Y lo peor está por venir, porque a Bernier lo que le interesa es a lo que se dedicó los 42 meses cuando fue Secretario de Estado: Promover la Separación de Puerto Rico de los USA. Por sus actos se conocen las personas.

WASHINGTON-  El comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, confirmó hoy que se retrasó la presentación del nuevo proyecto de ley que impondría una junta federal de control fiscal sobre el gobierno de Puerto Rico y tendría ciertos poderes para poder reestructurar la deuda pública.

«Entiendo que se ha postergado hasta mañana. De nada vale echar la medida andar sin tener amarrados los votos», dijo hoy Pierluisi, al confirmar que los desacuerdos entre republicanos y demócratas vuelven a retrasar el calendario, quizá toda una semana.

Pierluisi sostuvo que si el «nuevo proyecto de ley» del liderato republicano de la Cámara de Representantes no se presenta hasta finales de esta semana, puede afectar los planes del presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Rob Bishop (Utah), de llevar a votación la legislación el 18 de mayo.

Si eso ocurre, espera que la votación en el Comité de Recursos Naturales ocurra en la semana del 23 de mayo.

«Con este atraso la vista quizá se daría la semana del 22 de mayo. Eso causaría que no se vote en el hemiciclo hasta la primera o segunda semana de junio», afirmó el comisionado Pierluisi.

La Cámara baja reanudó ayer sus sesiones legislativas, pero tiene previsto volver a recesar el 26 de mayo hasta el 7 de junio.

Los planes del liderato republicano de la Cámara baja federal eran revivir hoy – en el tercer intento en el último año-,  legislación que impulsa colocar una nueva autoridad federal por encima del gobierno de la Isla, con cierto poder para autorizar reestructurar la deuda pública.

«Hay (todavía) un forcejeo sobre el mecanismo de reestructuración, el (apartado) sobre el salario mínimo y Vieques», indicó una fuente cercana al liderato del Comité de Recursos Naturales.

Otra fuente reconoció que hay aun fuertes desavenencias sobre las designaciones a la junta federal de control fiscal, que en el anterior proyecto 4900 estaba conformada por siete personas designadas por el presidente de EE.UU., cuatro de ellas recomendadas por los líderes republicanos.

Uno de los cambios que ayer cobraba forma iba  dirigido a afirmar que el uso de las 3,100 acres de antiguos terrenos militares en Vieques que se proponen transferir al gobierno de Puerto Rico -ahora en manos del Departamento del Interior de Estados Unidos-, se limite a actividades de conservación y recreación pública.

Pero, la atención principal está en el porcentaje que se debe requerir para lograr acuerdos de reestructuración voluntarios entre el gobierno y los acreedores, y el poder de la junta para forzarlos por la vía judicial.

«Lo más importante de la legislación es la capacidad para reestructurar y la composición de la junta en términos de que no comprometa que el gobernador y la Legislatura puertorriqueña desempeñen sus responsabilidades constitucionales», advirtió el portavoz adjunto de la minoría demócrata cameral, Steny Hoyer (Maryland).

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Las otras dos ocasiones en que los republicanos de la Cámara baja han tratado de echar hacia delante un proyecto que autorice reestructuración de deuda pública de Puerto Rico han fracasado. La primera vez fue en el Comité de lo Jurídico, que en julio de 2015 engavetó la legislación del comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, que impulsaba incluir las empresas públicas en el capítulo 9 de la ley federal de quiebras. La segunda ocasión fue hace solo un mes con el proyecto 4900.

Cuando examine la medida, el secretario del Tesoro, Jacob Lew, indicó que buscará conocer si la junta tiene «el poder de equilibrar todos los intereses» financieros de la Isla.

Más allá de promover el lunes frente a medios estadounidenses en San Juan su argumento de que si no se reestructura la deuda y se ordenan sus finanzas Puerto Rico puede estar al borde de una «crisis humanitaria» debido a la falta de liquidez del gobierno, Lew también fue a reiterar que para obtener el reajuste en las obligaciones financieras el gobierno de la Isla tendrá que aceptar una junta que controlará sus decisiones fiscales.

En su reunión con los líderes legislativos de la Isla, Lew dijo que el poder de la junta sobre la Isla no cambia con el nuevo proyecto y que «Puerto Rico tiene que esperar una junta fuertísima», reconoció ayer el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, quien considera que eso sería inaceptable.

Para suavizar la oposición dentro del caucus republicano, el congresista boricua Raúl Labrador (Idaho) ha insistido en que se requiere nuevo lenguaje que reconozca la protección especial que brinda la Constitución puertorriqueña a las obligaciones generales y no colocar por encima de otra deuda los pagos a los sistemas de retiro del gobierno de Puerto Rico, como se hizo en Detroit (Michigan).

Pero, para los demócratas por lo menos dejar en manos de la junta la capacidad para, en palabras de Lew, velar porque los intereses de los jubilados del gobierno «estén balanceados», es un asunto fundamental.

«El problema de las pensiones en Puerto Rico es mucho más profundo que el problema de la deuda. Una pensión no se puede reestructurar. No puedes alargar la pensión de una persona que tiene ahora 70 o 75 años», dijo el senador Bhatia.

En San Juan, el portavoz de la minoría  en el Comité de Recursos Naturales, Raúl Grijalva (Arizona), afirmó que dará la batalla en contra de los poderes de la junta, y en defensa de que no se recorten más los cheques de los jubilados del gobierno.

Pero, los republicanos estaban ayer decididos a mantener en el proyecto otros apartados que han sido duramente criticados por los demócratas, como la posibilidad de que el gobierno de Puerto Rico pueda reducir de $7.25 a $4.25 por hora el salario mínimo de los trabajadores de 25 años o menos.

Los republicanos tienen una amplia mayoría en la Cámara baja (246-188, con una vacante), pero han estado muy divididos sobre este tema.

En el Senado, donde también ha habido fuerte oposición a otorgarle al gobierno de Puerto Rico poderes para reestructurar su deuda pública, han decidido esperar por la decisión que tome la Cámara baja.

«Quisiera resolverlo mañana, estoy dispuesto», dijo el senador Orrin Hatch (Utah(), presidente del Comité de Finanzas, y quien ha sido la principal voz de su caucus republicano en torno a la crisis fiscal de la Isla.

En declaraciones publicadas por The Hill, su contraparte en el Comité de Finanzas, el demócrata Ron Wyden (Oregón), afirmó que «obviamente este es un asunto urgente».

El presidente del Comité de lo Jurídico, Charles Grassley (Iowa), dijo recientemente a El Nuevo Día que los líderes de los comités con jurisdicción consideran ponerse de acuerdo sobre posibles enmiendas y llevar la medida directamente al hemiciclo del Senado, si la Cámara baja aprueba alguna legislación.

Aunque se opuso a otorgarle al gobierno de Puerto Rico acceso al capítulo 9 de la ley federal de quiebras, Grassley dijo que un poder de reestructuración puede ser viable si se deja en manos de una junta que primero audite y haga reformas fiscales.?