Si alguien tenía dudas de si el Congreso debía intervenir con Puerto Rico mediante la creación de una junta de control o de supervisión fiscal, estas se deben haber disipado ante los acontecimientos revelados por la prensa insular durante las pasadas semanas respecto a la irresponsable jauja de nepotismo, gastos alegres y contratos onerosos e innecesarios en que la mayor parte de nuestros políticos han incurrido durante los pasados años y continúan incurriendo a pesar de la actual crisis fiscal y económica. Esto que ha sido reseñado recientemente ha sido el uso y costumbre por las pasadas cuatro décadas. Políticos irresponsables que han gastado más de lo que los recursos permitían y desgraciadamente en cosas que en nada adelantan nuestro bienestar colectivo sino sus intereses electoreros.
Esta irresponsabilidad fiscal y la ausencia de liderato efectivo por décadas, nos ha llevado a una deuda de más de $70,000 millones agravada por el hecho de que la Isla ha colapsado bajo el peso de un estatus colonial y un sistema económico caducos.
Vergonzoso como es para Puerto Rico, hay que admitir que en estos momentos necesitamos urgentemente la asistencia del gobierno federal mediante su peritaje y supervisión para implantar disciplina fiscal, aumentar la eficiencia, la transparencia gubernamental, facilitar un mecanismo que permita reestructurar la deuda para restablecer la credibilidad perdida ante los mercados financieros y lograr acceso a estos bajo términos razonables. Para esto se requiere que se establezca con urgencia la junta de control o supervisión fiscal federal propuesta en el proyecto del Congreso HR 4900 presentado el pasado martes por el congresista Sean Duffy (Wisconsin).
Con este proyecto, el Congreso ha dejado demostrado que ellos son los que mandan aquí y que no habrán de tolerar la continuación del actual desorden y caos en las finanzas de la Isla. Aquellos que se oponen a la junta más vale que reconsideren su posición y acepten la realidad de que más tarde o más temprano esta tendrá que ser un hecho o lamentablemente iremos de cabeza a la tan cacareada “crisis humanitaria”. El 85% del pueblo quiere la junta.
Es hora de que los ineptos enanos politiqueros locales dejen a un lado los discursos patrioteros de pacotilla, la humillación e indignación que dicen sentir, pero que no sintieron, ni manifestaron cuando gastaban irresponsablemente a manos sueltas en todos sus excesos los dineros del fisco. Lo que verdaderamente rechazan y les indigna es que se les acabe la jauja de repartir el presupuesto a gusto y gana para comprar votos. Lo que a los politiqueros Populares verdaderamente les trastorna es que con la junta ha quedado demostrado la falacia del supuesto logro de auto gobierno que nos vendieron como que trajo el ELA en 1952. Lo cierto es que seguimos siendo una colonia bajo los poderes plenarios del Congreso.
El presidente de la Cámara, Paul Ryan, emitió el pasado martes unas fuertes declaraciones en contra del actual Gobierno de Puerto Rico. Señaló que: “la semana pasada el gobierno de Puerto Rico incumplió sus obligaciones fiscales cuando aprobó una moratoria en el pago de cualquier deuda. El congreso tiene la responsabilidad constitucional y financiera de poner orden al caos que se desarrolla en el territorio estadounidense, un caos que puede extenderse pronto al mercado de bonos estadounidense.”
La votación para el HR4900 en el Comité de Recursos Naturales fue pospuesta el miércoles pasado para continuar las negociaciones entre los congresistas republicanos sobre mecanismos para la reestructuración de la deuda. Hay oposición a la medida por parte de algunos de los republicanos más conservadores que la catalogan como un rescate financiero “bailout” pese a que no compromete dinero alguno del gobierno estadounidense. De acuerdo al congresista Grijalva “esto es demasiado importante para hacer de prisa y cometer un error”. El speaker Paul Ryan al día siguiente señaló que va a tratar de salvar la junta.
Los enanos charlatanes que claman porque la junta se cuelgue, que se preparen si por desgracia eso ocurriera para en las próximas dos semanas enfrentar un impago, demandas multimillonarias, un cierre del gobierno local, con una parálisis de los servicios básicos de educación, salud, seguridad, etcétera. En fin, una hecatombe social como nunca se han imaginado. Sería el peor de los escenarios y entonces no habrá otra opción congresional que un“bailout” con la toma de control total de la Isla por un síndico nombrado por el Congreso. Entonces sí será el regreso de Puerto Rico al 1900.
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