El nuevo proyecto de ley que propone establecer una junta de control fiscal para Puerto Rico se radicaría “probablemente” este miércoles y entraría al proceso de debate y enmiendas, la semana entrante, dijo hoy el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi.

Según Pierluisi, el nuevo proyecto contendrá, en esencia, la misma estructura de supervisión que propone el HR4900, aunque habría cambios “sustanciales” en la medida.

El HR4900 es de la auditoría del republicano por Wisconsin, Sean Duffy, y su evolución ha quedado desde el pasado 28 de abril, bajo la dirección del presidente del comité de Recursos Naturales, Ron Bishop (R-Utah). El proyecto que crearía una nueva junta de control fiscal, ofrece también un mecanismo de reestructuración si un proceso de negociación voluntaria entre el gobierno puertorriqueño y sus acreedores no da fruto.

Pierluisi indicó que participa del proceso de negociación de enmiendas del nuevo proyecto junto a personal del Tesoro y la mayoría republicana que atiende el tema en el Congreso donde se discuten los cambios que se harían al HR4900.

“Estoy cautelosamente optimista de que podamos llevar el nuevo proyecto a un punto donde pueda obtener respaldo bipartita en el comité y luego en el pleno”, dijo Pierluisi. “No estamos ahí, pero nos movemos en esa dirección”.

Desde antes de su radicación en el Congreso estadounidense, la propuesta ley federal para la Supervisión Gerencial y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, en inglés) ha contado con múltiples detractores, tanto en las huestes republicanas y en la minoría demócrata en el capital federal. Antonio Weiss, asistente principal del secretario del Tesoro, Jacob Lew, también ha mostrado reservas con la pieza, así como los distintos grupos de acreedores de la Isla, en especial, los fondos institucionales y las aseguradoras que respaldan parte de la deuda del País.

Mientras el liderato de la diáspora puertorriqueña cataloga como un retroceso político una junta que tenga poderes amplios para decidir los temas presupuestarios y económicos de la Isla, el Tesoro ha planteado que la estructura provista tardaría entre 18 meses a dos años para implementarse.

La manzana de la discordia

No obstante, según fuentes de este diario, Promesa no ha avanzado en el Congreso porque existe fuerte oposición al interés de la administración del gobernador Alejandro García Padilla, así como del Tesoro, de viabilizar un proceso mandatorio de reestructuración de la deuda de Puerto Rico, incluyendo las obligaciones generales. Esto, en lugar de que sea un proceso voluntario entre las partes como plantea el HR4900.

La discusión de un nuevo proyecto de ley surgió hoy mientras Lew hizo una visita relámpago a la Isla para constatar la urgencia de atender la falta de liquidez que encara el territorio estadounidense.