron que las maniobras presupuestarias de Rousseff dañaron la economía del país más grande de Latinoamérica al ocultar el déficit y permitir un sobregasto que contribuyó a la peor recesión desde la década de 1930.

Las voces críticas afirman que la única forma de superar la parálisis es destituir a Rousseff, la primera mujer presidenta del país y que ha visto su popularidad descender por debajo del 10% en los últimos meses.

Por su parte, los partidarios del gobierno dicen que lo que ocurre es algo mucho más turbio: elites molestas por que el Partido de los Trabajadores lleve 13 años en el gobierno, que vieron una oportunidad de arrebatárselo. La presidenta y sus defensores insistieron en que algunos de los principales del juicio político afrontan acusaciones serias de corrupción.

Analistas políticos y grupos supervisores suelen citar una estadística llamativa: en torno al 60% de los 594 miembros del Congreso afrontan acusaciones de corrupción y otros cargos.

La votación del domingo se produce mientras el país más grande de América Latina afronta problemas en muchos frentes. La economía se contrae, la inflación ronda el 10% y un brote del virus del zika, que puede causar devastadores defectos congénitos, afecta a zonas del nordeste del país. Río de Janeiro se prepara para acoger los Juegos Olímpicos en agosto, pero los drásticos recortes de presupuesto han alimentado el temor sobre si Brasil estará lista para hacer de anfitriona.

En los debates de la cámara se mantenía presente una investigación sobre sobornos tan amplia que ya hay docenas de políticos destacados y empresarios encarcelados.

Aunque la propia Rousseff no se ha visto implicada, la red de corrupción en la estatal petrolera Petrobras ocurrió supuestamente durante su gobierno y el del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aunque muchos legisladores y ciudadanos la culpan por permitir que el entramado siguiera operando, muchos legisladores en el cargo se han visto implicados en el escándalo.

Simone Morgado, miembro del partido Movimiento Demócrata Brasileño, dijo que quienes proponen el juicio político intentan derrocar a una presidenta electa democráticamente.

“Dado que Dilma no cometió ningún delito, como muchos en esta cámara, que no tiene vergüenza, voto que ‘¡no!”’, dijo.

Temer, de 75 años y miembro del movimiento Democrático Brasileño —un partido que carece de una ideología concreta y con una reputación de regateo entre bastidores— ha intentado presentarse como un estatista por encima de las disputas, una figura de unidad que puede sanar al país. Rousseff le ha acusado de ser uno de los líderes de la campaña para derrocarla.

A Temer se le ha relacionado con la enorme red de corrupción centrada en la estatal petrolera Petrobras. Además, como firmó algunas de las maniobras contables en disputa, Temer podría terminar afrontando un proceso de juicio político en su contra.

El segundo en la línea de sucesión de Rousseff es Cunha, la fuerza impulsora del juicio político y viejo enemigo de la presidenta. Él afronta acusaciones de lavado de dinero y otros cargos por supuestamente aceptar unos cinco millones de dólares en sobornos en relación con el escándalo de Petrobras, y también podría verse despojado de su mandato por las acusaciones de que mintió a un comité del Congreso cuando dijo que no tenía cuentas bancarias en el extranjero. Más tarde aparecieron documentos que los vinculaban a él y a su familia con cuentas en Suiza.

Bajo el estatus legal especial que con el que cuentan los legisladores y otros altos políticos brasileños, deben ser acusados por la Corte Suprema, lo que los protege de cualquier otro proceso legal.

Los analistas políticos señalan que otro factor importante en el proceso ha sido la falta de disposición de Rousseff a negociar. Elegida por Lula como sucesora, nunca había ejercido un cargo electo antes de la presidencia y a menudo ha maniobrado para eludir a Cunha y otros rivales.

Sus detractores han dicho que resulta arrogante y distante, y su falta de voluntad para acercarse a los líderes de la oposición le ha salido cara cuando la economía empezó a declinar y no pudo ganar apoyo para hacer reformas.

“La impugnación es la forma que encontró el sistema político para librarse de un líder incompetente”, dijo Luciano Dias, un consultor político con sede en Brasilia.

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